Adriana Mayela Hurtado
OPRIC
El fallo pronunciado por la Corte Internacional de Justicia, que pondría fin al diferendo limítrofe entre Nicaragua y Colombia, ha generado todo lo contrario. Entre el malestar colombiano por la decisión, el afán nicaragüense por aplicar la decisión y las presiones internas en ambos países, parece que el fin de este diferendo no estará muy cercano, incluso con la nueva estrategia colombiana para manejar esta situación expresada por el presidente Santos en alocución presidencial la semana pasada.
Pero más allá de discutir si en realidad Nicaragua tiene un proyecto expansionista, si la delegación colombiana encargada de manejar la defensa ante la CIJ cometió errores o de si la canciller Holguín nos pone la soga en el cuello con sus declaraciones, es preciso voltear la mirada a la región que más se ha visto afectada, no tanto por la decisión de la CIJ, sino por el rifi rafe en el que ha estado involucrada, la región que está entre ese límite tan discutido y defendido por parte y parte: El archipiélago de San Andrés y Providencia.
Según el primer fallo dado por la Corte en 2007, San Andrés y Providencia pertenecen a Colombia, motivo por el cual el gobierno colombiano confió plenamente en que el fallo posterior, correspondiente a límite entre Nicaragua y Colombia, también nos sería favorable. Sin embargo al conocerse que los jueces de la corte no consideran el meridiano 82 como el límite formal entre los dos países, el gobierno colombiano y el país en su mayoría comenzó toda una campaña de reclamos, declaraciones y patriotismos para exigir que no podemos ser nosotros los perdedores y menos en un escenario internacional como ese. Mientras esto sucedía, nadie recordaba que San Andrés y providencia habían sido ratificadas dentro de la jurisdicción colombiana y que por lo tanto una región tan importante como esta, estaba en manos de todos los colombianos. Pareciera con el fallo final de la corte, toda Colombia, especialmente el gobierno, dejó pasar la oportunidad para recordar que San Andrés y Providencia constituyen un departamento colombiano, una región con población raizal y potencialidades medio ambientales.
Solamente cuando Nicaragua comenzó a aplicar lo decidido por la corte en su último fallo y cuando los pesqueros colombianos de esta zona del mar caribe comenzaron a quejarse frente su gobierno, fue que el gobierno Colombiano recordó lo que en el 2007 había ratificado la corte, que por lo tanto existían pobladores de esa región colombiana que ahora comienzan a verse afectados por esto. Ahora, el gobierno se encuentra en la inminencia de generar planes de choque, para que una región que ha estado por tanto tiempo olvidada, logre estar al menos en equilibrio frente a los nuevos cambios que trae toda la situación del diferendo limítrofe con Nicaragua.
Pero antes de describir en qué consisten estos planes de choque que ha tenido que pensarse el gobierno colombiano, es importante mencionar lo siguiente:
San Andrés y Providencia, a pesar del fallo de la corte de 2007, siempre ha estado bajo la jurisdicción del gobierno colombiano, siendo esta región un departamento oficial de Colombia, lo que permite preguntarnos ¿cómo una región que ha estado vinculada como entidad territorial a un país, requiere en estos momentos de un plan de choque, que más allá de enfrentar las vicisitudes de la coyuntura actual, como lo es nueva definición limítrofe establecida por la corte, enfrenta problemas estructurales en cuanto al desempleo, crisis económica y ambiental?
Existen antecedentes de planes específicos para la región de San Andrés y Providencia; bien se plantean programas especiales en el Conpes 3058 en el cual se plantea la Estrategia del Gobierno Nacional para apoyar el desarrollo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aportando un diagnóstico claro para ese año, en Diciembre de 1999 planteaba casi que lo mismo que podría plantear un diagnóstico actual de la región. Y bien lo plantea el mismo documento, el problema fundamental que puede explicar la anterior situación es que “el Gobierno Nacional ha apoyado al Departamento desde hace varios años con recursos financieros y técnicos. Sin embargo, este apoyo no ha redundado en una mayor capacidad de desarrollo de largo plazo.”[1] Esta, junto con lo que se ha venido diciendo con respecto al olvido nacional de esta región, son razones claras para explicar por qué ahora el gobierno debe pensar estrategias rápidas que frenen de alguno u otra forma las consecuencias negativas que trae para los pescadores artesanales del archipiélago, la delimitación pronunciada por la Corte Internacional de Justica.
A todo esto cabe agregar que a pesar de ser San Andrés y Providencia una zona evidentemente fronteriza con Nicaragua, no se han dado por lo menos por parte del gobierno nacional, propuestas para construir una zona conjunta entre los dos países, más allá de los mandatos de la corte, para construir una integración fronteriza que permita afrontar las dinámicas especiales que atraviesa esta región. Una Zona de Integración fronteriza sería un instrumento indicado para crear puntos comunes de desarrollo de la región, como es el caso de los pescadores colombianos y nicaragüenses. Un ejemplo de integración fronteriza sería crear un espacio común que rija las técnicas artesanales de pesca de ambos lados, para que sean favorables con el ecosistema y una delimitación del espacio conjunto de pesca. Así podrían evitarse pérdidas para un lado o para el otro, construyendo un espacio de integración que permita sacar las potencialidades de las actividades en la frontera.
Tal vez el pronunciamiento del gobierno en el que da cabida a una reunión con Nicaragua para llegar a acuerdos, permita el establecimiento de este tipo de planes, que permitirían dejar a un lado la disputa por egos nacionales y soberanía militar, para comenzar a darle importancia a las preocupaciones regionales que verdaderamente importan.