Angela Nicol Barón Quintero- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Paula Nicole Giral Casallas- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
OPRIC
Colombia ya tiene nuevo canciller. El pasado 8 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella presentó, a través de su cuenta en la red social X, a Omar Bula Escobar como su ministro de Relaciones Exteriores, a quien calificó como “un verdadero NUNCA” etiqueta con la que el mandatario electo distingue a cada ficha de su gabinete (De La Espriella, 2026). Un análisis específico sobre el perfil de este “Nunca” ha sido desarrollado por este observatorio en otra entrega. Sin embargo, hay un tema en la agenda de política exterior que amerita un espacio propio: la relación colombo-israelí.
Las relaciones diplomáticas con Israel fueron rotas por el presidente Gustavo Petro el 2 de mayo de 2024, cuando declaró que “Colombia tampoco puede ser indiferente al enorme e indescriptible sufrimiento humano que esto causa” (Cancillería, 2024). Esta postura, y la solidaridad “pro-Palestina” que mantuvo el mandatario a lo largo de su gobierno, respondió a un ejercicio de política exterior que buscó ir más allá del interés económico y militar inmediato, posicionando a Colombia como un actor comprometido activamente con la paz y la justicia internacional. Esa postura tuvo una expresión multilateral concreta: en julio de 2025 Colombia copresidió, junto con Sudáfrica, la Conferencia de Emergencia del Grupo de La Haya en Bogotá, que reunió a treinta Estados (entre ellos países árabes como Irak, Libia y Omán) y contó con la participación de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese (The Hague Group, 2025; Cruz Chaparro y Romero Pérez, 2024). Dos años después, el gobierno entrante se propone revertir esa decisión.
El giro se ha construido en capítulos sucesivos desde la segunda vuelta presidencial. El 21 de junio de 2026, De la Espriella derrotó Iván Cepeda por un margen de apenas un punto porcentual en una de las elecciones más cerradas de la historia reciente colombiana (Lawal, 2026). Apenas conocidos los resultados preliminares, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, y el primer ministro Benjamín Netanyahu felicitaron al mandatario electo, y este respondió públicamente que Colombia restauraría y fortalecería su relación con Israel “como nunca antes” (Al Jazeera Staff, 2026). El 2 de julio, De la Espriella confirmó el inicio formal del proceso de restablecimiento diplomático tras una llamada telefónica con el presidente israelí Isaac Herzog, en lo que la prensa describió como el primer gesto concreto de acercamiento tras la ruptura de la era Petro (El Tiempo, 2026).
El nombramiento de Bula Escobar el 8 de julio profundizó esa hoja de ruta: entre sus prioridades explícitas señaló la reconstrucción de los vínculos con Estados Unidos e Israel (Niño, 2026). Días después, en Washington, Bula y su homólogo israelí Sa’ar acordaron un cronograma de normalización que contempla el intercambio inmediato de embajadores, la eliminación recíproca de visados y el inicio de los trámites para trasladar la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, todo ello a partir de la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026 (El País, 2026). El gobierno entrante también adelantó que retirará el respaldo que Colombia había dado a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (France 24, 2026).
El antecedente Petro: fractura, escalada y la sombra de Pegasus
La ruptura de 2024 entre el Estado colombiano y el Estado de Israel no fue un hecho aislado sino el punto más alto de un deterioro progresivo. Desde octubre de 2023, tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, Petro calificó las acciones de Israel como genocidio y comparó el discurso de un ministro israelí con la retórica nazi, lo que llevó a Israel a suspender sus exportaciones de seguridad hacia Colombia (Al Jazeera Staff, 2026). El gobierno colombiano retiró a su embajadora en Tel Aviv en 2023, suspendió la compra de armamento israelí en febrero de 2024 y, finalmente, rompió relaciones diplomáticas el 2 de mayo de ese año (Cancillería, 2024). El desenlace fue calificado por analistas como una decisión “indeseable” pero coherente con la postura que Petro había sostenido desde el inicio del conflicto (Garzón, citado en Infobae, 2024).
