Juan Manuel Ñustes Ortiz
Recientemente, el 19 de octubre del año en curso, se aprobó una proposición por la plenaria en el Senado de la República que pretendía la creación de una comisión bilateral entre los parlamentos de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, bajo el amparo de los artículos 9[1] y 226[2] de la Constitución Política de Colombia. Esto con el fin de normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales con el vecino país, aunado en la verificación de las buenas prácticas comerciales[3]. Al día siguiente de dicho acto, la Asamblea Nacional de Venezuela hizo lo mismo, con el argumento de que la ruptura en las relaciones solo está afectando a los empresarios. Sin embargo, contando con los recientes pronunciamientos de Nicolás Maduro en los que aplaude la iniciativa del Senado colombiano, el presidente Iván Duque en su reunión con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, cerró la puerta a la iniciativa argumentando los valores democráticos que defiende y el artículo 189[4] de la constitución en el que se le confiere la función de dirigir las relaciones internacionales del Estado colombiano[5].
Nestor Camilo Carvajal Villalba
OPRIC
El pasado lunes 4 de octubre la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, anuncio oficialmente la reapertura de la frontera con Colombia entre el Estado de Táchira en Venezuela y el departamento de Norte de Santander en Colombia[1]. En la madrugada del lunes las autoridades venezolanas retiraron los contenedores que bloqueaban el paso en los puentes internacionales Simón Bolívar (Villa del Rosario) y Francisco de Paula Santander (Cúcuta). La reapertura de la frontera es un evento que se tenia previsto desde hace meses después de los anuncios de pasos humanitarios y de las reuniones entre la Gobernación de Norte de Santander y el protector de Táchira, Freddy Bernal. Es importante mencionar que por parte del gobierno nacional la frontera había sido abierta desde el pasado 1 de junio de 2021 de forma unilateral, es decir, sin tener comunicación ni coordinación con el régimen de Maduro, de modo que la negociación para esta nueva apertura se desarrolló principalmente por las autoridades locales sin intervención del gobierno nacional.
Andrea Caterine Solórzano Castillo
OPRIC
A propósito del escándalo de Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones[1], el exembajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos, miembro del partido político Centro Democrático y exvicepresidente de Colombia en el periodo comprendido entre 2002 y 2010, afirmó en una entrevista[2] haber sostenido repetidas conversaciones con la exministra Karen Abudinen para que la empresa Hughes Corporation pudiera obtener las licitaciones que tenían como objetivo llevar internet a zonas rurales del país.
Danna Giselle García
OPRIC
El pasado 21 de septiembre, el presidente Iván Duque intervino en la apertura del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituyéndose en su último discurso como mandatario de Colombia. La intervención de Iván Duque en este escenario prosiguió sus inclinaciones discursivas habituales en este tipo de espacios, e incluso, una vez más se dejó en evidencia la brecha entre su discurso recalcitrante y los comportamientos y hechos reales. Es por esto, que el presente texto tendrá el propósito de analizar este discurso, a partir de cinco puntos neurálgicos para la política exterior de Duque y que fueron transversales a su intervención: el multilateralismo y la pandemia; Venezuela en la estrategia discursiva; la implementación de los acuerdos de paz y la estrategia ambiental. Estos puntos permiten dar cuenta que las prácticas ejecutivas terminan siendo contrarias a las expresiones discursivas de Duque en este escenario, pero que, al mismo tiempo, estas refieren a una estrategia de legitimación que ha venido proyectando el gobierno Duque ante la comunidad internacional.
Christian Chacón Herrera
OPRIC
Han pasado las partes en conflicto en el contexto de la disputa jurídica entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por las supuestas violaciones del Estado colombiano a la soberanía nicaragüense tras lo determinado por dicha corte internacional en el año 2012. Ambos Estados han presentado ya sus argumentos respecto a la disputa y se espera un dictamen por parte de la Corte, pero es relevante apuntar algunos elementos relevantes que dejan las audiencias ya realizadas.
