Danna Giselle García Rendón
OPRIC
La situación humanitaria de Colombia vivida en los últimos dos años con el gobierno de Iván Duque no sólo desvela una intensificación de los repertorios de violencia en el país, sino que además permiten revelar una vuelta al pasado donde se han disimulado las causas políticas y sociales de un conflicto armado prolongado y sus efectos sociales, ante una visión oficial de carácter reactivo por una posible imagen negativa de Colombia en materia de derechos humanos en el escenario internacional. Esto es demostrado en las limitadas reacciones y pronunciamientos del gobierno nacional frente a las numerosas masacres y asesinatos de líderes sociales en el 2019 y en lo recorrido de este año, dando muestra de una situación desconcertante en las zonas más abatidas por el conflicto armado luego de la firma de los acuerdos de paz y su lenta implementación.
Las cifras sobre los numerosos asesinatos a líderes sociales y masacres -u homicidios colectivos, como lo ha decidido categorizar el gobierno de Iván Duque- en lo recorrido de estos dos últimos años son altas, llegando a contabilizarse un total de 93 masacres en las que se ha ocasionado la muerte de 393 personas en los últimos veinte meses[1]. Siendo así que en el último informe presentado por la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), se sostiene que se ha registrado un total de 240 fallecidos en 61 masacres en lo que va del presente año, cifras que son asimiladas a las presentadas hace dos décadas[2].
Estas alarmantes cifras han tratado de ser enmascaradas y ocultadas por parte del presidente Iván Duque y el Ministerio de Defensa, en cabeza de Carlos Holmes Trujillo, quienes insistentemente niegan que a esta modalidad de violencia que se manifiesta indiscriminadamente sobre un grupo de personas deba ser llamada “masacre” y en lugar de ello, han retornado a la categoría de “homicidios múltiples” que debe ser tenida en cuenta sólo cuando se presentan cuatro o más personas muertas en hechos cometidos en un mismo lugar y en una misma hora[3]. Esto, mientras organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han optado por categorizar a lo sucedido en Colombia como “masacres” para hacer referencia al asesinato de tres o más personas en un mismo lugar y en un mismo momento[4].
De ahí las importantes discrepancias en cifras respaldadas por la ONU y las presentadas por el gobierno nacional que reducen a la mitad los asesinatos y masacres ocurridos en los últimos meses, encubriendo la magnitud del problema sobre el aumento de las violaciones a los derechos humanos. Esto, recurriendo a tácticas desacertadas de comparabilidad entre las cifras acumuladas de homicidios en el gobierno Santos y las de los últimos meses del gobierno Duque, que más allá de demostrar la importancia de la situación, es una puesta en escena de la invisibilización de los fenómenos violentos de carácter sistémico que ha tenido el país, como las masacres y el desplazamiento forzado u otras problemáticas que ello ha conllevado.
A pesar de estas maniobras desafortunadas, las masacres y asesinatos de líderes sociales no han dejado de tener resonancia en el escenario internacional, permitiendo entrever que Colombia vuelve a ser conocida en su aspecto negativo en materia de protección a los derechos humanos en una etapa del posacuerdo. Por un lado, la primera organización internacional en pronunciarse ha sido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien ha condenado las masacres ocurridas en los últimos meses, esto tras el impacto que ocasionó internacionalmente la masacre contra ocho jóvenes ocurrida el 15 de agosto del presente año en el municipio de Samaniego (Nariño), expresando así, su preocupación por la continuidad de homicidios a defensoras y defensores de derechos humanos[5] y solicitando, por tanto, la realización de acciones que conlleven a la eliminación de la violencia y avance en la implementación de los acuerdos de paz.
La ONU ha sido importante para la verificación de los acuerdos de paz, sin embargo, a partir de las reacciones y pronunciamientos que ha tenido el gobierno Duque, se ha dejado ver la contrariedad presentada por Colombia frente a los mecanismos internacionales de derechos humanos. Por una parte, en diversas ocasiones la ONU y Colombia se han enfrentado por los asesinatos a los defensores del acuerdo de paz, tal ha sido el caso de las confirmaciones y cifras de homicidios a líderes sociales por parte del relator especial de la ONU de derechos humanos, Michael Frost quien ha denunciado que “Colombia es el lugar donde más activistas son asesinados en América Latina”[6], lo que ha sido cuestionado por diferentes funcionarios del gobierno Duque, como la Ministra del Interior, Alicia Arango, quien ha llegado a comparar la muerte de líderes sociales con la muerte de personas por hurto de celular. Declaraciones irresponsables como estas demuestran la falta de voluntad del gobierno Duque para generar una estrategia efectiva de protección a los defensores del acuerdo de paz, y al cumplimiento e implementación de los mismos.
Y, de otro lado, esta contrariedad es evidenciada en el doble discurso de derechos humanos manejado por el presidente Iván Duque dentro de la ONU, tal como ha sucedido en su última intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien no dejó pasar la oportunidad de denunciar “el régimen de Nicolas Maduro como una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo”[7] presentándose, por tanto, como un defensor de los derechos humanos y de la lucha contra el narcotráfico, mientras omitió datos importantes en relación a los asesinatos de líderes sociales presentados en las últimas semanas, siendo el mes de agosto el que registra mayores masacres presentadas en el país y dando solamente un esbozo general de la situación. Por consiguiente, estos pronunciamientos limitados solo permiten evidenciar la minimización de los problemas de violencia en el país que se tiene desde el gobierno, y que en diversas ocasiones se han pretendido vincular con el narcotráfico, o responsabilizar al anterior gobierno de los problemas de seguridad, en un intento de evadir la responsabilidad de Estado por omisión u acción que prioriza una política de erradicación de cultivos ilícitos en lugar del desarrollo de una reforma rural integral o una política de prevención y defensa de los líderes sociales.