La política de Petro frente a Israel no se detuvo allí. En mayo de 2025 Colombia designó a su primer embajador ante el Estado de Palestina, formalizando una presencia diplomática en Ramala casi siete años después de haber reconocido a Palestina como Estado soberano. En octubre de 2025, tras la interceptación israelí de la flotilla humanitaria Global Sumud en la que viajaban dos ciudadanas colombianas, Petro anunció la expulsión de toda la delegación diplomática israelí y la denuncia del tratado de libre comercio vigente con Israel desde 2013 (La Jornada, 2025). Días más tarde, liberadas las connacionales, fuentes de la Cancillería confirmaron que la expulsión de la delegación no se llevaría a cabo, aunque la denuncia del TLC sí se mantuvo, con efectos a los seis meses de la notificación conforme a su cláusula de terminación (Infobae, 2025b).
A este historial se suma un episodio paralelo que ha mantenido a Israel en el centro del debate público colombiano por razones distintas a Gaza: el escándalo Pegasus. Petro denunció en septiembre de 2024 que el gobierno de Iván Duque habría adquirido este software espía israelí por once millones de dólares en efectivo, pagados a la empresa NSO Group a través de un banco israelí, para presuntamente vigilar a la oposición durante el estallido social de 2021 (La Silla Vacía, 2026). La propia empresa NSO Group ha negado que el programa permita la vigilancia masiva o la manipulación de archivos, y hasta la fecha no se ha identificado en Colombia un teléfono infectado (La Silla Vacía, 2026d). El caso, judicializado ante el Consejo de Estado, añadió más incertidumbre que certezas. Y en enero de 2026 el propio ministro de Justicia encargado del gobierno Petro denunció haber sido espiado con el mismo software durante 2025, presuntamente por orden del Ministerio de Defensa de su propio gobierno (Vanguardia, 2026), lo que evidencia que la controversia sobre tecnología israelí de vigilancia trasciende el signo político de quien gobierne.
Finalmente, el propio proceso electoral de junio de 2026 quedó marcado por acusaciones del saliente presidente: Petro alegó, sin aportar evidencia concluyente, que Israel habría intervenido en la manipulación de los formularios E-14 del conteo electoral para favorecer a De la Espriella, señalamiento que la Fiscalía General descartó por falta de pruebas (Lawal, 2026). El episodio ilustra hasta qué punto Israel se convirtió, durante el gobierno saliente, en un actor central del debate político interno colombiano y en un activo para las candidaturas presidenciales, sobre todo las más próximas a la derecha.
La apuesta de Abelardo de la Espriella: Bogotá vuelve a marcar a Tel Aviv
Desde la campaña, De la Espriella hizo de la relación con Israel uno de los ejes definitorios de su proyecto de política exterior, en paralelo a su cercanía declarada con Donald Trump (Lawal, 2026). Ya como presidente electo, prometió restaurar y profundizar la alianza histórica entre los dos países, presentando a Israel como un socio leal en materia de seguridad y cooperación (Al Jazeera Staff, 2026). Además de las acciones ya mencionadas del mandatario electo, vale la pena subrayar la carga simbólica que tendría el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén, dado que la mayoría de los países mantienen sus sedes diplomáticas en Tel Aviv por el estatus jurídico disputado de esa ciudad (El País, 2026). El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien impulsó el tratado de libre comercio con Israel durante el gobierno Duque, se ha manifestado públicamente en contra de la suspensión de las exportaciones de carbón decretada por Petro, reforzando la lectura de continuidad con la diplomacia comercial previa a 2022 (Revista Raya, 2026).
Omar Bula Escobar: “una relación que nunca debió romperse”
El canciller designado ha sido explícito sobre Oriente Medio. En su primera entrevista tras el nombramiento, afirmó que su gestión trabajará para reconstruir con Israel una relación “que nunca debieron haberse roto” (La República, 2026), invocando décadas de cooperación económica y de seguridad entre ambos países. Esa lectura encuentra respaldo en su trayectoria profesional: veinte años de carrera en Naciones Unidas con funciones en el Programa Mundial de Alimentos que lo llevaron a Irak y a la oficina regional para Oriente Medio con sede en Egipto, además de misiones en Sudán, Senegal, Panamá, Etiopía y Roma le confieren un conocimiento directo de la región que dota de autoridad personal a su discurso de reconciliación con Israel (López Romero, 2026).
