Ana María Arévalo Rodríguez - Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Ana Sofía Castro Álvarez - Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Angela Nicol Barón Quintero - Universidad Jorge Tadeo Lozano.
OPRIC
La segunda vuelta presidencial en Colombia se celebró el 21 de junio de 2026 con resultados que mostraron un contexto político altamente polarizado, tras una contienda extremadamente ajustada. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil (2026): Abelardo de la Espriella obtuvo el 49,66 % de los votos frente al 48,70 % de Iván Cepeda, con una diferencia de apenas 250.830 sufragios y un escrutinio que confirmó una coincidencia del 99,997 % entre el preconteo y la revisión de los jueces. La participación alcanzó una cifra récord del 63,6 % en un proceso que contó con la habilitación de más de 41 millones de ciudadanos. A pesar de una organización logística eficiente por parte de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) la jornada estuvo marcada por un aire de desconfianza y acusaciones que cuestionan la integridad de las elecciones por parte de ambas campañas, además de las diversas denuncias relacionadas con presuntas irregularidades, incluida la participación de funcionarios públicos en actividades de campaña.
Para el desarrollo de estas elecciones, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil (2026) tanto en primera como en segunda vuelta, Colombia recibió la misión de observación internacional más grande de su historia, con más de 1.000 observadores de 36 organismos para la segunda vuelta. Entre las organizaciones participantes destacaron la Unión Europea (UE), La Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), El Instituto Republicano Internacional (IRI), Transparencia Electoral, entre otras. Estas misiones fueron invitadas por las autoridades electorales con el propósito de fortalecer la confianza pública, garantizar la transparencia y brindar un análisis técnico basado en estándares internacionales, por medio de una labor de vigilancia de la administración electoral, los mecanismos de democracia directa y la observación en los procesos electorales en todos los aspectos, desde la cobertura mediática que se da durante el proceso hasta los marcos legales, votación y recuento.
Tensiones domésticas y desconfianza electoral
Durante las elecciones, el entorno nacional estuvo definido por una alta polarización política y una fuerte estigmatización en el discurso, donde se dio una marcada desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a dudas sobre su independencia y eficacia para abordar presuntas irregularidades, particularmente las relacionadas con el sistema tecnológico, la existencia de un “censo paralelo”, constreñimiento al sufragante y la compra de votos. Al respecto, la plataforma URIEL registró un total de 2.921 denuncias durante el proceso electoral, de las cuales 949 correspondieron a presuntos casos de constreñimiento al sufragante, situándose como la infracción más reportada (Centro Carter, 2026).
A estas tensiones se suman las del Ejecutivo, cuyo titular ha sostenido una narrativa sistemática de desconfianza hacia la institucionalidad electoral colombiana, erosionando la legitimidad de la Registraduría Nacional y promoviendo cuestionamientos sobre la transparencia e integridad del proceso democrático. El presidente Gustavo Petro ha centrado sus señalamientos en supuestas vulnerabilidades críticas del software y la actas de votación, argumentando que la presunta eliminación de mecanismos técnicos en los formularios E-14, específicamente en ciertos sellos de seguridad y registros en el tiempo, permitirían alteraciones injustificadas de los datos una vez cargados en las plataformas públicas (Amaya, 2026). No obstante, esta narrativa ha sido sistemáticamente refutada por instancias de observación electoral y diversos organismos internacionales, quienes subrayan que el escrutinio oficial se basa primordialmente en los documentos físicos originales protegidos bajo la estricta cadena de custodia por jueces y notarios de la república, y no simplemente en las imágenes digitalizadas (González & Pozzebon, 2026).
Este clima de fricción institucional se vio agravado por una desinformación masiva en entornos digitales, fenómeno documentado por la Misión de la OEA (2026), que reportó el uso de estrategias sofisticadas de manipulación mediante inteligencia artificial y bots. Estas tácticas incluyeron la creación de audios y videos falsos para suplantar candidaturas y la propagación de narrativas de fraude basadas en lecturas erróneas de datos oficiales, como ocurrió con la confusión de fechas en las actas de consulados. Frente a esta crisis de legitimidad digital, las misiones de observación internacional reafirmaron de manera conjunta que el proceso electoral fue transparente, legítimo y plenamente trazable, advirtiendo enfáticamente que persistir en cuestionamientos sin sustento técnico no sólo ignora la solidez del sistema, sino que representan un riesgo significativo que amenaza con erosionar de manera permanente la confianza pública en las instituciones.
