Laura Camila Castillo G.

OPRIC

A propósito de la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, la semana pasada a Colombia, las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre la “madurez” del país para hacerse cargo de la situación de derechos humanos y las recientes protestas en diferentes regiones del país con consecuentes preocupaciones de la comunidad internacional frente al tema; se ha abierto el debate en el país sobre la necesaria presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), así como sobre el compromiso y los avances del país en materia de derechos humanos.

Las declaraciones del mandatario, en las que aseguraba que “Colombia ha avanzado lo suficiente para decir no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país” y que “esas necesidades que tenía el país de tener una oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos han venido desapareciendo [1], resultaron sorpresivas y contradictorias no sólo porque en abril de este año el gobierno había asegurado ante el consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el Examen Periódico Universal, la intención de ampliar la presencia de esta oficina por tres años más; sino también por que el proceso en el que se encuentra Colombia, que es el de la búsqueda de la paz por la vía negociada, necesitará en un eventual escenario de posconflicto el acompañamiento de la comunidad internacional y la colaboración de una oficina como la de la Alta Comisionada para garantizar los derechos humanos en el país y los derechos y reparación de las victimas.

 Precisamente la respuesta de la Alta Comisionada, Navi Pillay, ante estas declaraciones fue destacar por un lado, los avances que significa la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, aclarando sin embargo, que el gobierno colombiano enfrenta aun muchos desafíos en la implementación de esta ley y en materia de derechos humanos, sobre todo si se tienen en cuenta las continuas amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos y lideres de restitución. Por otro lado, se resalta que aun cuando se han logrado avances importantes en derechos humanos, la aprobación de reformas como la del fuero militar podrían conllevar a la impunidad y demuestran la necesaria presencia de la Oficina en el país. En este sentido, la Alta Comisionada aseguró: “me doy cuenta que habrá un momento, una etapa, en donde todas estas instituciones creadas por estas autoridades funcionen bien, y que las violaciones de derechos humanos ya no estén sucediendo, entonces en este momento podremos entrar en conversaciones con el gobierno para nuestra salida del país” [2]

Como se dijo anteriormente, por la importancia que significa la presencia de las Naciones Unidas en un escenario de posconflicto y en el proceso de reparación a las victimas, la respuesta del grupo negociador de las FARC en Cuba no se hizo esperar, afirmando que plantear la salida de la Oficina en este momento “está fuera de lugar”. Así mismo, más de 900 ONG con presencia en el país han manifestado que no existen razones para temerle a la presencia de la ONU en Colombia, y que la violación de derechos humanos que aun continua en el país hace necesaria su permanencia. En este sentido, afirman que “la Oficina en Colombia ha acompañado la adopción de políticas y medidas con un impacto positivo en materia de derechos humanos. También ha sido clave al advertir sobre iniciativas legislativas regresivas o denunciar situaciones de abierta violación de derechos, como las agresiones de grupos guerrilleros y paramilitares, los llamados “falsos positivos” o las “chuzadas” del DAS. Además, ha apoyado al Gobierno en la definición de acciones para enfrentar estos fenómenos y ha supervisado su cumplimiento” [3]

La función que ha desarrollado la OACNUDH, ha sido precisamente ésta. No solo denunciar y supervisar las actuaciones del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos sino también acompañar y colaborar en la implementación de iniciativas que garanticen su respeto. Es por esto, que podría decirse que las funciones de la OACNUDH más allá de convertirla en una amenaza para el país, la posicionan como una institución de acompañamiento y apoyo a los derechos humanos en el país. Por esto, tal como lo expresó la Alta Comisionada, el mandato consiste en contribuir a mejorar la situación de derechos humanos a través del monitoreo, la cooperación, el cabildeo e información con el fin de asesorar al estado y ayudarle a adaptar su legislación y su práctica para cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos. [4]

En ese sentido, cabe preguntarse por qué la Oficina es percibida como una amenaza por el gobierno colombiano y cuál es la importancia de su presencia en el país. En primer lugar, frente a la percepción del gobierno y de algunos sectores de la población sobre la Oficina, pueden resultar ilustrativas las reacciones del gobierno frente a las recientes declaraciones de la OACNUDH sobre las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en medio de las protestas desarrolladas en el Catatumbo, que aunque fueron en alguna medida apresuradas, resultan incómodas en tanto demuestran que la Oficina mantiene y mantendrá informada a la Comunidad Internacional sobre cualquier tipo de trasgresión por parte del Estado o de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, y en coherencia con las aspiraciones de una política exterior de alto perfil, la presencia de la Oficina demuestra que aun existen grandes desafíos en materia de Derechos Humanos lo que resulta contradictorio para un país que busca pertenecer a las “grandes ligas”, por ejemplo, como miembro de la OCDE. Sin embargo, lo que le permitiría a Colombia avanzar verdaderamente, sería un compromiso serio con los derechos humanos y la solución real de las necesidades de las poblaciones más vulnerables, y no la salida de una oficina que, por el contrario, puede colaborar en este proceso.

Por otro lado, frente a la necesaria permanencia de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia, más allá de la evidentes razones que presenta un país que aun mantiene un conflicto armado interno; el proceso de paz y un eventual escenario de posconflicto, posiblemente necesitarán de un acompañamiento de la comunidad internacional, en el monitoreo de los acuerdos, en el proceso de reparación a las victimas y en el respeto por los derechos humanos una vez finalizado el conflicto.

Para finalizar, este artículo permite concluir en primer lugar, que las recientes reacciones del gobierno colombiano, no son un hecho exclusivo del gobierno de Juan Manuel Santos, sino mas bien que el rechazo a la supervisión y apoyo de las Naciones Unidas en temas de derechos humanos ha sido una constante de los recientes gobiernos y de la Cancillería misma que se muestra reacia a la presencia de la Oficina en el país. En segundo lugar, que este rechazo se debe más que a un verdadero compromiso y avance en el respeto por los derechos humanos, a una necesidad de reflejar ante la comunidad internacional que Colombia esta preparada para asumir una política exterior de alto perfil, aun con los grandes desafíos en esta materia que aun permanecen. Y finalmente, no puede olvidarse que la presencia de la OACNUDH en el país, extendida un año más, es necesaria para garantizar el respeto de los derechos humanos tanto en el actual conflicto armado interno así como para un eventual escenario de reconciliación, y que si Colombia quiere fortalecer su imagen internacional y su alto perfil, podría aprovechar la presencia de la Oficina para solucionar verdaderamente los retos en Derechos Humanos que aun tiene.