Más allá de lo bilateral, Bula ha situado la relación con Israel dentro de una visión más amplia de alineamiento con Washington y de lo que él mismo describe como una batalla cultural frente al “globalismo”. En su intensa actividad en la red social X (más de 520.000 publicaciones desde 2010) ha calificado a China y a Rusia como parte de “la mugre del planeta” y ha promovido narrativas conspirativas sobre la influencia del financista George Soros en Colombia (La Silla Vacía, 2026). Se trata, según los propios analistas consultados por la prensa, de una paradoja solo aparente: un diplomático de carrera formado en el sistema multilateral que, sin embargo, se declara crítico de ese mismo sistema y busca subordinarlo a una agenda ideológica definida (France 24, 2026). En su entrevista con Semana, matizó, sin embargo, que la relación con China será abordada de forma “pragmática” y no ideológica, atendiendo al peso de ese país como principal socio comercial de Suramérica (La Silla Vacía, 2026) aunque los nuevos eventos alrededor de la salida de la Ruta y la Franja, muestran que la ideologización es un criterio esencial de decisión de la Cancillería entrante.
¿Cómo se lee este realineamiento desde la academia?
Los análisis especializados confirman la lectura que este texto ha venido construyendo. Como ya se señaló, el propio Garzón calificó la ruptura de 2024 como un recurso “indeseable” y de última instancia en la práctica diplomática, pero coherente con la postura que Petro había mantenido desde el inicio del conflicto en Gaza (Infobae, 2024); esa coherencia es, en sí misma, un indicio de que ni la ruptura ni su previsible reversión en 2026 pueden leerse solo como episodios de política comercial o de seguridad, sino como actos de definición identitaria en el sistema internacional. Esa lectura sugiere que más que un cálculo de costo-beneficio material, la ruptura obedeció a la construcción de una identidad de política exterior específica: la de un país que se autopercibe como defensor del derecho internacional humanitario y como voz del sur global.
El politólogo Manuel Camilo González Vides, especializado en relaciones internacionales, ofrece una lectura complementaria sobre el giro actual. Para él, el restablecimiento de vínculos con Israel trasciende lo bilateral y constituye una señal de alineamiento con la lógica de Donald Trump que podría restringir la autonomía internacional de Colombia (France 24, 2026). González Vides advierte, además, sobre el costo reputacional de la decisión: vincularse con un país que enfrenta numerosas resoluciones internacionales adversas por su actuación en Gaza desdibuja la imagen que Colombia había construido de sí misma como garante del derecho internacional. Sobre el perfil de Bula, el mismo analista lo describe como alguien que conoce el sistema multilateral desde dentro pero que busca subvertirlo selectivamente, usando de las Naciones Unidas lo que le resulta útil y descartando el resto “poner la técnica al servicio de una idea” (France 24, 2026), lo que despejaría la duda sobre si el proyecto de De la Espriella es un pragmatismo despojado de ideología o, más bien, una agenda política de derecha con instrumentos técnicos.
El vínculo colombo-israelí funciona como un espejo en el que cada gobierno colombiano proyecta y confirma ante la comunidad internacional una idea distinta de quién es Colombia: bajo Petro, un actor con vocación de norm entrepreneur en la defensa del derecho internacional humanitario y la causa palestina; bajo De la Espriella, un socio confiable dentro del bloque occidental liderado por Washington, dispuesto incluso a asumir el costo reputacional que ese alineamiento implica. La socialización de normas internacionales no es un proceso lineal ni consensuado: como han señalado los estudios clásicos sobre difusión normativa, los Estados pueden alternar entre el papel de promotores de normas y el de receptores que se acomodan a las expectativas de sus socios estratégicos (Finnemore y Sikkink, 1998), un vaivén que la política exterior colombiana frente a Israel ilustra con particular nitidez en apenas veintiséis meses.
