Christian Chacon Herrera

OPRIC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó las recomendaciones en materia de Derechos Humanos tras su reciente visita en el marco del paro nacional, iniciado el 28 de mayo de 2021 en Colombia. Su visita tuvo como propósito recoger en campo las distintas perspectivas de sociedad civil, instituciones gubernamentales y otros actores relevantes para reconstruir los hechos y acciones que pudieran ser susceptibles de ser considerados como violaciones a los DD.HH. por parte del Estado colombiano hacia los manifestantes.

Al haber sido recomendaciones que han tenido una amplia difusión y escrutinio por la opinión pública, no se profundizarán sobre los puntos señalados por la Comisión, y simplemente se mencionarán los ámbitos sobre los que se pronunció: la regulación del derecho a la protesta, la justicia militar y el rol civil de las fuerzas policiales, acciones de detenciones irregulares presentadas como “de protección”, violencia de género, exceso de la fuerza, asistencia militar, violencia sobre minorías y periodistas[1].

Esta reflexión busca aterrizar los efectos de lo dicho por la CIDH y de la reacción del Estado colombiano sobre su política exterior, pues desdibuja y casi que sepulta el ímpetu de la estrategia internacional de Iván Duque alrededor de Venezuela en puntos como el respeto de los Derechos Humanos, el “final de la usurpación” y la promoción de la democracia en el vecino país, además de reforzar el silencio del gobierno nacional sobre la grave crisis social en Nicaragua con la fuerte represión política ejercida por el gobierno de Managua.

Colombia responde a la CIDH

La respuesta de Colombia ha sido enfática y podría incluso parecerse a la declaración de Juan Manuel Santos ante el fallo de la Haya: “se acata pero no se aplica”. Pocas cartas de las que puso sobre la mesa el gobierno de Duque salieron en la baraja del informe, pues las denuncias de bloqueos como actos vandálicos que afectan los derechos colectivos presentados la CIDH fueron morigerados por el mismo estamento, considerando que el derecho a la protesta incluso implica alteraciones de la normalidad y lo que llama la Comisión el “corte de paso” es sin duda un instrumento de esa alteración. Esto llevó a que la primera declaración de Duque fuera tajante: “Nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad”[2].

Desde allí, el gobierno nacional a través de Presidencia y Cancillería han mostrado una estrategia de disuasión que no tiene otro propósito que cerrarle la puerta a la CIDH y a su informe, al indicar que no es de obligatorio cumplimiento (cuestión formalmente cierta) y que no se hace necesario una comisión de seguimiento ante la gran cantidad de organismos de monitoreo de derechos humanos y la robusta institucionalidad colombiana.

Este punto es fundamental, pues la Comisión a través de su presidenta Antonia Urrejola señaló que no se requiere la aprobación del Estado colombiano para realizar el seguimiento a las recomendaciones. Aunque no estamos ante un choque de trenes, pues las recomendaciones no son vinculantes, esto sí golpea fuertemente la imagen del Estado colombiano, que ya se había visto desencajada cuando intentó impedir la visita de la Comisión en junio de este año y que ahora se presenta como un país que no atiende al llamado de la comunidad internacional. A pesar de que la Presidenta de la CIDH ha valorado el diálogo con el gobierno nacional y ha invitado al diálogo para la corrección y mejora de los puntos indicados en el informe[3], la actitud del gobierno colombiano ha sido abierta y soterradamente de negación.

El nombramiento de Alejandro Ordoñez como puente entre las partes (con su historial de censurador y radicalidad), la negación y minimización de las recomendaciones del informe y un lenguaje ambiguo de “dialogamos pero no compartimos” le quitan credibilidad al gobierno de Iván Duque y al Estado colombiano frente a las distintas instancias internacionales que, tan reiteradamente se dice en los círculos académicos, Colombia suele respetar en su política exterior, una tendencia de “caballeros” que parece estar cambiando como lo indica Urueña[4] ante la aparición de nuevos actores (ONG’s, sociedad civil, instancias subnacionales, personas individuales) que hacen uso del derecho internacional en el ámbito nacional.

