Angela María Hernández

OPRIC

Como resultado de uno de los mandatos de la pasada Cumbre de las Américas organizada por Colombia en el año 2012, en los últimos días la OEA presentó ante la opinión pública del hemisferio el informe “El problema de las drogas en las Américas”, el cual contó con el aporte del BID, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de los gobiernos de Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Turquía.

En el evento en el que el Secretario General de ese organismo, José Miguel Insulza, hizo entrega de dicho informe al Presidente Juan Manuel Santos para que éste lo compartiera con los demás mandatarios, el jefe de Estado colombiano hizo un énfasis en que el documento entraña “una mirada fresca e innovadora a la problemática de la lucha contra las drogas ilícitas”[1].

Frente a la posición de Colombia en la materia, también se cuenta la reciente visita del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a Washington y el encuentro programado para los próximos días entre el gobierno colombiano y el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el que sin lugar a dudas este aspecto será abordado.

En todo caso, el gran movimiento que se ha generado en las últimas semanas frente al tema, responde a la evidente necesidad que tienen los países de la región directa e indirectamente afectados, por redefinir una estrategia de combate militar promovida por Estados Unidos y  que algunos han argumentado, ha perdido eficacia y legitimidad.

El Informe de la OEA: ¿Qué hay de nuevo?

El Informe está compuesto por un apartado analítico frente al problema de la lucha contra las drogas ilícitas, así como cuenta con una definición de los posibles escenarios en los que se podría dar esta revisión estratégica. En el contenido del informe presentado por Insulza se hace un énfasis en que el trato hacia el tema privilegie el componente de salud pública, y en este sentido, la opinión científica prevalezca sobre la política. Así mismo, al realizar un estudio técnico sobre las fases de producción, tránsito, comercio y consumo de las drogas, el informe reconoce que no existe un solo problema sino que se asiste  a una diversidad de factores que afectan a cada país de manera distintita, por lo cual unos podrían tender a mayores afectaciones que otros.

Sin lugar a dudas, el aspecto de mayor relevancia en este informe es que empieza a acoger la necesidad de descriminalizar el consumo de drogas ilícitas, en la medida en que este problema deja de ser un asunto de seguridad nacional y pasa a ser un  tema de salud pública y seguridad ciudadana. Al respecto, la OEA propone mayores inversiones sociales y un fortalecimiento institucional por parte de los Estados para contrarrestar esta problemática.

Sin embargo, aquí habrá que hacer ciertas claridades y es que tanto en su contenido como en la presentación hecha por del Secretario General de la OEA, se resalta la idea de entender el documento como un simple estudio que apunta a generar un posicionamiento serio e imparcial sobre el tema, y en ningún caso comporta directrices o mandatos por parte de la organización. De igual manera, el informe no sugiere adoptar iniciativas como la legalización del consumo en los países, solo alude a contemplar la posibilidad política de una despenalización. Frente a esto “los firmantes señalan en su artículo que el estudio de la OEA define caminos complementarios en lugar de mutuamente excluyentes hacia una reforma en la política de drogas actual”[2].

Por demás, figuras como el presidente Santos si bien se han manifestado a favor de la propuesta, reconocen que cualquier iniciativa acorde con esta debe estar dirigida a respetar el marco de las convenciones de Naciones Unidas frente al combate contra las drogas.

Del informe hay que rescatar el especial énfasis en el tratamiento del problema de las drogas ilícitas como un asunto de salud pública, y en consecuencia como una solución alternativa en la fase de consumo de la cadena en oposición a la lucha por vía militar promovida por Estados Unidos, de tal modo que un debido tratamiento al consumo puede devenir en un consecuente debilitamiento de las esferas de producción y circulación. Lo anterior, ante todo tiene en cuenta factores como el incremento del consumo y la violencia en Latinoamérica, y que se constituye en la principal preocupación de los mandatarios de la región. De igual manera, es importante destacar el modo en que es presentada esta propuesta, no como una iniciativa unilateral e impositiva, sino como parte de un acuerdo de la comunidad internacional por presentar un punto de vista que hasta ahora solo era acogido por los sectores académicos.