¿Qué viene y qué está en juego?
El 7 de agosto de 2026 no cierra el proceso; lo inaugura formalmente. A partir de esa fecha, la relación colombo-israelí deberá resolver una agenda que combina la reconstrucción de la cooperación en defensa y ciberseguridad, un capítulo económico pendiente: el TLC denunciado por Petro en 2025 tendrá que renegociarse o revivirse por una vía distinta, el simbolismo y el costo diplomático del traslado de la embajada a Jerusalén, el reconocimiento de la ocupación sobre los Altos del Golán por parte de Israel y la herencia de controversias no resueltas como Pegasus y las acusaciones de injerencia electoral. Sobre esa base es posible proyectar diferentes escenarios no excluyentes.
Colombia completa el giro anunciado, abre su embajada en Jerusalén, ingresa a mecanismos de cooperación en seguridad hemisférica como el Escudo de las Américas (El Espectador, 2026) y reconstruye su cadena de suministro militar con Israel, revirtiendo parcialmente la sustitución que ya inició Indumil con fusiles de fabricación nacional (Al Jazeera Staff, 2026). En este escenario, Colombia se consolida como el socio latinoamericano más cercano al eje Washington-Tel Aviv, en línea con gobiernos como los de Argentina o El Salvador, y la identidad de garante del derecho internacional que cultivó Petro queda subordinada a una identidad de aliado estratégico occidental en un escenario de rupturas de distintos actores del sistema ante las organizaciones multilaterales.
En un segundo escenario el gobierno restablece relaciones diplomáticas y retoma la cooperación económica y de seguridad, pero modera los gestos de mayor carga simbólica en particular, posterga o condiciona el traslado efectivo de la embajada a Jerusalén ante el costo diplomático que implicaría frente a otros socios y mantiene canales técnicos con actores como China, tal como el propio Bula ha sugerido. Colombia recupera así activos materiales (tecnología, mercados, cooperación en seguridad) sin comprometerse plenamente con la dimensión ideológica que Bula y sectores evangélicos y proisraelíes cercanos a la campaña de De la Espriella promueven.
Un posible tercer escenario sería pensando en los frentes judiciales abiertos por Pegasus, la persistencia de las acusaciones de injerencia electoral israelí y la reacción de sectores diplomáticos, académicos y de la sociedad civil colombiana que históricamente defendieron la solución de dos Estados, quienes podrían generar fricciones que retrasarían o condicionarían políticamente el proceso. A ello se suma el riesgo reputacional ante países árabes, organismos multilaterales y sectores de opinión que podrían leer el traslado de la embajada a Jerusalén como una ruptura con la posición histórica colombiana sobre el conflicto israelo-palestino: el país reconoció al Estado de Israel en 1949 y estableció relaciones diplomáticas en 1957, pero también reconoció al Estado de Palestina en agosto de 2018 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, decisión confirmada por Iván Duque, y ha respaldado tradicionalmente una solución negociada de dos Estados con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente (CNN Español, 2024). En este escenario, la nueva identidad de política exterior que intenta proyectar el gobierno De la Espriella enfrenta una contestación activa que la vuelve más inestable y reversible de lo que sugiere el entusiasmo diplomático de julio de 2026.
Lo ocurrido entre el 21 de junio y el 8 de julio de 2026 condensa en menos de tres semanas un giro que en términos de política exterior suele tomar años. La velocidad del proceso confirma que, más allá del contenido técnico de cada acuerdo, lo que está en disputa es la narrativa sobre quién es Colombia en el escenario internacional: si un país que arriesga capital diplomático en defensa de causas humanitarias globales, o uno que privilegia la previsibilidad de sus alianzas tradicionales con Washington y Tel Aviv. Ese dilema, más identitario que técnico, seguirá marcando la agenda colombo-israelí en los meses posteriores a la posesión presidencial del 7 de agosto.
Bibliografía
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