María Lucía Acevedo Rodríguez
OPRIC
Uno de los acuerdos más ambiciosos de la región responde a los retos de este nuevo siglo, en coherencia con la declaración de Rio de finales de siglo XX sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, nace el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como acuerdo de Escazú. Es particular el análisis que se puede desarrollar teniendo en cuenta la postura de un gobierno como el Colombiano ante este acuerdo, debido al ámbito temático tan álgido y coherente con la coyuntura, que propone -la importancia de los derechos ambientales y quienes los protegen-, al menos en lo que respecta al caso nacional.
A razón de esto, vale profundizar en una de las dimensiones de lo que abarca este acuerdo y como puede entreverse la postura del gobierno Colombiano de no ratificar. La dimensión en la puntualiza este análisis tiene que ver con Justicia ambiental y protección de derechos ambientales, al respecto vale clarificar qué se entiende como: “El acceso a la justicia ambiental [que se] refiere al acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que afecten o puedan afectar el ambiente”.[1]
Son puntualmente dos los artículos que dentro del acuerdo abarcan esta dimensión, el octavo y el noveno, que se refiere a la efectividad del acceso a la justicia, donde:
Cada Parte atenderá las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda.[2]
Y puntualizan sobre la necesidad de reconocer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los líderes ambientales en la región, cifra alarmante para el caso Colombiano que a la fecha cuenta con 210 víctimas mortales en ejercicio de la protección de derechos ambientales, evidencia que consigue aseverar lo prudente de legislar sobre esta materia, y concluir con la aterradora oración de “Cada cuatro días matan un líder social en el país”[3], que resuena más como acto de amenaza antes que alerta cuando se examina el mapa de donde han ocurrido estos asesinatos, y en razón del cual se construyó incluso la categoría de asesinato con relación a protección ambiental. En relación de esto el acuerdo de Escazú propone:
Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.[4]
La acción del gobierno de Ivan Duque de no ratificar este acuerdo resulta paradigmática cuando Colombia se consagra como “El segundo país con más biodiversidad del mundo”[5] característica que responde precisamente a la potencialidad ambiental en el territorio; y además el escenario terrorífico donde las cifras de asesinatos a líderes sociales se convierten en noticia matutina de diaria actualización, escenarios nacionales que son obvia demanda de atención, acción que debería ser contundente, pública, y legítima, por parte del Estado, aunque este último poco o nada ha conseguido para frenar este fenómeno. En lo correspondiente a la no ratificación del tratado se sabe que:
Colombia retrocedió en dos temas. Uno de ellos se refería al comité de seguimiento que proponía que cualquier ciudadano pueda vigilar y comunicar a este comité sobre el cumplimiento del tratado en su país.El otro aspecto estuvo relacionado con el pedido que hizo la representación de Colombia para que se incluya un artículo que permita a los gobiernos tener reservas. Es decir, que cada gobierno tenga la posibilidad de elegir qué artículos del tratado acepta y en cuáles se mantiene al margen.[6]
La visión de cómo se expresa el Estado colombiano en el escenario internacional ha encontrado coherencia cuando se evidencia la posición de desacuerdo al no ratificar el tratado, y se le contrasta con otros pronunciamiento , como ha sido en otros escenarios internacionales donde la temática de el asesinato a líderes sociales ha sido notoria, en estas ocasiones por su malversación y en ocasiones ausencia, tal fue el caso en la última cumbre de la OEA que tuvo lugar en Medellín, Colombia, durante este año, donde “el secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que los homicidios han reducido en un 32%, según cifras del gobierno”[7] información que posteriormente la Defensoría del pueblo desacredito. Acciones como esta, e inacción como lo es la no ratificación del acuerdo de Escazú, posibilita el caracterizar el gobierno de Ivan Duque con una identidad ambivalente entre la retórica del interés nacional- donde se hace mención de la protección y seguridad territorial, ambiental y ciudadana- y el silencio práctico que supone el negar la problemáticas internas en espacios internacionales, antes que ratificar y emprender acciones regionales conjuntas para su solución.
Si el panorama en escenarios internacionales es desalentador en materia de defensa de derechos para los líderes ambientales y acceso a la justicia, en el ámbito nacional no mejora; evidencia de ello es el caso de los líderes asesinados en el conflicto con las poblaciones afectadas adyacentes al río Cauca, incluso antes de la catástrofe de Hidroituango, como sucedió el 6 de Mayo, cuando fue asesinada “Diana Gutiérrez, prima hermana de William Gutiérrez, dirigente de Ríos Vivos y presidente de la Asociación de Pescadores y Barequeros de Puerto Valdivia”[8]Caso que aún no ha sido resuelto, al igual que el de decenas de familias y poblaciones que han perdido el rostro que hacía cara en defensa de sus territorios. Estas decenas de nombres más han conseguido posicionar a Colombia como el segundo país donde más líderes ambientales son asesinados en el mundo[9].
Si el silencio, la inacción, y la negación son la receta que el gobierno de Ivan Duque ha decidido aplicar para afrontar los retos del siglo XXI en materia ambiental, que a su vez colinda con materia de derechos, las predicciones factibles para los territorios, y en ellos los ciudadanos, no son deseables. Que el tema de ambiente sea escenario de disputa solo refleja la valía que tiene para las poblaciones que han sido afectadas y se han pronunciado al respecto cuando la torpeza del gobierno no ha logrado controlar resultados desastrosos como los consecuentes por envenenamientos de ríos, talas masivas o mal manejo de residuos. En este camino la condena serán ríos teñidos de sangre, que luego la inevitabilidad del silencio cómplice nos condenara a verlos pantanosos de petróleo, de metales, de residuos, tan turbios que impedirán ver el reflejo de quien deba vivir de ellos.
[1]Cecilia Roa Garcia.Tratado de Escazú: la esperanza de avanzar hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. 10/04/2018. Rescatado a través de: https://cider.uniandes.edu.co/Paginas/Noticias.aspx?nid=151
[2] Artículo 8:Acceso a la justicia en asuntos ambientales. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. p.29. Resctado a través de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
[3] Pacifista. Estos son los 210 líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación. Resctado a través de: https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
[4]Artículo 9:Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. p.29. Resctado a través de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
[5]COLCIENCIAS.Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo. Rescatado a través de:https://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundo
[6] Yvette Sierra Praeli.Acuerdo de Escazú: 15 países firmaron histórico tratado para la defensa de los derechos ambientales. 1 octubre 2018. Rescatado a través de:https://es.mongabay.com/2018/10/acuerdo-de-escazu-derechos-ambientales/
[7]Edinson Arley Bolaños. La fría posición de la OEA frente al asesinato de líderes sociales en Colombia. 28 de Junio de 2019. Resctado a través de: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fria-posicion-de-la-oea-frente-al-asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-articulo-868319
[8]Organizaciones internacionales condenan asesinato de familiar de dirigente de Ríos Vivos de Colombia. 21 Mayo de 2019. Rescatado a través de: https://aida-americas.org/es/organizaciones-internacionales-condenan-asesinato-de-familiar-de-dirigente-de-rios-vivos-en-colombia
[9]PACIFISTA. Colombia, el segundo país donde más líderes ambientales son asesinados en el mundo. Rescatado a través de: https://pacifista.tv/notas/colombia-lideres-sociales-global-witness-ambiente-asesinatos/