Ángela María Hernández

OPRIC

Ya ha pasado una semana tras el anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos, en el que aclaró ante la opinión pública la posición colombiana frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que le otorgó a Nicaragua una porción de mar territorial colombiano en disputa. La estrategia anunciada tiene como sustento principal el reconocimiento de que Colombia no puede modificar sus límites por acción del fallo, por lo que éste se consideraría inaplicable. De tal modo, la Corte Constitucional colombiana quien deberá emitir un concepto sobre el tema, bajo el argumento que para dicha modificación de los límites se requiere de un tratado internacional, el cual sea aprobado por el Congreso y ratificado por el Presidente de la República.

Sumado a esto, en los últimos días la Canciller, María Ángela Holguín, afirmó que la decisión del gobierno no pretende desconocer el fallo, y que por el contrario, busca establecer un pacto, que teniendo en cuenta la Convención del Mar, pueda definir algunos asuntos sobre los que se pueda ejercer soberanía limitada. Entre estos temas están asuntos  fiscales, aduaneros, de inmigración, ambientales, sanitarios y se agregarían otros de vital importancia para ambas naciones como lo son la pesca y la cooperación en seguridad.

Frente a esto, a continuación me propongo revisar las implicaciones que tienen dicha estrategia colombiana, sus antecedentes y reacciones, particularmente con relación a la defensa y el ejercicio de soberanía en esta zona por parte de Colombia, teniendo en cuenta que es este accionar el que en últimas da cuenta de los resultados y viabilidad  del fallo para ambas naciones, y pone en evidencia el escenario sobre el que se construirían en un futuro posibles acuerdos con Nicaragua.

Antecedentes

Pocos meses antes de que se diera a conocer el fallo de la CIJ, ya eran evidentes algunos inconvenientes en la zona en disputa debido a diferentes ejercicios de soberanía tanto por parte de Colombia como de Nicaragua.

En el caso de Colombia, la presencia militar junto con los acuerdos de delimitación fueron por lo menos hasta 2007, la carta estratégica del país para defender la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia usando al Meridiano 82 como punto limítrofe, el cual fue establecido en 1928 y es desconocido por Nicaragua desde que se inicia el proceso ante la CIJ.

En 2012 en medio de la tensión por la cercanía del fallo, un ciudadano colombiano fue acusado por autoridades nicaragüenses de ejercer espionaje en contra de las fuerzas armadas de ese país, frente a lo cual Colombia argumentó desconocer sus pretensiones. De igual manera, ese mismo año se supo por fuentes oficiales, que Nicaragua habría estado ejerciendo soberanía y labores de vigilancia del Caribe al este del meridiano 82, poco antes del fallo en noviembre de ese año. Por esa época, la Armada colombiana informó sobre la presencia de presuntas embarcaciones nicaragüenses en aguas de jurisdicción colombiana que estarían, según el país centroamericano, realizando labores de investigación científica en la zona, lo cual condujo a una fuerte nota de protesta por parte de la Cancillería colombiana.

¿Qué ha pasado después del fallo?

El fallo de la CIJ que amplió la zona económica nicaragüense, le permite a este país explotar los recursos allí asentados, así como le compromete con la conservación de su suelo y subsuelo. Frente a esto, desde noviembre de 2012, Nicaragua se ha esforzado en reconocer que debe buscar aumentar sus capacidades de defensa para poner en funcionamiento su estrategia de soberanía sobre el área disputada, por supuesto, resguardándose en los límites establecidos por la CIJ. En medio de este panorama, los anuncios de Nicaragua sobre la explotación de hidrocarburos en la zona, su reforzamiento en materia militar y su intención de solicitar la ampliación de su plataforma marítima, no le han caído muy bien al gobierno colombiano.

Además, existen varios otros temas preocupantes para Colombia en materia de defensa y soberanía sobre el mar Caribe que habrían sido puestos en riesgo tras el fallo. Entre ellos, el más relevante es la lucha que vienen sosteniendo las fuerzas armadas colombianas para combatir el narcotráfico que transita en la zona. Según lo han manifestado en repetidas ocasiones las autoridades del país, preocupa que Nicaragua no tenga la capacidad de maniobra y operatividad para controlar este fenómeno, que al parecer, tiene como rutas predilectas aquellas que comunican a Venezuela, Nicaragua y Honduras. Colombia hasta el día de hoy no cuenta con ningún tipo de acuerdo con Nicaragua sobre esta materia, como si lo posee con Honduras, con quienes coopera para intercambiar información sobre la presencia de vuelos ilegales en la zona. Además, según representantes del gobierno colombiano, la ausencia de operaciones nocturnas de las fuerzas de Nicaragua, sumado a su escasa capacidad ofensiva y de reacción en el Caribe, especialmente en el área de Mosquita, se convierte en un incentivo para que las organizaciones ilegales modifiquen y aumenten su operatividad en la zona, ahora que el país centroamericano queda a cargo de garantizar la seguridad.

Por otra parte, la presencia de embarcaciones, aeronaves y tropas de otros países en la zona se ha convertido en un tema espinoso para Colombia, especialmente para sus fuerzas armadas que han tenido como cometido aumentar su presencia en esta área con el fin de generar un ambiente de seguridad y soberanía, principalmente para los pescadores sanadresanos. Así, diez días después del fallo de la CIJ, el parlamento nicaragüense aprobó ejercicios militares en el territorio marítimo en disputa, los cuales implicaron el ingreso de tropas, naves y aeronaves estadounidenses, esto con el fin de realizar operaciones antinarcóticos conjuntas en concordancia con el acuerdo de cooperación que sostienen ambos países desde 2001. Así mismo hace unos meses, con el objetivo de realizar ejercicios humanitarios y bajo el auspicio nicaragüense, habrían ingresado a la zona tropas y embarques rusos, cubanos, venezolanos y taiwaneses.

