Laura Camila Castillo

OPRIC

Casi un año después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el gobierno colombiano ha decidido finalmente pronunciarse frente a estas disposiciones que otorgaron 75.000 kilómetros de mar a Nicaragua y que equivocadamente ha sido interpretado como “pérdida” de territorio colombiano. En esta ocasión, el pronunciamiento tardío del Presidente Juan Manuel Santos ha sido presentado como una estrategia integral frente al fallo que consta de 4 puntos fundamentales a seguir.

Esta estrategia que hace un llamado a la indignación nacional por la perdida de territorio, y que se presenta llena de ambigüedades responde principalmente a la necesidad de satisfacer dos escenarios de una manera más o menos equilibrada: el nacional, en el que persiste la  negativa por aceptar la perdida de mar, además de la coyuntura electoral y la posibilidad de reelección del presidente el próximo año. De hecho desde el punto de vista de la política interna, “nunca, tal vez, en la historia del país, un mensaje ambiguo había resultado tan cohesionador y efectivo.

Desde la extrema izquierda hasta la derecha, incluyendo a sus más recalcitrantes opositores, Santos recibió respaldo total a su posición.”[1] Este pronunciamiento, que puede leerse desde dos perspectivas, la jurídica y la política, responde en última instancia al aplazamiento de una decisión frente al fallo y a la negativa de este gobierno por asumir los costos políticos de “perder” territorio colombiano. Por otro lado, está el escenario internacional, en el que  se vería con muy malos ojos el incumplimiento por parte de Colombia y en el que la comunidad internacional recurriría a los mecanismos internacionales para hacer cumplir estas obligaciones.

De acuerdo al pronunciamiento del pasado 9 de Septiembre, los cuatro puntos de la estrategia integral pueden resumirse en, primero, la inaplicabilidad del fallo hasta tanto no exista un tratado incluyendo la demanda del Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional; segundo, la consolidación del archipiélago a través de la declaración de la Zona Contigua Integral; tercero, la adopción de medios jurídicos y diplomáticos para proteger la reserva de Seaflower y en último lugar, la contención de las pretensiones expansionistas de Nicaragua a través de la unidad con otros países como Panamá, Jamaica y Costa Rica.

Frente a esta estrategia integral vale la pena analizar cada uno de los puntos propuestos por el gobierno nacional, a fin de aclarar algunos aspectos a las luz del fallo y de la realidad política nacional e internacional. En primer lugar, frente a la inaplicabilidad del fallo, cabe decir que aunque el presidente lo presenta como la defensa de la constitución y de las condiciones nacionales para modificar límites, esta es en realidad, la aceptación y acatamiento del fallo presentando la existencia en términos prácticos de algunas dificultades para acatarlo. En este sentido, Colombia no ha desconocido el fallo y por el contrario ha cumplido con sus disposiciones, en tanto no existen acciones reales que incumplan abiertamente lo resuelto. Por otro lado, la exigencia de un tratado para garantizar el cumplimiento, que efectivamente puede mejorar la posición de Colombia frente a lo dispuesto en el fallo no significa un cambio sustancial en los limites establecidos por la Corte y por el contrario genera falsas expectativas dentro de la audiencia nacional. Este tratado que realmente implica la negociación con Nicaragua, sobre la que se ha insistido desde este observatorio, permitiría efectivamente garantizar los derechos de los Sanandresanos y aplicar finalmente el fallo. Frente a este primer punto, lo que se puede decir, como lo explica Carlos Arévalo es que “no existe la figura de la “inaplicabilidad” y que Santos simplemente evitó decir si Colombia acata o no el fallo con la esperanza de una negociación favorable con Managua.  Es decir que “Santos está dilatando lo que en últimas será de obligatorio cumplimiento”[2].

Por otro lado, la estrategia incluye como segundo punto la constitución por decreto del archipiélago a través de la Zona Contigua Integral, que significa, la inclusión de los conceptos de "zona contigua" y de "mar territorial", uniendo de esta manera todas las zonas contiguas en el caribe occidental y entendiendo el territorio como archipiélago integral y no como territorios inconexos. Ante este punto cabe recordar que una propuesta similar fue llevada y rechazada ante la CIJ durante el proceso y que permitiría desde las facultades nacionales por encima del derecho internacional desenclavar algunos cayos enclavados por el fallo, incumplir abiertamente las disposiciones del fallo y por ende incurrir en su desacato.

En tercer lugar, la responsabilidad de asumir la defensa de la reserva de Seaflower como parte de la estrategia para defender el territorio colombiano y especialmente los derechos de los raizales, es un paso importante para garantizar su existencia, sin embargo, no es responsabilidad única y exclusiva del Estado colombiano y que por el contrario puede ser asumida por una pluralidad de países en tanto adquiere importancia global. Finalmente, el punto que hace referencia a la contención del expansionismo nicaragüense en el discurso de Santos, puede interpretarse como un matiz beligerante que hace en medio del llamado a la negociación y que busca posicionar a Colombia en una eventual deliberación con este país. Sin embargo, la unidad con otros países como Costa Rica para defenderse frente a los supuestos ánimos expansionistas de Nicaragua con una plataforma continental extendida podría tener consecuencias futuras, en tanto la delimitación territorial con este país no esta del todo definida.

Todo lo anterior haciendo referencia específicamente a cada uno de los puntos incluidos dentro de la estrategia integral presentada hace una semana por el gobierno de Juan Manuel Santos, sin embargo, frente al discurso en general puede decirse que este anuncio es definitivamente un llamado a Nicaragua a negociar la implementación del fallo que aunque se torne beligerante, no pretende en ningún momento el inicio de un conflicto de mayores escalas ni mucho menos desacatar el fallo. Este anuncio lleno de ambigüedades, le permite al presidente dirigirse a dos audiencias, la nacional y la internacional, satisfacer a quienes esperaban una dosis de nacionalismo y a quienes piden una resolución negociada con Nicaragua, llenar de esperanzas a la población Colombiana y además aplazar la decision política de la implementación. En palabras de Andrés Molano, “lamentablemente, el discurso del presidente Santos sobre la esperada “Estrategia Integral” frente al fallo fue deliberadamente ambiguo, reforzó una narrativa equivocada y engañosa, y confirma el enorme (y nocivo) peso que los cálculos de política interna y las preocupaciones electorales han tenido en el manejo del escenario pos-fallo.” [3]

En ese orden de ideas, la recomendación del Observatorio de Política y Relaciones Internacionales Colombianas (OPRIC), es una vez más negociar el acatamiento del fallo con Nicaragua de tal forma que se garantice el bienestar y los derechos humanos de los raizales sanandresanos, la estabilidad en la región y el cumplimiento del derecho internacional.