Camilo Esteban Miranda Robayo
OPRIC
“Esa Colombia que los invito a construir, a soñar, a trabajar todos los días […] también demanda que la sostenibilidad y la protección del medio ambiente estén afincadas en la mente y en los hogares colombianos.”[1] Así hablaba Iván Duque ante la Plaza de Bolívar y el país en su primer día de mandato. Se podría pensar que disponer de información ambiental, garantizar participación política en decisiones ambientales y tener un acceso a la justicia para estos ámbitos, es fundamental en este proceso de “afincamiento” que duque propone para la cuestión ambiental en la población colombiana.
Carlos David Higuera Villalba
OPRIC
El acuerdo de Escazú[1]hace parte de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en la que se busca adelantar diferentes acciones en asocio internacional para hacerle frente a los cambios de carácter ambiental que sufre el mundo, asumiendo lo ambiental como un problema de carácter transnacional, que hoy en día Colombia no ha firmado. En el presente escrito se aborda las implicaciones internacionales de Escazú que motivan a que el Estado colombiano no suscriba esta convención internacional, escenario en el que se distingue una tensión entre lo local y lo internacional que disminuye la importancia de lo Estatal, en otras palabras, se pretende demostrar que la no suscripción al acuerdo de Escazú del Estado colombiano se presenta como el medio en que el ordenamiento Estatal se impone en las relaciones civiles, pues, desde los acuerdos internacionales que regulan derechos fundamentales se resta importancia a las decisiones estatales, en procura de un marco de regulación común a los diferentes Estados.
María Lucía Acevedo Rodríguez
OPRIC
Uno de los acuerdos más ambiciosos de la región responde a los retos de este nuevo siglo, en coherencia con la declaración de Rio de finales de siglo XX sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, nace el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como acuerdo de Escazú. Es particular el análisis que se puede desarrollar teniendo en cuenta la postura de un gobierno como el Colombiano ante este acuerdo, debido al ámbito temático tan álgido y coherente con la coyuntura, que propone -la importancia de los derechos ambientales y quienes los protegen-, al menos en lo que respecta al caso nacional.