En un panorama marcado por la desconfianza, la manipulación del entorno digital y las narrativas de deslegitimación, además de la injerencia extranjera por parte del gobierno de Estados Unidos que profundiza la crisis de legitimidad. El excandidato presidencial, Ivan Cepeda, ha sido enfático en señalar una “abierta e indebida injerencia” particularmente a partir de pronunciamientos públicos y respaldos políticos individuales provenientes de figuras estadounidenses, como la del presidente estadounidense Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella, lo cual ha sido señalado como una transgresión directa al Artículo 19 de la Carta de la OEA, el cual proscribe de manera tajante que cualquier Estado o grupo de Estados intervenga, directa o indirectamente y por cualquier motivo, en los asuntos internos o externos de otro Estado, convirtiéndose en una vulneración de la soberanía nacional. En este escenario emerge la disonancia discursiva de Iván Cepeda, cuando en representación de la coalición del gobierno optó por reconocer el resultado electoral tras el cierre del escrutinio en un acto de “responsabilidad democrática” priorizando la convivencia nacional y el diálogo sobre las persistentes dudas sembradas desde el ejecutivo. Sin embargo, este reconocimiento ha dado paso a una nueva fase de confrontación, donde ahora se condiciona la legitimidad de la posesión de De la Espriella a que este renuncie a su ciudadanía estadounidense, bajo el argumento de que el juramento de lealtad exclusiva al orden constitucional de Estados Unidos resulta incompatible con el ejercicio de la presidencia y la defensa de la soberanía colombiana advirtiendo que, de no cumplirse esta exigencia, se dará inicio a un camino de desobediencia civil y resistencia pacífica frente a un gobierno considerado viciado de ilegalidad (Cepeda, 2026).
Perspectivas: los retos para la legitimidad electoral.
En este contexto, es pertinente preguntarse el impacto real de las misiones de observación electoral en la construcción de una dinámica democrática que genere confianza no solo a los ciudadanos, sino también a candidatos, votantes y autoridades electorales, con el fin de continuar promoviendo la participación y la credibilidad en los procesos electorales de la nación.
A lo que, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha señalado que Colombia durante instancias electorales destaca por el amplio acceso que otorga a la observación internacional:
“No hay país donde un órgano electoral se abra tanto a las misiones electorales. Se les invita a los simulacros, a visitar los municipios, se les muestran los componentes del proceso electoral, se les permite entrar a revisar los softwares y los códigos fuente, que verifiquen las actas, estén en los puestos de votación. No hay sistema electoral que tanta apertura le haya entregado a la observación internacional y nos gusta hacerlo y nos anima que lo hagan.” (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2026)
Enfatiza que dicha apertura no solo constituye una práctica institucional, sino también es un elemento diferenciador frente a otros sistemas electorales de la región. Ello refleja el rol y posición que Colombia busca promover como país democrático, puesto que las misiones de observación electoral (nacionales e internacionales), el Consejo Nacional Electoral (a pesar de no poseer una completa credibilidad por parte de candidatos y electores) y adicionalmente, las herramientas promovidas por la Registraduría Nacional, lograron llevar a cabo un proceso de observación electoral eficiente, que desde la primera vuelta presidencial y en otras contiendas electorales dejaron en evidencia la seriedad y disposición de la nación en cuanto al ejercicio democrático.
