Danna García Rendón
Juan Manuel Ñustes
OPRIC
Tras el triunfo electoral de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos y la derrota de Donald Trump en las elecciones, se ha desatado una crisis política y social con profundos impactos no sólo a nivel interno sino a nivel internacional. Esta crisis, que para varios es estructural, llegó a niveles inusitados desde el momento en que Donald Trump decidió cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre mediante campañas de desinformación, que sin prueba real alguna, seguían alimentando la idea de la existencia de un fraude electoral en las pasadas elecciones. Estas campañas de desinformación difundidas por Trump mediante redes sociales y foros de internet, en medio de teorías conspirativas, han fomentado en sus seguidores de twitter la aceptación de la idea del fraude electoral, alentando así la violencia que desembocó en los hechos ocurridos el 6 de enero del presente año. Hechos que tuvieron como epicentro el asalto al Capitolio llevado a cabo por cientos de seguidores de Donald Trump luego de haberse asistido a una marcha en la que el mismo presidente Trump había alentado para protestar por el resultado de las pasadas elecciones[1].
Nestor Camilo Carvajal Villalba
OPRIC
El 2020 fue un año excepcional para la política en Estados Unidos. Primero, la pandemia por el coronavirus golpeo fuertemente la administración Trump, segundo, el país se dividió y la polarización se tomo las calles como hace mucho no se veía, las protestas del movimiento “Black lives matter” contra el racismo y la brutalidad policial fueron ese punto de ebullición que demostró la fractura en la sociedad estadounidense. En medio de toda esa polarización y la turbulencia social, se celebraron las elecciones presidenciales y se enfrentaron, por un lado, el presidente republicano Donald Trump buscando la reelección y por el otro, el candidato demócrata Joe Biden.
Danna Giselle García Rendón
OPRIC
La situación humanitaria de Colombia vivida en los últimos dos años con el gobierno de Iván Duque no sólo desvela una intensificación de los repertorios de violencia en el país, sino que además permiten revelar una vuelta al pasado donde se han disimulado las causas políticas y sociales de un conflicto armado prolongado y sus efectos sociales, ante una visión oficial de carácter reactivo por una posible imagen negativa de Colombia en materia de derechos humanos en el escenario internacional. Esto es demostrado en las limitadas reacciones y pronunciamientos del gobierno nacional frente a las numerosas masacres y asesinatos de líderes sociales en el 2019 y en lo recorrido de este año, dando muestra de una situación desconcertante en las zonas más abatidas por el conflicto armado luego de la firma de los acuerdos de paz y su lenta implementación.