Christian Chacón Herrera

OPRIC

El anuncio sobre los pasos a seguir respecto al fallo de La Haya y las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos tuvieron una acogida positiva en el plano interno y una recepción favorable por parte de varios sectores políticos. Aun así, el anuncio aparece en un momento en el que la popularidad del gobierno es baja, los conflictos internos pululan y la división en el país pone en riesgo la reelección del actual gobierno para la próxima contienda electoral.

Un lenguaje a medida

A pesar que es claro que la posición colombiana fue de negociación, de respeto al fallo y de una búsqueda de acuerdos con Nicaragua, en el lenguaje presentado por el presidente Santos se buscó reflejar el sentir de la población colombiana respecto al mismo.

Hablar de que “seguimos indignados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia”[1], o de que “Colombia está enfrentando, y va a enfrentar, esas pretensiones expansionistas con toda la determinación y el rigor que se requieren”[2] intentaron tener un efecto sobre la opinión pública de que las acciones que se llevarán a cabo son en defensa total de la soberanía frente a unos terceros que quieren alterar la configuración territorial colombiana. En un llamado nacionalista y marcado por lo que podría llamarse un lenguaje bélico (la mención a la pertenencia del presidente a la Marina y hablar de que defenderá “hasta las últimas consecuencias” el territorio es muestra de ello[3]) el gobierno nacional creó un sofisma de distracción que le permitió no solamente recobrar legitimidad, recoger apoyo de sectores radicales respecto al fallo, sino lograr concentrar la atención sobre una pretensión común, la defensa de San Andrés y la zona del archipiélago con lo cual pretende romper con las tensiones y divisiones internas en un momento convulsionado para el país.

Apoyos y consensos

Tras el anuncio, las diversas reacciones aparecieron dando legitimidad al pronunciamiento de la “inaplicabilidad” del fallo, una figura ambigua y de diversas interpretaciones. Pero a oídos de diversos sectores políticos y sociales, esto sonó a “no acatamiento”. Desde dos sectores políticos  más críticos de las consecuencias del fallo se dio el visto bueno a lo anunciado ya que “tanto el Polo Democrático como el ex presidente Uribe, hicieron público su respaldo a la estrategia de Santos para defender la soberanía de San Andrés y en el mar Caribe y pidieron que rodearan al mandatario en esta iniciativa”[4]. Además desde el legislativo también se ha manifestado, aunque con algunos bemoles, el apoyo a la decisión tomada respecto al fallo[5]. Dichos bemoles tanto en Senado y Cámara se han manifestado de diversas formas como, por ejemplo, el “reverzaso” a la moción de censura a la Canciller María Ángela Holguín[6] propuesta por la bancada conservadora o también la intención de reformar la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales[7] para que sean incluidos algunos sectores de la academia en detrimento de las plazas provenientes de Senado y Cámara.

Las voces desde la isla tampoco han sido indiferentes al fallo, aunque con diversas reacciones. La gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero dejó ver su apoyo al presidente Santos al manifestar que “acompañamos al presidente Santos y en cuanto a su posición, si es la de defender el territorio, allí estaremos acompañándolo. Si este tipo de tratados llegan a establecerse, se deberá contar con la participación del Gobierno departamental y de la comunidad de las islas, quienes son los directamente afectados por el fallo”[8]. Pero desde los sectores sociales de la isla se afirma que el anuncio no sólo fue tardío sino que es confuso y no deja claro que pasará con los intereses de los isleños tras la negociación de un tratado. Así pues, en la Colombia continental  el ánimo es muy distinto al de la Colombia insular.

Mecanismo de disuasión

Vale la pena traer a colación la afirmación hecha por Vicente Torrijos, el cual afirmó que “lo que está diciendo el presidente Santos es que acata el fallo y lo va a negociar con un gobierno que él mismo denuncia como expansionista"[9] es decir que el discurso envalentonado del gobierno esconde dentro de sí mismo un acatamiento que se muestra como una respuesta de negación al fallo en sí mismo. Tickner atina al decir que “es difícil no divisar en esta posición un aire intencional de ambigüedad que permite que cada quien la interprete a su antojo”[10] ya que la figura de inaplicabilidad no está determinando si hay o no acatamiento del fallo. Por ello, el gobierno Santos muestra en ésta acción una estrategia que le permita distensionar las críticas a su gobierno sobre todo en un momento de convulsión política creciente.

La probabilidad de reelección, el aglutinamiento de sectores polarizados en el país, el llamado nacionalista a la defensa del territorio son ingredientes clave en un anuncio que además concilia con Nicaragua la posibilidad de llegar de manera pacífica a un acuerdo sobre los límites recomendados por la Corte Internacional de Justicia.

Por último, la reiterada denuncia al Pacto de Bogotá es también una estrategia de “visibilización de acción” por parte del gobierno ya que en términos prácticos, la salida no niega el fallo y lo único que hace es que Colombia no esté obligado a futuro a acudir a una instancia internacional como la CIJ para resolver conflictos con otro Estado, aunque cabe aclarar que aun así, Colombia puede aceptar llevar a dicha instancia un caso, pero está en libertad de decidir si hacerlo o no, ya que el Pacto si empujaba directamente a las partes a ir a una corte internacional.

En la gestión del gobierno Santos, éste suceso podría referenciarse como un efecto de “repliegue” de la política exterior, la cual había tenido en toda la gestión la autonomía necesaria de la realidad interna al momento de tomar decisiones o presentar posiciones respecto a los asuntos internacionales.

Así pues, el anuncio de la nueva estrategia de Colombia y su ambigüedad está marcada por una tensión interna, responde a la falta de legitimidad del gobierno que alcanzó cifras de desfavorabilidad muy altas en las últimas encuestas y ha logrado parcialmente efectos positivos en términos de imagen desde la opinión pública, aunque lo único que se estableció con certeza es que llegó la hora de negociar con Nicaragua sin que se tenga claro que es lo que Colombia negociará con el país centroamericano ni cuál es la estrategia dentro de esa negociación, tema que si resulta de amplio interés.