Valeria Mejía Hidalgo

OPRIC

A finales del pasado mes de octubre, dos aeronaves rusas fueron detectadas, volando desde Venezuela hacia Nicaragua, atravesando el espacio aéreo colombiano, sin pedir autorización. Luego, el primero de noviembre, dichos aviones, regresaron a Venezuela cruzando, de nuevo, ilegalmente el territorio colombiano. Durante su regreso, fueron interceptados por aviones de inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), quienes lograron persuadirlos para salir lo más pronto posible del espacio aéreo del país.

 A propósito, el Comandante de la FAC, Guillermo León, reveló la existencia de autorizaciones anteriores para el cruce de aviones rusos por el recorrido Venezuela-Nicaragua, por tanto, “no entiende por qué este país no solicitó dichos permisos en las dos últimas ocasiones, cuando fueron detectados dos aeronaves rusas sobrevolando cielo nacional”[1]. De ahí que, no es clara la razón por la cual Rusia incumplió con el protocolo, solo se hace evidente su desinterés no su interés.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos “ha indicado que la situación se manejará en los niveles diplomáticos y no en términos de defensa”[2]. Esto se manifiesta con la medida tomada por parte de la Cancillería colombiana, la cual simplemente envió a Rusia una nota de protesta por la invasión ocurrida. Sin embargo, dicha nota, parece una respuesta insuficiente para algunos de los miembros del Congreso de la República, quienes consideran pertinente llevar la denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puesto que suponen necesaria la intervención de instancias internacionales en el asunto.

Entonces, la invasión del espacio aéreo colombiano por parte de los rusos es un acontecimiento polémico, en la medida en que se entiende como una amenaza tanto para la soberanía como para la seguridad nacional, si se tiene en cuenta el aspecto geoestratégico. Es decir, desde esta perspectiva, se puede interpretar el accionar de Rusia como una muestra de la complicidad existente con Nicaragua, quien intenta comunicarle a Colombia que de llegar a incumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, dicho país también cuenta con ciertos aliados para afrontar la situación[3]. El interés de Rusia, especialmente de Vladimir Putin, al mantener una relación cercana con Nicaragua y Venezuela, radica en que ha encontrado en estos países un buen apoyo para lograr aterrizar en Latinoamericana y fortalecer la imagen de Rusia hacia el mundo.

Sin embargo, este episodio, por ahora, solo es una alerta sobre las amenazas a las que se pueden enfrentar los intereses colombianos, ya que el existente acercamiento entre Rusia y Nicaragua todavía no pueden interpretarse como una alianza estratégica, pues las finalidades perseguidas por los mencionados Estados, no están completamente reveladas, por tanto no se sabe que tanta congruencia exista entre los intereses de cada uno[4].

En este orden de ideas, es indudable que la invasión rusa al espacio aéreo colombiano constituye una violación a la soberanía nacional, al leerse, desde las normas del derecho internacional público, como una amenaza, a la cual no se puede responder “tumbando aviones”, como lo sugirió el ex presidente del Congreso, Roy Barreras, pues la legitima defensa individual de un Estado solo  se da frente al ataque armado, pero no frente al uso menor de la fuerza real y aparentemente no sistemático, como en este caso.

En consecuencia, las respuestas de Colombia frente al episodio, se mueven dentro del marco delineado por la normatividad internacional, pues tanto las acciones de la FAC como las de la Cancillería, no agravan el incidente sino que cumplen con uno de los deberes del Estado como sujeto del derecho internacional público: la obligación de resolver pacíficamente sus controversias. Colombia optó por la persuasión, como primera medida, y por un instrumento diplomático, como segunda solución. Así pues, entre los planes inmediatos del gobierno no está responder en términos de defensa al sobrevuelo ilegal de Rusia, porque las condiciones del suceso no cumplen con los requisitos que permitirían alegar legítima defensa y por tanto el uso justificado de la fuerza.

En conclusión, es evidente que el gobierno colombiano decidió no sobredimensionar el episodio mencionado, pero a la vez tampoco optó por una posición indiferente, pues tomó cartas diplomáticas en el asunto. Gracias a esto, es perceptible que Colombia, pretende darle al asunto el tratamiento adecuado. No obstante, es importante que no se descuide una cuestión más profunda, el porqué de las acciones rusas y se intente responder: ¿qué intereses o intenciones hay detrás de dicha conducta? Si existe una posible alianza estratégica con Nicaragua y esto sea una respuesta al rechazo del fallo de la CIJ de La Haya frente al litigio territorial o si solo fue un descuido por parte de los rusos. Independientemente de la razón, es indispensable llegar a la responder con claridad a los múltiples cuestionamientos, pues esto prende las alarmas de los posibles riesgos a los que la seguridad nacional se encuentra expuesta.