Marialejandra Esguerra
OPRIC
Actualmente Colombia se enfrenta a un escenario desfavorable para los derechos humanos, especialmente por las dificultades en la implementación de los acuerdos de paz y el aumento significativo de amenazas y asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos. Ante este panorama, se han configurado múltiples discursos y prácticas desde diferentes sectores sociales y políticos, tanto nacionales e internacionales, desde los cuales se proyectan diversas imágenes sobre la responsabilidad del gobierno colombiano frente al tema. Así las cosas, ¿Cuáles son estos discursos y prácticas? ¿Cuál es la imagen internacional de Colombia frente a los derechos humanos?
Para empezar, es necesario presentar la configuración del discurso oficial del gobierno colombiano frente a los derechos humanos, teniendo en cuenta que estos se consideran el segundo pilar de la diplomacia colombiana. Inicialmente, el plan de desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” reconoce que tanto líderes sociales como defensores de derechos se enfrentan a un ambiente de estigmatización, por ello, desde la oficialidad se entiende que el PND propende por una política de derechos humanos con vocación de Estado, basada en la igualdad y en los principios constitucionales. No obstante, se debe aclarar que en el mencionado Plan los derechos humanos se concentran de manera reducida en el apartado de la legalidad, generando una ausencia parcializada de este componente.
Siguiendo los objetivos del Pacto por la legalidad, componente B. Imperio de la ley y convivencia: derechos humanos, justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos, el gobierno colombiano propone lograr articulación entre niveles de gobierno, mejorar el desarrollo de capacidades técnicas en los territorios, así como la generación acciones afirmativas de cultura en DD. HH. Desde estos elementos el gobierno nacional aspira dibujar una postura contundente que abarque los diferentes puntos en conflicto para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, buscando promover la imagen del gobierno como figura de dialogo en los territorios. Esta postura se mantiene en los discursos del presidente Iván Duque y el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, quien afirma que "El gobierno ha establecido una política de intervención integral en los territorios a través no solo del fortalecimiento de la acción de las fuerzas militares y las fuerzas de policía, sino de la provisión de bienes públicos y servicios sociales".
Sin embargo, existen fuertes diferencias entre el discurso y las prácticas del aparato gubernamental frente a los derechos humanos. Para empezar, la estrategia de acción del presidente Duque se ha concentrado en la implementación del Plan de Atención Oportuna (PAO), centralizando su gestión en la creación de rutas de acción para la atención de amenazas, olvidando la multidimensionalidad esgrimida en el PND y en su apuesta de confrontación integral. Bajo esta línea, las reducidas visitas en los territorios no han sido fructíferas, por lo que se presenta una fragmentación en la información y capacitación de alcance local, así como la ausencia de acciones afirmativas culturales para mitigar la vulneración del DDHH. Al respecto, debe mencionarse que no hay claridad ni en el discurso, ni en la práctica sobre cuales serán los mecanismos para eliminar la estigmatización cultural del ejercicio de la defensa de los derechos y del liderazgo social, con los cual desde el PND y el PAO se minimiza la promoción cultural de los derechos humanos.
Frente este panorama, varios organismos internacionales han expresado su preocupación por la ineficacia del gobierno Duque para garantizar sus responsabilidades como jefe de Estado, específicamente la ONU afirma que “la situación para las lideresas y defensoras de los derechos humanos en Colombia continúa siendo preocupante” [2], del mismo modo, el organismo llama la atención “al Gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida” [3]. Igualmente, la CIDH ante la preocupación creciente ha emitido una serie de recomendaciones para el Estado colombiano, que incluyen redoblar los esfuerzos para la implementación de los acuerdos de paz y fortalecer la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos. Lo anterior permite visibilizar la creciente desconfianza internacional sobre las acciones del gobierno Duque y su compromiso con la paz y los acuerdos, oscureciendo la imagen internacional del pais.
Por su parte, desde la sociedad civil colombiana – desde donde se puede reflejar la situación en los territorios- se generan discursos de descontento no solo frente a la incapacidad del gobierno para generaracciones efectivas para enfrentar la violencia sistemática en contra de organizaciones y liderazgos, sino también, frente “la estigmatización en las declaraciones de varios de sus funcionarios (MinDefensa, MinInterior, Oficina Comisionado para la Paz), quienes aducen que las causas de estas agresiones están ligadas a vínculos con actividades ilícitas o actores ilegales”.[4] Ejemplo claro de la creciente desconfianza institucional es que la renuncia del Fiscal General de la Nación se tomó como respuesta hacia su ineficiencia para investigar las violaciones a los derechos humanos y los montajes judiciales a líderes y lideresas.
Ante el auge de la desconfianza nacional e internacional, el gobierno colombiano ha tomado una posición defensiva que permite evidenciar las falencias de articulación entre los propios agentes del Estado, las contradicciones entre organismos de información y ejecución y la creciente presión internacional por dar soluciones efectivas y dejar de minimizar la gravedad del panorama. Por otro lado, se puede establecer que para lo que continua del 2019 el gobierno Duque debe enfrentarse a dos escenarios complejos que afectan las garantías para los derechos humanos y el ejercicio de los liderazgos sociales: 1. La conflictividad latente con Ejército de Liberación Nacional y 2. Las complejas dinámicas que contraen las elecciones regionales.
Con esto en mente, se puede establecer que la ausencia parcializada de los derechos humanos en temas de fondo en el PND muestra como el gobierno Duque prioriza discursivamente los temas de seguridad y defensa ante las transformaciones socioculturales, lo que explica las dificultades para materializar sus prácticas como agente de dialogo territorial. Del mismo modo, la posición internacional sobre los derechos humanos en Colombia continua haciendo un ejercicio de presión en aumento, dado como resultado la posición defensiva del presidente ante la imposibilidad de generar acciones efectivas que mejoren su imagen regional e internacional, componente vital para cumplir su meta de liderazgo regional que tanto ha trabajado con la bandera de la democracia. Así las cosas, el presidente Iván Duque, para consolidar los esfuerzos por los derechos humanos, debería partir del reconocimiento público de la labor de los líderes sociales como agentes vitales del territorio y con esto hacer un llamado a sus funcionarios para que eviten dar declaraciones que los pongan en mayor riesgo de estigmatización, igualmente, es necesario evitar las demoras y tropiezos para la implementación de los acuerdos, en pocas palabras es necesario un ejercicio de voluntad contundente.
[1]Consejería Derechos Humanos (27/02/2019) Intervención del Consejero Francisco Barbosa en la Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. Recuperado de:
[2] El Espectador (06- 05-2019)ONU pide al gobierno de Duque proteger vidas de líderes sociales. Diario el Espectador. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/onu-pide-al-gobierno-de-duque-proteger-vidas-de-lideres-sociales-articulo-854116
[3] Castaño, C. (04-06-2019) ONU pide al Gobierno 'dejar de incitar violencia' contra ex-Farc. El Tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/mundo/europa/onu-pide-al-gobierno-dejar-de-incitar-violencia-contra-excombatientes-370802
[4] Guevara, C. (2019) Panorama de las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en riesgo en Colombia, 2018 – 2019. Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAz. Recuperado de: https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/02/FINAL-Policy-Brief-1-2019-web2.pdf