Julián Darío Bonilla Montenegro

OPRIC

En las últimas semanas se presentó un escándalo en relación con el rol que la oficina de abogados Brigard y Urrutia, de la cual uno de sus fundadores y principal socio es el ex embajador de Colombia en Estados Unidos Carlos Urrutia, ejerció para que empresas colombianas lograran adjudicares predios baldíos y así expandir sus áreas de producción. Lo anterior terminó con la renuncia del embajador, y con la posibilidad que en el Congreso se expida una ley para que desde allí se seleccione a los embajadores que representen al país en el exterior. No obstante, es más importante construir una verdadera carrera diplomática. 

Lo anterior se ha iniciado durante este gobierno pero todavía es prematura analizar el impacto que el cambio en el modelo de formación de los diplomáticos pueda tener en un espacio del sector público tradicionalmente politizada.

Una de las fallas más fuertes dentro del sistema político colombiano corresponde al hecho que el país presente uno de los índices más bajos en relación con la calidad de los diplomáticos que representan al país en el exterior. A pesar de que algunos tengan una formación académica solida, no se observa que cuenten con la preparación que se requiere para ejercer las funciones que la diplomacia exige. Como lo mencionó en el año 2011 la profesora de la Universidad de los Andes, Arlene Tickner, el “clientelismo diplomático se mantiene”[1], pues, a pesar de los cambios que se han observado en relación con el manejo de la política exterior del país, en comparación con lo que se presentó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en especial con la apertura de mayores agendas para el ejercicio de la político exterior en diversos frentes, se ha seguido con la costumbre de pagar favores políticos mediante la entrega de cargos de tipo diplomático a personas que no tienen la formación específica en este campo.

Un ejemplo reciente fue el del ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, quien es reconocido por el rol que ha llevado a cabo como asesor jurídico a nivel nacional e internacional a través de una de las firmas de abogados con más fuerza en el país: Brigard y Urrutia. Esta oficina de abogados se ha especializado en asesorías en relación con temas de derecho privado tales como derecho de propiedad, marcas, inversiones, fusiones, transacciones internacionales, entre otras. Luego de la renuncia de Gabriel Silva Luján, el Presidente Juan Manuel Santos designó a Urrutia como embajador ante Estados Unidos y comenzó a ejercer sus funciones desde agosto de 2012[2].

Las razones que dio el Gobierno para permitir la designación de Urrutia se basaron esencialmente en dos: su relación con agencias jurídicas estadounidenses e internacionales en relación con el tema de inversión y porque, como lo explicó el mismo Presidente, maneja un “inglés impecable”[3].

No obstante, se presentaron en hechos recientes varias críticas contra él, en especial por las declaraciones que llevó a cabo en el Senado Jorge Enrique Robledo, miembro del Polo Democrático Alternativo, pues él, junto al Representante a la Cámara Wilson Arias, demostraron cómo la firma de abogados Brigard y Urrutia diseñó una serie de argucias jurídicas para permitir que una gran cantidad de terrenos baldíos en el departamento del Vichada, con una extensión, según las denuncias, de más de 40.000 hectáreas[4]. Dichas tierras, en principio y por disposición legal, son consideradas como una Unidad Agrícola Familiar y no podía efectuarse su venta ni su acumulación en grandes extensiones.

Las denuncias referidas fueron llevadas a cabo desde comienzos del mes de junio del año 2013 y en ese momento la defensa del Gobierno, y del ex embajador Urrutia, se basó en que él ya no hacía parte de la firma, pues para ser embajador entregó sus acciones y renunció a la misma, sin tener en cuenta que fue durante el tiempo en el que él, Carlos Urrutia, se llevaron a cabo este tipo de acciones, legalmente validas en criterio del abogado[5], pero éticamente cuestionables.

Lo anterior se relaciona con dos elementos que se han puesto en discusión recientemente en esferas de la política nacional. En primer lugar, las críticas que existen sobre los criterios de tipo político para la selección de representantes diplomáticos de Colombia en el exterior, pues según las últimas declaraciones de la Canciller María Ángela Holguín, son personas que cuentan con unas “hojas de vida que no tienen ni una sola duda en la capacidad para ejercer el cargo”[6], pero observando con detalle, siguen dependiendo de recomendaciones políticas sin formación concreta para las actividades diplomáticas. Condición última esencial para mejorar los esquemas y el diseño de la política exterior del país.