Estas acciones han estado acompañadas de repetidas declaraciones por parte del Presidente Daniel Ortega y el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, en las que aseguran particularmente que cualquier actividad económica que se tenga prevista a realizar en la zona (como lo es una posible explotación petrolera), tendría el respaldo y apoyo incondicional de las fuerzas armadas de ese país.

¿Vientos de guerra?

Previo a la alocución de Juan Manuel Santos en la que anunciaba la inaplicabilidad del fallo y los cuatro puntos estratégicos que asumiría Colombia, el gobierno de Nicaragua había hecho públicas sus intenciones de modernizar su fuerza naval, con la cual trabajaba desde el año 2000, con el fin de hacer frente a la evolución de algunas amenazas nacionales.

Sin embargo, el gobierno colombiano se mostró respetuoso de la decisión soberana de Nicaragua frente a estas adquisiciones, por lo que la canciller María Ángela Holguín ha venido descartando algún tipo de conflicto bélico con el país centroamericano, sosteniendo recientemente que "estamos absolutamente lejos de eso (una guerra), le estamos diciendo a Nicaragua que estamos listos a dialogar para un tratado. En ningún momento hay ni de parte de Nicaragua esa actitud, no hay ni un solo incidente"[1]. Si bien, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el comandante de la Armada Nacional, almirante Roberto García Márquez, también reconocieron la validez de que un país como Nicaragua fortalezca sus fuerzas armadas, fueron enfáticos en sostener que ante cualquier inconveniente, las fuerzas armadas colombianas estarán siempre prestas a hacer respetar la soberanía del país.

De otra parte, como lo reveló una nota periodística publicada por el diario El Espectador, tanto el fallo de la CIJ como los anuncios de Nicaragua, han motivado la revisión de los esquemas de seguridad colombianos frente a sus amenazas como nación. Según un alto oficial colombiano consultado por ese medio, en las ecuaciones del conflicto, Nicaragua puede llegar a ocupar el primer lugar internacional en amenazas a la soberanía colombiana, desplazando a Venezuela, y teniendo en cuenta que la principal de todas es el conflicto armado interno con la guerrilla. Sin embargo, según este oficial: “no estamos en un escenario de confrontación inminente con ese país centroamericano, pero sí se convierte en una prioridad en lo que llamamos los cajones de arena, que no son más que la preparación de nuestras tropas para lo peor esperando lo mejor”[2].

El anuncio de Santos y la estrategia de disuasión.

Si bien la pasada alocución presidencial pudo dar una respuesta temporal a la discusión frente al fallo de la CIJ, esta sigue siendo difusa y se constituye en una estrategia que solo aplaza ciertas decisiones trascendentales. En este sentido, el anuncio de un decreto para establecer una “zona contigua integral” que le permitiría a ambas naciones ejercer una soberanía limitada sobre la zona, continúa dejando en duda hasta qué punto son viables ciertas actividades económicas y militares de parte y parte, resultando urgente la elaboración de un pacto entre ambas naciones.

Nicaragua por su parte, se ha mostrado abierta al diálogo sobre posibles acuerdos con Colombia, una vez el país resuelva en el nivel interno sus inconvenientes de inaplicabilidad del fallo. Esta actual retórica de Nicaragua, serena y conciliadora, contrasta con una más firme por parte de Colombia, la cual en todo caso, implica una estrategia disuasión para una futura negociación en la que sin duda las partes tendrán que ceder en sus máximas pretensiones. A esta estrategia disuasiva se suma la intención del gobierno Santos de buscar una alianza con países como Panamá, Jamaica y Costa Rica para establecer una estrategia de acción conjunta frente al fallo CIJ, el cual viene argumentando Colombia, podría afectarles, debido a presuntos intereses expansionistas nicaragüenses.

De este modo se espera que aunque en el corto plazo se mantenga el diálogo directo y franco para llegar a un acuerdo, los ejercicios militares para resguardar la soberanía de ambos países en la zona disputada ante la CIJ, continúen y sean importantes como medio de disuasión para arribar a dichos acuerdos por la vía diplomática. Es decir, esta estrategia de disuasión que por ahora ha planteado Colombia, procura incrementar los costos de uso de la fuerza para cualquiera de las partes, por lo que como lo menciona  Mauricio Jaramillo Jassir, analista del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario[3], tampoco será extraño como hasta ahora, que tras el anuncio de Santos ambas naciones sigan acumulando el nivel de capacidades militares hasta el punto de que el uso de la fuerza sea inviable como medio de resolución del conflicto. Además, aquí se debe tener en cuenta que en este momento, la guerra como estrategia, es con seguridad una medida impopular en ambos países, particularmente en Colombia que atraviesa por una coyuntura de creciente malestar social, y que ve cercano el próximo periodo electoral.

En definitiva, todo esto dependerá de las capacidades militares desplegadas y la forma en que se dispongan, especialmente, en cercanías al archipiélago. Sin embargo, es importante que para que esta estrategia conlleve unos resultados positivos para el país, el gobierno colombiano reconozca sus errores durante el proceso y que tras años de negligencia, empiece a construir las bases de una soberanía real, junto a la población de esta zona afectada.