Joseph Switer Plaza Pinilla
OPRIC
En la primera semana del mes de junio, el secretario de Estado de los EE.UU, Rex Tillerson, exhortó al gobierno Colombiano "Les hemos dicho que tenemos que volver a la aspersión (aérea), tenemos que volver a destrozar estos campos” invitación que en los últimos días ha generado gran controversia y debate en torno a si continuar o no con las fumigaciones aéreas para erradicar los cultivos ilícitos que desde el 2015 se habían detenido a partir de un fallo dictado por la Corte Constitucional. El gobierno de la Casa Blanca afirma que en los últimos meses, la producción y venta de cocaína ha aumentado de una forma galopante, según sus cifras y cálculos, “los cultivos ilícitos de coca en Colombia crecieron en 2016 un 18 % hasta alcanzar la cifra récord de 188.000 hectáreas sembradas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas”.[1]
Angélica María Goelkel
OPRIC
Un escándalo de corrupción ensucia por estos días la imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores y uno de sus protagonistas es el ya conocido por otros escándalos, Roberto Prieto. La empresa Marketmedios, de propiedad de la familia Prieto suscribió un contrato en el año 2012 para la realización de la Cumbre de las Américas de dicho año, pero una alarma se encendió en ese momento cuando la contraloría reveló que dicha empresa cobraba mucho más de lo que cobraban las otras que competían por dicho contrato, pero el anuncio no pasó a ser más que eso.
Brayan Pardo Pérez
OPRIC
El pasado 25 de febrero, el guerrillero de las Farc Julio Enrique Lemos, alias “Náder”, fue capturado fuera de una de las zonas de preagrupamiento dispuestas para el grupo guerrillero. Se registró que Lemos, al momento de su captura, se encontraba por fuera de la Zona Veredal Transitoria de Normalización del Gallo (Córdoba) de las Farc pues tenía que ir a un hospital para ser tratado de una hepatitis B. No obstante, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el guerrillero debía ser dejado en libertad puesto que había presentado una solicitud para que su caso fuera de conocimiento de la jurisdicción especial para la paz[1]. El pasado 31 de mayo, el magistrado Fernández en una rueda de prensa señalo la imposibilidad de seguir teniéndolo privado de la libertad porque las órdenes de captura impartidas contra miembros de las Farc, por conductas realizadas antes del acuerdo de La Habana, quedan suspendidas[2].