Nicolás Martínez Patiño

OPRIC 

El 9 de septiembre Colombia y Ecuador finalmente firmaron el acuerdo por el cual consensuan no continuar con el proceso en la Corte Internacional de Justicia CIJ que tenían por la aspersión aérea de glifosato por parte del Estado colombiano cerca de la zona fronteriza, y que llegó a afectar al vecino país. Esto a cambio de que se indemnizara a Ecuador con 15 millones de dólares con el fin de que se repararán los daños provocados por la fumigación del herbicida fabricado por Monsanto, además de otras condiciones técnicas que debe cumplir Colombia a la hora de volver a fumigar cerca de la frontera. Esta es una jugada diplomática del gobierno Santos que va mucho más allá de un simple problema binacional fronterizo.

La diplomacia

El asunto fue de nuevo, como al inicio del mandato Santos, la búsqueda de una solución a una controversia internacional heredada del gobierno anterior. Esta vez, por la demanda puesta por el gobierno ecuatoriano en 2008 ante la Corte Internacional de Justicia como consecuencia de la violación, en repetidas ocasiones, de la franja de 10 kilómetros en la frontera a la hora de fumigar cultivos ilícitos, lo que terminó afectando al territorio ecuatoriano. La controversia, lejos de ser un escenario de disputa ocasional entre los dos países, estaba enmarcada dentro de la profunda crisis de las relaciones bilaterales que enfrentaba Colombia, particularmente con los gobiernos ecuatoriano y venezolano. No es raro por ello que la demanda se presentó el 31 de marzo de 2008, casi un mes después de que Colombia incursionara en suelo ecuatoriano, luego de bombardear el campamento de alias ‘Raúl Reyes’, violando la soberanía territorial del vecino país.

La rápida negociación entre el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano permitió no continuar con el proceso ante la Haya. Las efectivas vías diplomáticas que habían caracterizado a Santos en su política exterior, justo hasta el frenado en seco que conllevo el fallo de la Haya por la controversia con Nicaragua, pudieron volver a ser retomadas. La solución y la firma de un acuerdo con Ecuador en este caso recordó al Santos que muy rápidamente ignoró toda la política exterior de quien lo había catapultado a la presidencia y retomó y armonizó las relaciones diplomáticas con los países vecinos, y de la región en general.

Además, el hecho de que no se llegará hasta la Corte Internacional de Justicia y se haya logrado un acuerdo con el gobierno ecuatoriano, muy probablemente evitó una segunda derrota en un pleito internacional que hubiera tenido grandes costos políticos para el gobierno colombiano. Las numerosas pruebas del daño que ha provocado la aspersión de glifosato en la zona fronteriza anticipaban la derrota del gobierno colombiano ante el vecino país.

El contenido

Lo importante del contenido del acuerdo[1] es que el gobierno colombiano acepta que la fumigación del herbicida pudo haber afectado el medio ambiente y la salud de personas del país vecino, por lo que se reconocen 15 millones de dólares a Ecuador con el fin de que se inviertan en el desarrollo fronterizo en los lugares en donde se pudo haber causado daño. Además, Ecuador fijó unas ciertas condiciones con el objetivo de que en el momento en que se realice una fumigación en territorio colombiano, ésta no vuelva a afectar el territorio ecuatoriano.

Lo trascendental de todo esto, es que solo hasta que el acuerdo se hizo público se pudo dar cuenta que el gobierno colombiano reconoce explícitamente que las fumigaciones con glifosato pueden afectar el medio ambiente y la salud de las personas. Algo que pone sobre la mesa de debate, la continuación de la erradicación de cultivos ilícitos vía fumigación de herbicidas. La inicial ocultación del acuerdo entre Colombia y Ecuador, denunciada públicamente en repetidas ocasiones por la internacionalista Laura Gil[2], puso en evidencia que el gobierno nacional  quería evitar el debate acerca de las fumigaciones con glifosato en territorio nacional.[3]

El problema estructural

El problema estructural detrás de la demanda presentada por Ecuador ante la CIJ, y de las continuas fumigaciones con glifosato, es el del enfoque que se le ha dado tradicionalmente a la lucha contra las drogas. En abril de 2012, hace un año y medio, tuvo lugar la Cumbre de las Américas en Cartagena, y en ella Juan Manuel Santos empezó a dar pequeñas muestras sobre el cuestionamiento al enfoque punitivo contra las drogas. En esa ocasión se acordó que una comisión de la Organización de Estados Americanos evaluara ‘técnicamente’ la temática relacionada con la problemática. Además, este año el gobierno nacional creó la Comisión Asesora de Política de Drogas[4], con el fin de que le dé recomendaciones a la hora de tomar decisiones de política pública sobre la problemática señalada.

Con esto, si bien se reconoce que el gobierno nacional ha hecho pequeños avances para cambiar el paradigma, la cosa parece ir en ocasiones demasiado lenta si se tiene en cuenta tanto las fuertes condiciones que pone Ecuador a Colombia para la fumigación en su propio territorio, como el hecho de que se sabe que la fumigación con ese tipo de herbicidas tiene una afectación en el medio ambiente y en la salud humana, sin conocerse muy bien las consecuencias a largo plazo.

El hecho de que Colombia sea el único país que erradique cultivos ilícitos  de esa manera pone sobre la mesa de debate no solamente si se debe seguir con el enfoque punitivo a la hora de abordar la problemática de las drogas, sino también si es conveniente que se siga fumigando con herbicidas mientras se espera que se avance políticamente  en la nueva forma de abordar la problemática de las drogas ilícitas.

La mejor forma de que el gobierno colombiano siga avanzando sobre la mesa del debate internacional contra las drogas, es dejar de fumigar con glifosato. Ya habiendo aceptado frente a otro Estado que esa manera de erradicar las drogas es bastante perjudicial tanto para el medio ambiente como para salud humana, falta hacer lo mismo a nivel interno.

Mientras no se siga concretizando a nivel interno el discurso que se empezó en la Cumbre de las Américas acerca del enfoque hacia las drogas, Colombia seguirá siendo un laboratorio de experimentación sobre los efectos a largo plazo de los herbicidas, con todas las consecuencias éticas, políticas y económicas que acarrea ello. Para ello el proceso de paz con las FARC, con uno de sus puntos tocando la temática de la política de drogas, ofrece una excelente oportunidad para que el gobierno colombiano haga un cambio estructural en la forma en cómo ha abordado el tema.