El escenario internacional y los pronunciamientos que desde allí se dan se constituyen en una oportunidad para que el gobierno Duque avance en la implementación de los acuerdos de paz, y en una política de defensa a la población que hace parte de aquellas zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y la ausencia total del Estado. La Unión Europea (UE) tampoco ha dejado de expresar su preocupación por los asesinatos y masacres a líderes sociales, dando en los últimos días un llamado de auxilio por la violencia en Colombia, teniendo en cuenta que desde el 2019 la UE ha venido destinando diez millones de euros para asistir a comunidades afectadas por la violencia. Por otra parte, los pronunciamientos se han venido dando desde diferentes embajadas europeas y desde el mismo parlamento europeo donde “una treintena de eurodiputados hicieron llegar su rechazo y preocupación al presidente del país, Iván Duque”[8].
Pese a que estos llamados al gobierno Duque son importantes, siguen estando limitados por una aceptación implícita de la explicación del repertorio de violencia a partir del narcotráfico, tal como lo ha dejado ver Alfonso Yepes -coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la plataforma Coordinación Europea-Estados Unidos- quien le ha solicitado a los Estados europeos y la UE, que se pronuncien de manera fuerte rechazando estos asesinatos en Colombia, y a la Comisión Europea para que “monitoree la implementación del paquete de medidas de seguridad para las comunidades y que se insista en poner en marcha el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, que son, en gran parte, las que están detrás de las masacres”[9].
Además, es necesario tener en cuenta que el escenario europeo ha sido importante para las voces de reclamo al gobierno de Iván Duque que vienen desde aquellas personas que han venido sufriendo de manera directa e indirecta la violencia en el país, tal como se ha visibilizado con las manifestaciones ocurridas en agosto en Alemania como solidaridad a las víctimas de la violencia en Colombia. Por otra parte, es necesario subrayar que también la resonancia que ha tenido el aumento de asesinato de líderes sociales en el escenario internacional se vio evidenciado en la suspensión que más de 600 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos de Colombia le hicieron al gobierno en materia de derechos humanos el año pasado. Estos entregaron al parlamento europeo un informe titulado El Aprendiz del Embrujo donde se denuncia la reinvención de la guerra, el intento de debilitamiento de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del nombramiento de Alejandro Ordoñez como embajador de la OEA, y la ausencia de mecanismos que hagan seguimiento a las recomendaciones internacionales, entre otros[10].
Con esto se puede visibilizar que las acciones internacionales a pesar de constituirse en una oportunidad de cara a la defensa de los derechos humanos en el país, han tenido una incidencia limitada en el gobierno Duque que persiste en posicionarse internacionalmente de espaldas a la situación humanitaria del país; sin embargo, no deja de ser importante que las organizaciones internacionales no dejen cesar sus pronunciamientos como forma de presión que conlleve a la definición de una política clara desde el gobierno colombiano, donde se asuma su responsabilidad a causa de su posición de complicidad con la violencia que ha venido sacudiendo al país ante una falta de voluntad en la implementación de los acuerdos de paz.
[1] Verdad Abierta. (23 agosto, 2020). Colombia: 93 masacres en 20 meses. Recuperado de https://verdadabierta.com/colombia-93-masacres-en-20-meses/
[2] Europapress. (28 septiembre, 2020). Denuncian en Colombia cifras de asesinatos y masacres similares a las de hace dos décadas. Recuperado de https://www.europapress.es/internacional/noticia-denuncian-colombia-cifras-asesinatos-masacres-similares-hace-dos-decadas-20200928053924.html
[3] Ibid. (23 agosto, 2020)
[4] El espectador. (25 agosto. 2020). Entienda por qué la ONU habla de masacres y no de homicidios colectivos. Recuperado de https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/las-diferencias-entre-masacres-y-homicidios-colectivos/
[5] El tiempo. (17 de agosto, 2020). ONU condena las masacres ocurridas en el país en las últimas semanas. Recuperado de https://www.eltiempo.com/politica/onu-colombia-condena-las-masacres-ocurridas-en-el-pais-en-las-ultimas-semanas-530134
[6] González, D. (05 marzo, 2020). La ONU y Colombia se enfrentan por los asesinatos de los defensores de la paz. France 24. Recuperado de https://www.france24.com/es/20200305-la-onu-y-colombia-se-enfrentan-por-los-asesinatos-de-los-defensores-de-la-paz
[7] González, D. (05 marzo, 2020). La ONU y Colombia se enfrentan por los asesinatos de los defensores de la paz. France 24. Recuperado de https://www.france24.com/es/20200305-la-onu-y-colombia-se-enfrentan-por-los-asesinatos-de-los-defensores-de-la-paz
[8] Banchón, M. (03 septiembre, 2020). UE: un llamado de auxilio por la violencia en Colombia. Recuperado de https://www.dw.com/es/ue-un-llamado-de-auxilio-por-la-violencia-en-colombia/a-54808378
[9] Ibid, (03 septiembre, 2020).
[10] Oquendo, Catalina. (25 septiembre, 2019). Casi 600 ONG de Colombia suspenden al Gobierno en derechos humanos. El país. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2019/09/25/colombia/1569376462_864141.html