Juan Manuel Ñustes
OPRIC
Recientemente, el 28 de julio del presente año, la Cancillería llamó a consultas al embajador de Colombia en Nicaragua, argumentando su defensa de los principios democráticos que fundamentan las relaciones de los Estados firmantes de la Carta de la OEA, respondiendo a la violación de los derechos civiles y políticos por parte del gobierno nicaragüense tras presentarse la detención de opositores políticos en un contexto próximo a las elecciones presidenciales[1] [2]. No obstante, parece una decisión bastante tardía, dado que en la Asamblea General de la OEA, en su cuadragésimo noveno período ordinario de sesiones (2019), resolvió aprobar la resolución AG/RES 2943 que ponía en cuestión las preocupaciones de los Estados miembros sobre la situación de Nicaragua y el deterioro de su democracia, consigo exigía la liberación de presos políticos, petición que continuó con la resolución AG/RES 2962 en 2020[3] [4].
Andrea Caterine Solórizano
OPRIC
Después de varias negociaciones frustradas entre el gobierno de Venezuela y la oposición, como la mesa desarrollada en Santo Domingo en 2016 y el proceso de Barbados en 2019, surge el anuncio de una nueva negociación en México con mediación de Noruega y Estados Unidos con el propósito de superar la crisis del país caribeño[1] a través de un acuerdo nacional.
Christian Chacón Herrera
OPRIC
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció que el próximo 20 de septiembre habrá audiencias orales en el contencioso entre Colombia y Nicaragua, que continuó tras la definición de límites en el 2012, cuando la CIJ estableció nuevas fronteras que implicaron el otorgamiento de aguas territoriales a Nicaragua, extendiendo su frontera marítima en correspondencia con algunos criterios de la Convención del Derecho del Mar CONVEMAR.En este segundo proceso, Nicaragua demandó a Colombia por dos puntos en particular: 1. Las violaciones de los derechos soberanos de Nicaragua en la zona determinada por la Corte Internacional de Justicia y 2. Por la posibilidad de que la CIJ reconozca la plataforma continental extendida, que puede otorgarle más espacio marítimo en el Caribe, en detrimento de la soberanía del Estado colombiano.
Danna Giselle García Rendón
OPRIC
Desde el 11 de julio, Cuba ha presenciado una serie de manifestaciones sin precedentes que ha terminado por revelar a nivel internacional, la crisis política, social y económica en la que se encuentra sumida la isla caribeña, como uno de los países con influencia regional. Estas manifestaciones han estado impulsadas por los altos niveles de indignación y descontento social ante la peor crisis económica que Cuba ha sufrido desde los últimos treinta años, causada por la persistencia del modelo económico y político cubano que la hizo vulnerable al embargo comercial estadounidense y a las sanciones de Trump, al recorte de la ayuda económica venezolana, y ahora a una crisis que se profundiza con la pandemia, que conllevó a que Cuba cerrara por completo el turismo en la isla, ocasionando un descenso del PIB del 11% en el 2020[1].
Nestor Camilo Carvajal Villalba
OPRIC
Haití es un país que lleva décadas en una crisis social y económica agudizada por el terremoto de 2010, la corrupción y la pobreza. Recientemente se encontraba atravesando una crisis política debido a la confusión frente al fin del periodo presidencial de Jovenel Moïse el cual argumentaba que terminaba en 2022, mientras la oposición y la corte suprema señalaba que había terminado este año. A partir de allí, entre las protestas que se adelantaban en el país por la pobreza y la desigualdad se sumaron las voces que pedían su salida del poder y aquellas que lo señalaban como un dictador.
