Danna Giselle García Rendón
OPRIC
El proceso de extradición y deportación del narcotraficante y ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, ha permitido de nuevo sacar a la luz los problemas políticos y sociales que ha dejado consigo el conflicto armado y la estructura paramilitar en el país; pero a la vez, los descuidos y desaciertos que el gobierno colombiano ha tenido en este proceso representa un revés en contra de la construcción de paz, la reparación y dignificación de las víctimas del conflicto armado. El proceso judicial que está enfrentando actualmente Salvatore Mancuso se constituye en un caso emblemático de cara a la construcción de la memoria de las víctimas, teniendo en cuenta que las secuelas de la dinámica paramilitar en el conflicto armado ha sido poco visible desde la mirada nacional, y estos perpetradores armados han tendido a eludir su responsabilidad desde la acción judicial, siendo estos los responsables de ejecutar en mayor medida masacres, desapariciones forzadas, y asesinatos selectivos[1].
Es así, que la figura de Salvatore Mancuso tiene una importancia tanto a nivel nacional e internacional, por ser uno de los criminales más reconocidos por su protagonismo en el conflicto armado colombiano, uno de los jefes máximos de las AUC y por fundar la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), siendo estas el mecanismo impulsor de la guerra paramilitar en el país[2]. El engranaje judicial en el que actualmente se encuentra inmerso tiene sus inicios desde su desmovilización con el Bloque Catatumbo en diciembre del 2004 y el comienzo de su proceso judicial en Justicia y Paz, donde fue sentenciado a una pena alternativa de ocho años de prisión por dos condenas en su contra ante diversos crímenes cometidos por paramilitares bajo su mando[3]. Sin embargo, para el 2008, este sería extraditado hacia los Estados Unidos para el cumplimiento de los cargos judiciales adjudicados en este país en relación al narcotráfico, condena que fue cumplida para marzo del presente año.
Es aquí desde donde se pueden empezar a analizar las diferentes omisiones en que el actual gobierno colombiano ha incurrido en el proceso de extradición de Salvatore Mancuso, luego de dos meses de que se diera a conocer la solicitud de deportación del ex jefe paramilitar a Italia ante el cumplimiento de su condena. Por consiguiente, es necesario desvelar que este proceso de extradición más allá de acarrear consecuencias jurídicas, pone de relieve una serie de efectos políticos y sociales, lo que es necesario preguntarse si lo que se presenta, ¿es un ocultamiento de la verdad a partir de la presunción en errores técnicos y jurídicos cometidos para la solicitud de extradición de Salvatore Mancuso? Esto, ya que este caso demuestra que las estructuras ilegales que han animado el conflicto armado y el repertorio de la violencia en el país, aún hoy, son bastante desconocidas, siendo más de setenta y cinco mil crímenes que a Mancuso aún le queda por responder, y más aún, diversas verdades por revelar y que sucumbe al aparato político y económico colombiano, pero que ante este proceso que se presenta, pareciera que la extradición de Salvatore Mancuso a Colombia no se constituye en una prioridad para el gobierno de Iván Duque.
Las dos primeras solicitudes de extradición fueron requeridas por la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla el 15 de abril y el 13 de mayo, dos meses después de que Mancuso solicitara su deportación a Italia, demuestra la falta de atención judicial y política que el proceso requería desde un principio. Las omisiones cometidas en estas dos solicitudes, no sólo está en el hecho de que, en el momento de haberse realizado la solicitud, la condena de Mancuso ya había expirado, sino además porque Mancuso fue solicitado a partir de dos delitos que no tenían figura legal en Estados Unidos[4], pasando así por alto el principio de legalidad y especialidad de la extradición. El siguiente error cometido en la tercera solicitud de extradición presentada el 13 de mayo por el juzgado 18 de Bogotá y que llegó a Estados Unidos el 24 de junio, está en el haber pasado por alto el principio de no poder juzgar ni imponer una pena dos veces a una persona por un hecho cometido, pues la condena presentada ya había sido unificada por las sentencias de Justicia y Paz en el 2005, condenas que además ya habían sido cumplidas por Mancuso[5].
Y, por último, en la cuarta solicitud de extradición presentada el 20 de agosto, el desatino cometido está en el hecho de no haber traducido todos los documentos requeridos para la solicitud de extradición, siendo esto necesario en un proceso de extradición que la Cancillería solicite la traducción de la documentación al idioma del Estado requerido. Así, es necesario visibilizar a fondo por qué Colombia en principio no logró ganar la solicitud de extradición de Mancuso, y si realmente este es un proceso único de responsabilidad de la rama judicial o si también es un proceso de responsabilidad de Estado de cara a las víctimas del conflicto armado. Desde este punto de vista, la solicitud de extradición no debe depender de un error que proviene de la responsabilidad jurídica de la rama judicial, pues es el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, el que debe cumplir con las funciones de trámite en la solicitud de extradición, examinando la documentación requerida, donde a Cancillería tiene el deber de emitir el concepto sobre la norma aplicable, verificando así que se cumplan los requisitos.
