Carlos David Higuera Villalba
OPRIC
Colombia atraviesa por una coyuntura novedosa en materia migratoria, pues, luego de ser un país que históricamente expulsa a migrantes hacia otros países latinoamericanos es ahora un país receptor, principalmente de origen venezolano[1]. Esto ha puesto en una fuerte encrucijada todas las instituciones del Estado, desde la oficina de Migración Colombia hasta el Ministerio del Trabajo y la Protección Social, que hoy en día enfrentan los efectos de recibir un cúmulo de personas sin que el Estado esté preparado para ello. Para hacerle frente a esto el Ministerio Relaciones Exteriores, a cargo del ministro Holmes Trujillo, radicó en el mes de julio de 2019 un proyecto de ley[2] que busca reglamentar y regular de forma integral la atención a los migrantes. No obstante, las claves para entender este proyecto de ley pasan por analizar la postura política que ha asumido el Gobierno de Iván Duque frente a la administración del presidente Maduro, tanto así, que en el presente escrito se plantea que el proyecto de ley es una cristalización de un proyecto de política exterior impulsado por el mandatario colombiano bajo el nombre “Cerco diplomático”.
Camilo Esteban Miranda Robayo
OPRIC
Las relaciones entre Pekín y Bogotá, vistas en perspectiva continental, no son las mejores. A pesar de contar con una relación diplomática de cuatro décadas y visitas de Estado de todos los presidentes colombianos desde Samper (este viajó al gigante asiático en 1996, Pastrana hizo lo propio en 1999, Uribe en 2005[1] y Santos en 2012), Colombia es el sexto país latinoamericano en cuanto a valor en la relación comercial con China[2], siendo superado en un amplio margen por Argentina, Perú, Chile, México y Brasil. Es en este contexto, sumado al fortalecimiento de la mirada a Asía en el Siglo XXI, que se desarrolla la visita de Iván Duque por tierras chinas, la cual parece responder tanto al creciente interés de Pekín en la región, como a una política exterior colombiana de acercamiento a la inversión china, facilitada paradójicamente por una guerra comercial que sugiere una inversión de los papeles de proteccionista y adalid del libre comercio, entre China y Estados Unidos.
Camilo Esteban Miranda Robayo
OPRIC
“Esa Colombia que los invito a construir, a soñar, a trabajar todos los días […] también demanda que la sostenibilidad y la protección del medio ambiente estén afincadas en la mente y en los hogares colombianos.”[1] Así hablaba Iván Duque ante la Plaza de Bolívar y el país en su primer día de mandato. Se podría pensar que disponer de información ambiental, garantizar participación política en decisiones ambientales y tener un acceso a la justicia para estos ámbitos, es fundamental en este proceso de “afincamiento” que duque propone para la cuestión ambiental en la población colombiana.
Carlos David Higuera Villalba
OPRIC
El acuerdo de Escazú[1]hace parte de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en la que se busca adelantar diferentes acciones en asocio internacional para hacerle frente a los cambios de carácter ambiental que sufre el mundo, asumiendo lo ambiental como un problema de carácter transnacional, que hoy en día Colombia no ha firmado. En el presente escrito se aborda las implicaciones internacionales de Escazú que motivan a que el Estado colombiano no suscriba esta convención internacional, escenario en el que se distingue una tensión entre lo local y lo internacional que disminuye la importancia de lo Estatal, en otras palabras, se pretende demostrar que la no suscripción al acuerdo de Escazú del Estado colombiano se presenta como el medio en que el ordenamiento Estatal se impone en las relaciones civiles, pues, desde los acuerdos internacionales que regulan derechos fundamentales se resta importancia a las decisiones estatales, en procura de un marco de regulación común a los diferentes Estados.
María Lucía Acevedo Rodríguez
OPRIC
Uno de los acuerdos más ambiciosos de la región responde a los retos de este nuevo siglo, en coherencia con la declaración de Rio de finales de siglo XX sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, nace el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como acuerdo de Escazú. Es particular el análisis que se puede desarrollar teniendo en cuenta la postura de un gobierno como el Colombiano ante este acuerdo, debido al ámbito temático tan álgido y coherente con la coyuntura, que propone -la importancia de los derechos ambientales y quienes los protegen-, al menos en lo que respecta al caso nacional.
