Christian Chacón Herrera

OPRIC

En la última semana se confirmó la invitación formal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) a Colombia para ser país miembro, proceso que implicará un diálogo bilateral en agendas reformistas para el mejoramiento de algunos aspectos político-administrativos que le permitan al país hacer parte del grupo bautizado como el de las “buenas prácticas”.

La OCDE como organización es un espacio de encuentro para la discusión de políticas públicas, fomento de la gobernanza, el desarrollo político, económico y social, además de fijar estándares internacionales que den cuenta de los mejoramientos en aspectos diversos como salud, educación, manejo de inversiones, mercado financiero y otros [1] con lo cual, realizan estudios que, acordes con las lógicas de mejor gobierno y gerencia pública, determinan recomendaciones a los países para el mejoramiento de las políticas públicas internas, las cuales se formulan desde think tanks de la misma organización.

Colombia viene buscando desde tiempo atrás la adhesión a esta organización y el anuncio realizado la semana pasada es, en buena medida, la consolidación del proceso que se ha llevado a cabo de la mano del Embajador nacional en Francia, Gustavo Adolfo Carvajal, y Cristina Crane, la alta consejera para la gestión pública y privada [2]. El golpe mediático que ha tenido la noticia vuelve a poner en relieve el alto perfil que viene buscando el gobierno de Juan Manuel Santos en materia de política exterior que se ha visto diluido tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia el cual rompió con la dinámica exterior que se venía trayendo desde el gobierno nacional. Pero ¿qué se viene con este anuncio y cuáles son las perspectivas?

Una certificación de calidad y crecimiento con algunas distorsiones.

Un futuro ingreso a la OCDE (que según proyecciones se concretará definitivamente en dos años) ha suscitado una gran variedad de comentarios positivos por las repercusiones favorables que tendría para el país. Así, el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas “aseguró que para Colombia lograr el ingreso a la OCDE sería tan importante como haber recuperado el grado de inversión por parte de las agencias calificadoras de riesgo” [3] mientras que el economista Mauricio Reina ha dicho que “"Tendríamos un motivo más para mantener buenas políticas en diversos sectores de la economía. Sería una especie de cinturón de seguridad para hacer las cosas bien" [4] mientras que el decano de la facultad de economía de la Universidad de la Sabana, Alberto Naranjo, enunció que “Quisiera resaltar el tema de la confianza que le da la comunidad internacional al camino que está recorriendo Colombia a nivel económico y social. Y esa confianza se va a traducir en mucha mayor inversión extranjera directa y muchos más negocios con Colombia” [5].

Como se puede ver, la percepción del ingreso de Colombia a la OCDE es positiva y ha generado un aire de confianza a la apuesta del gobierno en esta materia. Hay que decir que la apuesta por ingresar a la institución es positiva y sin duda generará un mejoramiento de algunas estructuras políticas a partir de recomendaciones y apuestas respecto a temas como corrupción (que Colombia viene manejando) y desarrollo de una administración pública más eficiente. Sin embargo, habría que hacer reparos en algunos aspectos a continuación.

En primera instancia es la confirmación de una lógica comercial en lo exterior marcada por acuerdos bilaterales que reivindican el libre comercio y un futuro ingreso a la OCDE le permitiría a Colombia negociarlos con un mayor perfil y, en teoría, acordar entre iguales, ya que la certificación que recibe el país es el de no sólo tener unos altos ingresos y estabilidad macroeconómica sino el de ser un país con “buena nota” en sus prácticas gubernamentales. A esto va ligada la profundización del modelo de inversión extranjera ya que la nota crediticia le permitiría al país una mayor confianza para los inversionistas. Dicho esto, es importante también remarcar que estos puntos positivos también pueden generar una alta dependencia de la inversión foránea sin el fortalecimiento de la industria y la inversión nacional, además de la ampliación de la lógica de apertura que no implica necesariamente crecimiento y puede devenir en una desarticulación del mercado nacional.

Pero además, la lógica de las “buenas prácticas” no necesariamente es un signo de fortalecimiento en aspectos sociales ya que, como se sabe, muchos de los países que pertenecen a la OCDE hoy en día pasan por graves crisis internas (en términos económicos y sociales) respondiendo a dichas prácticas. Un ejemplo de la contradicción entre “buenas prácticas” en conflicto con necesidades sociales es que la OCDE ha celebrado la implementación de la llamada “regla fiscal” en Colombia y la reforma al régimen de regalías, temas que internamente han sido debatidos ya que la primera pone en conflicto la estabilidad fiscal con la garantía de derechos y la segunda ha vulnerado las garantías a las regiones que se ven afectadas por las exploraciones del subsuelo [6].

Aunque no desatina Ángela Julieta Mora, docente universitaria, al afirmar que este tipo de decisiones en el gobierno Santos "le ha dado fuerza a la política exterior que tiende hacia una apertura económica" [7] hay que decir que el ser un “nuevo rico” en la comunidad internacional trae aparejado retos sobre todo en términos de cooperación internacional. Que Colombia hoy sea un país de renta media-alta (calificación otorgada además por la OCDE) le implica una separación de los recursos de la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) y de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a pesar de que el país aun tiene retos pendientes como reducir la inequidad, mejorar la infraestructura, dar término al conflicto y pensarse el posconflicto. Por ello, también hay que resaltar que “Colombia pasó de ser un país de renta media en 2009 a un país de renta media alta en 2011 lo que disminuye significativamente la asignación de los recursos para el desarrollo, desconociendo los otros indicadores de desarrollo del país, como el Índice de Desarrollo Humano, o los indicadores de realización de derechos humanos” [8].

Desde la lógica de la Cooperación Internacional, Colombia ya respondió a las lógicas de la “mejor gestión” en esta materia a través de la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) que busca ser la institucionalidad que concentre sus esfuerzos en la demanda y la oferta de cooperación dentro del país a pesar de las fuertes críticas que se les ha suscitado por la no inclusión de algunos actores de la cooperación a nivel interno como lo exige la Declaración de París, también formulada por la OCDE [9]. Además ha ampliado su interés en ser un oferente de cooperación, con lo cual intenta desprenderse de la lógica de país “recolector” de recursos internacionales pero en materias que no ha resuelto internamente como la lucha contra el narcotráfico.

A partir de esto, preguntarse si Colombia está preparado para afrontar el reto de ser un “nuevo rico” es imperativo, ya que el crecimiento económico de los últimos años no se ha visto necesariamente representado en desarrollo e inclusión y la necesidad de recursos vía cooperación internacional siguen siendo alta ya que el crecimiento, basado en la llamada locomotora minera,  no es una constante y está sujeta a fluctuaciones de precios y de demanda.

Así pues, la apuesta de Colombia de continuar con el rumbo del alto perfil en política exterior e internacional se confirma en este aspecto y responde a la agenda del gobierno actual. Aunque la expectativa es alta, vale la pena reparar en varios aspectos fundamentales ya que aunque se ha avanzado en términos de crecimiento, Colombia hoy no ha profundizado en términos de desarrollo. Puede sonar paradójico que un país con los niveles de pobreza que tiene Colombia ingrese al “club de los países ricos”. Pero como lo señala Sergio Clavijo, justamente es la "oportunidad para hacer las tareas estructurales pendientes que permitan acelerar el crecimiento y reducir la pobreza” [10]. ¿Las “buenas prácticas” nos llevarán a ese bueno puerto? O ¿llegar a ese buen puerto nos pondría en capacidad de profundizar en las buenas prácticas? Es una pregunta que valdría la pena reflexionar.