Por esta razón es paradójico esta situación que se presenta, siendo que Colombia tiene una larga experiencia en procesos de extradición, pero estos mismos procesos de extradición han evidenciado los importantes costos sociales que el mismo Estado ha pasado por alto, pues unas veces pareciera que este sirviera al propósito de trasladar la responsabilidad judicial a un tercero, y otras veces para truncar los testimonios con respecto al conflicto armado y los diversos crímenes y verdades que varios paramilitares tenían por contar. Esto, tal como sucedió con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ya que además de extraditar a Mancuso, extraditó a otros trece comandantes paramilitares a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, teniendo esto un efecto mínimo en la lucha contra el narcotráfico, pero un importante costo social que se ha producido en la vida de las víctimas a causa del sistema político y el sistema judicial[6].
Por tanto, el caso de Mancuso representa un retorno al pasado al ver cómo, para el gobierno actual, la verdad sobre el conflicto armado no se constituye en una prioridad ante los mediocres esfuerzos por extraditar a Mancuso a Colombia. La falta de atención que el proceso requería desde un principio se hace visible en la lectura superficial de los delitos pendientes que el ex jefe paramilitar tiene en Colombia, y que se evidencia en los pronunciamientos y no pronunciamientos que el mismo gobierno nacional ha tenido con relación al tema. Por un lado, la cancillería admitió el pasado 20 de agosto que no se había solicitado de manera formal la extradición de Salvatore Mancuso ante la no traducción de los documentos requeridos. Y, por otra parte, en la última reunión que tuvo el presidente Duque con los delegados de Trump y la embajada de Estados Unidos el 17 de agosto, no hubo pronunciamiento con respecto a la extradición de Mancuso[7], lo que demuestra la falta de voluntad política por agotar todas las vías legales para solicitar la extradición de Mancuso, ante la incapacidad de la cancillería de constituirse en un canal diplomático para obtener del gobierno estadounidense la extradición.
Con respecto a esto cabe decir, además, que a partir del discurso político dado por el presidente Duque se inhibió la posibilidad de extradición de Mancuso, como sucedió con las alternativas que dio si Mancuso hubiese sido deportado a Italia. Por un lado, el presidente dijo que le pediría a la Corte Penal Internacional (CPI) que se ocupe del asunto, lo que para varios se constituye en una irresponsabilidad, ya que en caso de que la CPI intervenga, esta necesariamente tendría que intervenir para investigar los diversos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país por parte de los paramilitares, como es el caso de los falsos positivos, ya que este no investiga a una sola persona[8]. Y, por otra parte, el comisionado de paz Miguel Ceballos, sostuvo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se convierte en una opción importante para que cualquier víctima de Mancuso quiera pedir su intervención[9]. De nuevo, una imprudente e inconsciente declaración, que por una parte persiste en ver los problemas sociales del conflicto como hechos aislados bajo la responsabilidad de actores específicos, y no como el resultado de procesos sociales y políticos particulares para el reconocimiento de las víctimas; y por otro, se muestra como una declaración engañosa, que pasa por alto que el Tribunal Europeo no castiga a individuos por sus crímenes sino a los Estados.
Esto demuestra aún más la incapacidad política de solicitar la extradición de Mancuso, o más bien, la intencionalidad con la que se pretende inhibir su extradición, ante las inconveniencias que podría traer para el aparato político y económico. El caso de que la CPI intervenga es un asunto difícil teniendo en cuenta que la verdad siempre ha querido mantenerse oculta para la sociedad, pues con este gobierno se han presentado diversas tensiones con organismos internacionales en el proceso de verificación en el cumplimiento de los acuerdos de paz, cuestión que no se constituye en algo nuevo, ante la persistencia de quedar ante la mirada internacional como el victimario de una guerra librada por grupos criminales como las FARC, pero no en el responsable de los crímenes de lesa humanidad vividos en el país aunque haya sido comprobado la participación de agentes estatales en la violación de derechos humanos. Así, por un lado, se pide la no intromisión de organismos internacionales, pero, por otro lado, son instrumentalizados para retener y frustrar el proceso de extradición de Mancuso, quizá para acallar una verdad en relación al Estado, el aparato político y económico y su alianza con grupos criminales como las AUC en años de conflicto armado.
