Alejandro Osorio Martinez-Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
OPRIC
Pete Hegseth, “Secretario de Guerra” (como él se denomina) de Estados Unidos afirmó el pasado 12 de agosto en una conferencia en Panamá que Colombia se unirá a la A3C (más conocido como el Escudo de las Américas) como el miembro número 19 en entrar a la iniciativa, además añadió que el país “ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas” (Vanguardia, 2026).
Estas declaraciones, junto con la reunión de Hegseth y el recién nombrado ministro de defensa colombiano Jorge Mora, traen consigo el peso de un largo historial de cooperación militar caracterizado por el que ha sido llamado como “narcoterrorismo” como eje central de dicha cooperación, asunto que pone en la mesa varias cuestiones importantes ¿Qué es el narcoterrorismo en Colombia? ¿Cómo el narcoterrorismo aglutina la guerra contra el narcotráfico y a las organizaciones armadas con carácter político militar? ¿Cómo este podría erosionar la soberanía promoviendo intervenciones militares externas?
En Colombia, el término narcoterrorismo fue adoptado desde la década de los 90 con el fin de representar una amalgama de fenómenos y que permitiese atender de manera conjunta a los grupos subversivos vinculándolos al narcotráfico, considerado su principal fuente de financiamiento.
En 1999, tras varios reveses político-militares contra las FARC y la confirmación de que dicha guerrilla estaba cada vez más envuelta en el tráfico de drogas, el gobierno de Andrés Pastrana abandonó esfuerzos de paz y empezó, con el beneplácito y respaldo de Washington, la creación del Plan Colombia, una iniciativa de cooperación entre los dos gobiernos que buscaba fundamentalmente fortalecer la fuerza pública para combatir la lucha antinarcóticos. Sin embargo, el plan terminó por convertirse en la primera prueba de que Washington matizaría la diferenciación entre la guerra de guerrillas y la guerra contra de las drogas, como lo sugirió el general Gary Speer al indicar que “para el operador, es muy difícil distinguir entre las FARC-EP como traficantes de droga, las FARC-EP como organización terrorista y las FARC-EP como organización insurgente”. (Comisión de la Verdad, s.f).
Esta idea de que la línea distintiva entre los dos conceptos desapareció es clave para entender el panorama actual, ya que a pesar de que los actores son diferentes, (Clan del golfo, Cartel de Sinaloa, AGC, ELN), el concepto del “narcoterrorismo” es el que los agrupa a todos en una dimensión de cooperación militar alineada con los intereses de Washington. Esta idea de agrupación termina por ser acotada al momento de atender todas las dimensiones de la problemática, ya que uniformiza actores obviando la injerencia que cada uno tiene en distintas zonas del país, las cuales históricamente han sido desamparadas por el Estado, permitiendo a los grupos al margen de la ley ejercer control territorial y político sobre estos territorios. Es decir, una visión desde el “narcoterrorismo” solo atiende la dimensión de seguridad y criminalidad y no estrategias para la resolución de problemas más profundos en zonas de alta presencia criminal y armada.
¿Recuperar la soberanía o perderla?
Tras el anuncio de Hegseth, se dispararon las opiniones en la política colombiana. Por un lado, el senador Iván Cepeda calificó el anuncio como un hecho de suma gravedad para el país, al considerar que representa el “principio del fin” de la soberanía nacional. (El Colombiano, 2026), mientras que, por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe se expresó por la red social X afirmando que “la ayuda de USA (sic.) es recuperación de Soberanía, no violación”, agregando que “fue un error detener la 2da fase del plan Colombia en 2010” (Uribe, 2026). Esto denota la diferencia entre la visión sobre cómo defender la soberanía que perciben las dos principales ideologías de las fuerzas políticas más importantes en el país.
Este debate sobre cómo salvaguardar la soberanía vincula también a la relación asimétrica que hay entre los dos estados, y cómo el gobierno de Abelardo de la Espriella planea usarla para retomar el rol de socio histórico de Estados Unidos en la región, el cual se había perdido en el último gobierno. Esta concepción del gobierno nacional parece seguir una lógica realista de dependencia de los estados, David Lake, politólogo estadounidense, argumenta que estas dinámicas son propias de un “sistema paternalista” donde el estado débil será siempre dependiente de la potencia en materia de seguridad, y se termina por crear un “imperio informal”, un fenómeno donde un estado tiene influencia sobre la política nacional e internacional del otro de manera indirecta (Lake, 2009). Sin embargo, la experta en asuntos globales Arlene B Tickner, explica que ya antes Colombia se ha presentado como un Estado que era incapaz de enfrentar sus problemas internos sin el concurso de Estados Unidos (Tickner, 2007) y advierte, que estas relaciones verticales han tenido grandes consecuencias como la clara dependencia en la toma de decisiones en materia de seguridad que caracteriza a Colombia, causando que la “intervención por invitación” (como lo describe Tickner) en la práctica termine por materializar la idea de que realmente el Estado no tiene la capacidad de responder por sí mismo. Así, la política del gobierno de De la Espriella hace funcional la intervención para sus objetivos (es decir la invitación a intervenir), lo cual lleva al efecto de una excesiva dependencia y una subordinación más profunda.
La aprobación del Congreso ¿y la nueva embajadora?
El otro tema pendiente por resolver de la declaración de Hegseth es que el senado colombiano deberá aprobar o desaprobar el eventual ingreso de tropas extranjeras a suelo colombiano para operaciones militares conjuntas como lo recordó el presidente del senado, Honorio Henríquez (El Colombiano, 2026). Además, la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas también representa una complejidad jurídica, pues el escudo de las Américas es un acuerdo informal de cooperación que no es vinculante (Velosa, 2026) lo cual significaría que no tiene que pasar por aprobación de las comisiones segunda del congreso, encargadas de la política internacional, ni por la evaluación de exequibilidad de la Corte Constitucional, pues es posible que bajo esta figura no se crearían obligaciones nuevas o transformarían sustancialmente las existentes.
Finalmente, es también importante mencionar que la nueva embajadora de Colombia ante los Estados Unidos María Consuelo Araujo no se ha pronunciado sobre el tema a la fecha de esta publicación, este silencio pone sobre la mesa varias cuestiones: ¿existe la posibilidad de que el plan de acción con Estados Unidos no vaya a ser por la vía diplomática, sino que se van a entender únicamente por las oficinas de los ministros de defensa?, ¿si ese es el caso, existirá una dimensión social como la hubo en el plan Colombia, o la iniciativa tiene como único fin la intervención militar?
Referencias Bibliográficas
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Gutiérrez Munar, D. (2026, 13 de agosto). El expresidente Álvaro Uribe afirma que operaciones militares de Estados Unidos en Colombia son “recuperación de soberanía, no violación”. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/politica/el-expresidente-alvaro-uribe-afirma-que-operaciones-militares-de-estados-unidos-en-colombia-son-recuperacion-de-soberania-no-violacion-3578070
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Molano Cruz, G. (2008). La política de desarrollo alternativo de la Unión Europea en Colombia: Del apoyo a procesos de paz a la cooperación con la seguridad democrática. Transnational Institute. https://www.tni.org/files/Pol%C3%ADtica%20Desarrollo%20Alternativo%20de%20la%20UE%20en%20Colombia.pdf
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