En ese sentido, la participación de misiones de observación internacionales no responde únicamente a necesidades de verificación procedimental o vigilancia, sino que termina siendo un instrumento de política exterior que busca consolidar la imagen de Colombia como una democracia estable y confiable en el escenario regional y global. Muestra de ello son la serie de informes finales de cada Misión de observación electoral que surgen una vez acabadas las jornadas de votaciones. Uno de estos es el informe de la Misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) después de la primera vuelta electoral el pasado 31 de mayo, este informe certificó que esa jornada transcurrió con normalidad y dejó resultados que reflejan la voluntad democrática de la población colombiana, así mismo, reconoció los avances técnicos en materia de transparencia y apertura institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo, la misión también identificó tensiones estructurales que debían ser vigiladas, entre ellas, la desinformación como herramienta de campaña, la violencia electoral en zonas rurales, la respuesta tardía de instituciones. El informe de MOE/OEA refleja esa dualidad de las tensiones internas de Colombia y su proyección externa como país promotor de la democracia. En su vigésimo quinta misión en el país, MOE/OEA reconoció los avances significativos de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, así como identificó preocupaciones que generaron una serie de recomendaciones que apuntan al cierre de estas brechas reforzando mecanismos para el combate efectivo a la desinformación, despliegue de seguridad, ampliación de la transparencia electoral y promoción de más espacios democráticos de debate entre los candidatos (OEA, 2026).
Acontecimientos como las denuncias de la sociedad civil por el aumento de la desinformación, ataques de odio, sumado a la participación y deslegitimidad por parte de figuras como el presidente Gustavo Petro, son algunos de los puntos a tener en cuenta cuando surgen críticas al sistema electoral colombiano y posteriormente, si se llega a poner en duda de la legitimidad de los resultados de votaciones. Esto podría producir escenarios de incertidumbre y la erosión de la confianza desde adentro de la nación, reflejando una paradoja donde se muestra la proyección internacional de una nación colombiana comprometida con un ejercicio demoratico transparente y eficaz antes, durante y después de los comicios electorales, mientras de manera interna, se enfrentan disputas en cuanto a la credibilidad de las instituciones a cargo de la actividad electoral - en especial el Consejo Nacional Electoral - y en consecuencia, de los resultados de estas jornadas.
Estas tensiones que emergen de la búsqueda de legitimación externa, junto con la deslegitimación interna por parte de distintos actores desde el ejecutivo hasta la sociedad civil, hace que se materialice una nueva discusión que va más a allá de la presencia de misiones de observación electoral internacionales, sino que se cuestiona si esa confianza y presencia externa es lo suficiente para responder y sostener la falta de confianza y de legitimidad democrática que es constantemente cuestionada de manera interna. Así surge uno de los desafíos centrales no solo para los siguientes comicios, sino para la ejecución del nuevo gobierno, este debe lograr un balance entre gestionar y consolidar gobernabilidad y legitimidad interna en paralelo a la proyección internacional de Colombia como referente democrático en la región y de manera global.
Referencias Bibliográficas.
Amaya, S. (2026, 23 junio). Petro lanza nuevas denuncias de fraude sin sustento tras segunda vuelta. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/detector-de-mentiras/petro-lanza-nuevas-denuncias-de-fraude-sin-sustento-tras-segunda-vuelta/
Centro Carter. (2026, 23 de junio). Declaración Preliminar de la Misión de Expertos Electorales del Centro Carter sobre la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Colombia (21 de junio de 2026). https://www.cartercenter.org
Cepeda, I. [@IvanCepedaCast]. (2026, 30 de junio). ANUNCIO DE DESOBEDIENCIA CIVIL [Post]. X. https://t.co/d3NDZFGa6H.
González, A., & Pozzebon, S. (2026, 2 junio). Petro insiste en su denuncia de fraude en Colombia, pero observadores electorales aseguran que no detectan irregularidades. CNN ESPAÑOL.https://cnnespanol.cnn.com/2026/06/02/colombia/petro-denuncia-fraude-observadores-orix
Organización de los Estados Americanos. (2026, 02 de junio). Segundo Informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Colombia. Elecciones Presidenciales 2026. OEA. Recuperado de https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-008/26
Registraduría Nacional del Estado Civil. (2026). Más de 16.000 observadores electorales acompañarán la segunda vuelta presidencial 2026
Registraduría Nacional del Estado Civil. (2026). Elecciones Presidenciales de la República 2026 | Votos a partidos