Sin embargo, ante la última noticia dada por el gobierno estadounidense el día 30 de agosto, con respecto al bloqueo a última hora de la deportación de Mancuso a Italia, se abre de nuevo la oportunidad de que Mancuso sea deportado a Colombia, y pueda comparecer ante las víctimas del conflicto armado. Son diversos los retos que se presentan, como la poca o nula pronunciación del gobierno de Duque ante esta decisión, y las diferentes movidas que está dando la defensa de Salvatore Mancuso para evitar que sea deportado a Colombia, pasos más avanzados que los que está dando el gobierno colombiano para lograr su deportación, pues este gobierno le continua dando razones para que los abogados de Mancuso demuestren que en Colombia no tiene ningún tipo de garantías a pesar de que Mancuso esté dispuesto a confesar las miles de verdades que a la sociedad colombiana y en especial a las víctimas les falta por conocer con respecto al conflicto armado y a la criminalidad que permea a la estructura política del país.
No obstante, el hecho de que la Procuraduría vaya a empezar a investigar acciones sobre la solicitud de extradición de Mancuso y el reconocimiento del procurador Fernando Carrillo del cumplimiento mediocre de los acuerdos de paz y la bogotanización del Estado[10] da luces de esperanza a que las víctimas puedan ganar en este conflicto judicial y político, sumado a la rendición de cuentas que deberá dar el presidente Iván Duque, el fiscal, y los ministros ante la Corte Suprema de Justicia con respecto a la tutela interpuesta por una víctima del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso que reclama verdad, justicia y reparación[11]. Posiblemente estos hechos se puedan constituir en una oportunidad para que este gobierno empiece su accionar en pro de la reparación de las víctimas del conflicto, y se pueda conocer la verdad sobre las múltiples masacres y la complicidad de agentes estatales y miembros de la fuerza pública en la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
[1] Sierra, A. (s.f). ¿Quiénes asesinaron a 220.000 colombianos? Especiales revista semana. Recuperado de https://especiales.semana.com/especiales/escala-violencia-colombia/quienes-asesinaron-220000-colombianos.html
[2] Cantillo, J. (16 de febrero de 2020). Quién es Salvatore Mancuso el temible ex jefe paramilitar que podría volver a una cárcel colombiana tras cumplir su pena en EEUU. Infobae. Recuperado de https://www.infobae.com/america/colombia/2020/02/16/quien-es-salvatore-mancuso-el-temible-ex-jefe-paramilitar-que-podria-volver-a-una-carcel-colombiana-tras-cumplir-su-pena-en-eeuu/
[3]Verdad Abierta. (25 de enero de 2020). Salvatore Mancuso aún debe responder por 75 mil crímenes. Recuperado de https://verdadabierta.com/salvatore-mancuso-aun-debe-responder-por-75-mil-crimenes/
[4] León, J. (21 de agosto de 2020). Duque pareciera no querer a Mancuso de vuelta. La silla vacía. Recuperado de https://lasillavacia.com/duque-pareceria-no-querer-mancuso-vuelta-78009
[5] Ibid, 21 de agosto de 2020
[6] Human Rights Watch. (15 de agosto de 2020). Colombia debe asegurar la extradición de Salvatore Mancuso. Recuperado de https://www.hrw.org/es/news/2020/08/15/colombia-debe-asegurar-la-extradicion-de-salvatore-mancuso
[7] León, J. (1 de septiembre de 2020). Duque no intercedió para frenar la deportación de Mancuso a Italia. La silla vacía. Recuperado de https://m.lasillavacia.com/duque-no-intercedio-frenar-deportacion-mancuso-italia-78206?fbclid=IwAR3OEDVUcvDk_ItSn0reyv1eOqQE57qd-7gGDBkbs9uy463qA6Y5ugUxe_s
[8] Ibid, 1 de septiembre de 2020
[9] Ibid, 1 de septiembre de 2020
[10] Vanguardia. (31 de agosto de 2020). Procuraduría investigará acciones sobre la solicitud de extradición de Mancuso. Recuperado de https://www.vanguardia.com/colombia/procuraduria-investigara-acciones-sobre-la-solicitud-de-extradicion-de-mancuso-CI2820958
[11] Semana. (1 de septiembre de 2020). Duque, fiscal y ministros, a rendir cuentas en la corte por caso Mancuso. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/duque-fiscal-y-ministros-a-rendir-cuentas-en-la-corte-por-caso-mancuso/699215?fbclid=iwar3f7fimsmihyd9hdue9ku07wioe-bmp0l7bb5vj8rombdvmtf9pibtvggm