Joseph Plaza
OPRIC
El desgaste de ayuda humanitaria por parte del Gobierno Colombiano a la población migrante Venezolana comienza a hacerse notorio. Al 31 de Marzo de 2019, el crecimiento total de venezolanos radicados en Colombia correspondió a 1.260.594, donde 770.975 se encuentran en condición regular y 489.619 en situación irregular. Ante la situación, en las últimas semanas, el canciller colombiano, Holmes Trujillo, ha solicitado mayor cooperación económica a la comunidad internacional, en busca de solventar la presión y desborde institucional que afronta el Gobierno Colombiano frente a la magnitud del flujo de migrantes venezolanos[1].
Marialejandra Esguerra
OPRIC
Actualmente Colombia se enfrenta a un escenario desfavorable para los derechos humanos, especialmente por las dificultades en la implementación de los acuerdos de paz y el aumento significativo de amenazas y asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos. Ante este panorama, se han configurado múltiples discursos y prácticas desde diferentes sectores sociales y políticos, tanto nacionales e internacionales, desde los cuales se proyectan diversas imágenes sobre la responsabilidad del gobierno colombiano frente al tema. Así las cosas, ¿Cuáles son estos discursos y prácticas? ¿Cuál es la imagen internacional de Colombia frente a los derechos humanos?
Ginna Paola Cardozo
OPRIC
El 18 de Mayo de 2019 el periódico estadounidense The New York Times puso sobre la mesa nuevamente el debate en torno a los “falsos positivos”[1], mediante una nota de prensa que cuestiona las estrategias del ejército colombiano al pedir más letalidad en sus ataques para engrosar las cifras de cuerpos dados de baja en combate, poniendo como telón de fondo dirimir los grupos al margen de la ley y velar por la seguridad en los territorios.
Christian Chacón Herrera
OPRIC
El 5 de mayo de 2019, la Cancillería de Colombia solicitó, a través de un comunicado de prensa, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cancelara la audiencia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había programado para el día 9 de mayo de 2019 en el marco del 172° período ordinario de sesiones del organismo continental. Esto arguyendo que la JEP no podía ser considerada como “parte” en procedimientos que se trataran en dicha audiencia, no tenía la competencia de solicitar su participación, omitiendo tanto la intermediación del Ministerio de Relaciones Exteriores como el direccionamiento del presidente de la República de las relaciones internacionales[1].
Joseph Switer Plaza Pinilla
OPRIC
Hostigamientos y presiones la semana pasada fueron algunos de los adjetivos con los cuales se hizo referencia a la cancelación de las visas americanas de Diana Fajardo y Antonio Lizarazo de la Corte Constitucional y Eyder Patiño de la Corte Suprema de Justicia por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
Si bien el gobierno de Donald Trump, manifestó el “respeto de la soberanía de Colombia”, también aseguró que tiene amplia autoridad para revocar visas por información que indique que el titular del documento es inadmisible en territorio norteamericano.[1] Dicho panorama es incierto, al día de hoy no se conoce la información que llevo a la toma de dicha decisión, ya que los expedientes de visas mantienen un carácter de confidencialidad.