En segundo lugar, la Senadora por el partido de tendencia cristiana MIRA, Alexandra Moreno Piraquive, propuso crear la denominada “Ley Urrutia” que busca cambiar los esquemas para la selección de los embajadores, siendo una función compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues se establece en el proyecto de ley que “la Cancillería nomine los candidatos a embajador y que sea la comisión segunda del Senado, encargada de la política exterior, la que defina si el aspirante tiene las calidades para asumir el cargo diplomático”[7]. Lo anterior se ha establecido sobre la base de estimular la carrera diplomática del país.

Este último punto es tal vez el que cobra más importancia. Pues en estos momentos se ha observado que uno de los avances que ha tenido la estructura diplomática del país ha sido la ampliación de cupos para el ingreso a la carrera diplomática. A diferencia de años anteriores, en los dos últimos años (2012 y 2013) se ha permitido crear concursos en donde se ha establecido que el máximo de personas admitidas será de 35 personas. Anteriormente, el número de admitidos oscilaba en un cifra que variaba entre las 10 y las 12 personas.

Además de la ampliación en los cupos, se ha observado un cambio en la estructura tanto del examen de ingreso a la carrera como el curso concurso para ingresar al primer año de prueba en la calidad de tercer secretario. A partir del presente año la formación no se basa tanto en condiciones de tipo académico, sino enfocadas en actividades de gestión pública; cursos como ciencia política o metodologías de investigación han sido reemplazados por asignaturas relacionadas con derecho administrativo y administración pública. El énfasis, como lo han mencionado miembros del cuerpo diplomático, es darle un carácter más tecnocrático a la función diplomática.

Finalmente, a diferencia de años anteriores, los que pasan al curso concurso realizan pasantías durante toda la duración del proceso de selección en cuatro diferentes secciones dentro de la Cancillería y recibirán una co-evaluación por parte de sus superiores con base más en criterios personales y de obtención de logros o metas cumplidas. Siendo muy importante, si se compara con años anteriores, el pago de un estímulo mensual para los que se encuentran en la fase del curso-concurso, situación que anteriormente no se contemplaba y que generaba el retiro de varias personas que no contaban con un apoyo económico para poder sostenerse durante su periodo de formación.

No obstante, este cambio en los procesos de formación y selección presenta un inconveniente si se compara con otros procesos de formación en países de América Latina como Brasil, Argentina o México. En estos países, la formación diplomática tiene un sistema similar al que comenzó a aplicarse este año en Colombia, con una diferencia fundamental: a diferencia de los acontecimientos recientes, en los demás países latinoamericanos citados todavía es posible continuar con una formación a nivel de Maestría. Anteriormente, esto era posible en Colombia, pero por diversas razones (que desafortunadamente para la fecha no se han podido establecer correctamente), ya no existe el convenio entre la Academia Diplomática, la Embajada de Francia y la Universidad Externado de Colombia para permitir que luego del año de formación los miembros del cuerpo diplomático pudieran continuar sus estudios en la maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de manera gratuita, cursando el tercer semestre académico de dicha maestría y de manera gratuita. La última promoción que pudo llevar a cabo la continuación de su formación académica fue la que tuvo el curso-concurso el año pasado y que actualmente se encuentran en su periodo de prueba. De ahora en adelante, no es posible hacer esto, a menos que se presenten de manera personal e inicien los cursos desde el primer semestre, pagando el valor respectivo de la matrícula[8].

De lo anterior se pueden concluir tres elementos de análisis. En primer lugar, es válido que por un lado se creen mejores mecanismos para la selección de agentes del cuerpo diplomático, aun cuando el proyecto de ley presentado por Moreno Piraquive no menciona de manera concreta que los que sean seleccionados en el Congreso deban hacer parte de la carrera diplomática. En segundo lugar, las propuestas para impulsar los miembros de carrera son validas y buscan alcanzar mejores condiciones de los representantes del Estado colombiano en el exterior, pero bajo una formación más enfocada en condiciones tecnocráticas y omitiendo la capacitación académica indispensable para esta clase de cargos.

Y, en tercer lugar, todavía es una propuesta que ha comenzado y que no tiene el tiempo suficiente de ejecución para poderla evaluar de manera detallada. Es necesario esperar un periodo de tiempo prudencial para establecer si quienes han ingresado desde este año al cuerpo diplomático en calidad de terceros secretarios podrán realmente reemplazar a quienes han sido vinculados políticamente en estos cargos. Generalmente los representantes diplomáticos de carrera son mayoría hasta el rango de Ministro Consejero, pero en los últimos peldaños son una minoría que se encuentra entre un rango del 5% al 10% de los cargos. Es una paradoja que se trate por un lado de impulsar una mejor carrera diplomática mientras que por el otro se siguen justificando los puestos políticos para el servicio exterior del país.