La sepultura del pilar del liderazgo regional

Pero sí hay algo que se ve afectado por esta circunstancia es la estrategia de Colombia hacia Venezuela. Aunque la estrategia ya languidecía ante la falta de resultados, la pérdida de visibilidad de Juan Guaidó y los acercamientos tímidos de Estados Unidos a la cabeza de Joe Biden para alcanzar un acuerdo que lleve a elecciones (que no implican una salida del chavismo y del madurismo de tajo), ahora la estrategia queda sin piso, pues el liderazgo de Colombia para la defensa de los derechos humanos en Venezuela que reivindicaba el derecho a la protesta y el abuso del uso de la fuerza contra los manifestantes e incluso el llamado a la intervención de la Convención Americana y de las instituciones del Sistema Interamericano quedan en jaque ante la actitud del gobierno frente a estas mismas instancias.

Por otro lado, la gravedad del diagnóstico y de las denuncias hechas por la CIDH, independiente de si son aceptadas, trabajadas y resueltas en el transcurso del mandato de Duque, dejan una mancha indeleble en la imagen de Colombia, un “rabo de paja” que ya no podrá mudar y que será un lastre en el débilmente consolidado liderazgo colombiano en la región como defensor de la democracia y la institucionalidad. Tan grave es, que Colombia se suma a Nicaragua y a Venezuela (paradójicamente) como lugares en los cuales se han instalado mecanismos de seguimiento de la CIDH, asunto que lleva a invalidar cualquier acción colombiana en esta materia más allá de sus fronteras.

Esto, adicionalmente, refuerza la timidez muy próxima al silencio del Estado colombiano en cabeza de Duque alrededor de la cuestión de derechos humanos y violencia política en Nicaragua. De por sí, Colombia se había abstenido a hacer declaraciones de peso sobre el régimen del presidente Daniel Ortega, sin llamar a su embajador Alfredo Rangel a consultas[5] ni a desplegar una campaña al nivel de la desplegada con Venezuela. La posición colombiana parece estar atravesada al temor de una acción unilateral de Nicaragua alrededor del espacio marítimo en disputa, pues incluso Rangel, que realizó declaraciones sobre acciones unilaterales de Nicaragua como fue el caso de la reserva de biósfera en febrero de 2021, fue desautorizado por el gobierno colombiano. Más allá del rechazo, Colombia ha tenido un doble rasero y frente a Nicaragua ha preferido el perfil bajo.

Aunque hay otros pilares en la política exterior colombiana de Duque, como los asuntos migratorios en relación con los migrantes venezolanos, su gran apuesta regional quedó sepultada por los efectos internacionales del paro nacional. Ahora, al gobierno le resta cargar con el lastre internacional de luchar contra instancias internacionales para no perder su legitimidad doméstica, pero con un descrédito externo totalmente acentuado por su negacionismo. Aunque contundente, no es descabellado decir que una política exterior propositiva del gobierno Duque en este momento ya no es más que una quimera y que dejará muy mal parado al Estado colombiano de no atender a las recomendaciones internacionales, como un Estado que no respeta los Derechos Humanos ni se compromete a ello.

[1] “Separar Policía de Mindefensa” y otras 40 recomendaciones de la CIDH a Colombia. El Espectador. En línea. https://www.elespectador.com/investigacion/separar-policia-de-mindefensa-y-otras-40-recomendaciones-de-cidh-a-colombia/ recuperado el 10 de julio de 2021.

[2] ‘Nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad’: Duque sobre CIDH. El Espectador. En línea. https://www.elespectador.com/politica/nadie-puede-recomendarle-a-un-pais-tolerar-la-criminalidad-duque-sobre-cidh/ consultado el 10 de julio de 2021..

[3] Cuartas, P. “La comisión confía que las diferencias puedan ser superadas”: presidenta de CIDH. El Espectador. En línea. https://www.elespectador.com/investigacion/la-comision-confia-que-las-diferencias-puedan-ser-superadas-presidenta-de-cidh/?cx_testId=31&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s consultado el 10 de julio de 2021.

[4] Urueña, R. (2017) La crisis del “club de caballeros”: una reconsideración del respeto al derecho internacional como característica de la política exterior colombiana. Tickner, A. y Bitar. S. Nuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de Colombia. Bogotá, Uniandes. Pp. 65-91.

[5] ¿Colombia debe llamar a consultas a Embajador en Nicaragua? El Nuevo Siglo. En línea. https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-28-2021-colombia-debe-llamar-consultas-embajador-en-nicaragua Consultado el 10 de julio de 2021.