La posición estadounidense

En varias oportunidades, diferentes actores han puntualizado en la obligación de Estados Unidos de comprender la lucha internacional contra las drogas ilícitas como un asunto que entraña responsabilidades compartidas y que ante todo, no se puede abordar de manera efectiva si no se precisa que la mayor parte de los consumidores de drogas tienen presencia en Norteamérica y Europa. En el informe presentado por la OEA por ejemplo, se puntualiza en que el 1% de las ganancias del narcotráfico va para los productores y el 65% es para los expendedores que tienen presencia en países como Estados Unidos, el que además aporta el 81% de consumidores de marihuana del continente[3].

Frente a este escenario, algunos analistas se han aventurado a señalar que tras la llegada del presidente Barack Obama al poder en Estados Unidos, se ha configurado un cambio discursivo frente al tema, en el marco de lo que sería una nueva mirada hacia América Latina. En efecto, en la nueva Estrategia Antidrogas presentada por el gobierno estadounidense el pasado mes de Abril, se evidencia un tratamiento diferente a esta problemática. De tal modo, ciertas similitudes se contemplan con el reciente informe de la OEA, en la medida en que asume la lucha contra las drogas como un asunto de salud pública y responsabilidad compartida a nivel regional. De igual manera, tal estrategia comporta un fortalecimiento en las instituciones, un redireccionamiento de los fondos y ante todo, un nuevo y más especializado papel de la justicia en la no criminalización de los consumidores.  

Sin embargo, en los últimos días representantes del gobierno Obama señalaron que el informe de la OEA estaría en contravía con el derecho internacional, y que en tal caso, “quienes busquen una "solución mágica" al problema de las drogas no la encontrará en este informe"[4]. A su vez, en la nueva Estrategia Antidrogas, el gobierno estadounidense resalta los resultados y la posibilidad de profundizar proyectos vigentes como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México. Mientras al otro lado del ruedo, los presidentes de Guatemala y Nicaragua le han expresado a Estados Unidos la necesidad de que su estrategia al respecto reduzca el componente policivo-militar, e introduzca cambios en otros temas como el tráfico de armas.

Proyecciones para la Política Internacional Colombiana

Como impulsor del debate en la pasada Cumbre de las Américas, y ante el guiño estadounidense frente a una posibilidad de cambio, el gobierno colombiano presenta retos importantes en el escenario internacional a propósito de la lucha contra las drogas ilícitas, sobre todo teniendo en cuenta su propósito de posicionarse como un actor global. Frente a esto, el gobierno Santos ve el informe de la OEA como la impronta para seguir alineando esos objetivos internacionales con temas de la política interna, como por ejemplo las negociaciones para la terminación del conflicto armado con las FARC, en las que evidentemente convendría tomar posiciones conciliadoras ante un posible escenario de post-conflicto.

Sin embargo, la posición colombiana más allá de representar un giro o un cambio de paradigma frente a lucha internacional contra las drogas ilícitas, es vista más bien, como una propuesta de transición en la que conviven la despenalización y el combate frontal de tipo policivo-militar, ante todo en la esfera de producción. En esa vía, la cooperación con  Estados Unidos continúa y probablemente, continuará siendo de vital importancia para Colombia, de tal modo que en concordancia con en diálogo del Ministro Pinzón con el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, el pasado 1 de mayo en Washington, Estados Unidos se ha “comprometido a mantener el apoyo de las capacidades que son más estratégicas en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico e incluso a evaluar la posibilidad de seguir fortaleciendo cierto tipo de ayudas que puedan marcar una diferencia".

Lo que se espera en este sentido, es que el monto actual ofrecido por Estados Unidos en el marco del Plan Colombia pueda redireccionarse hacia otras áreas de incidencia. En todo caso, si bien puede que por efecto de la actual crisis de cooperación estos recursos se reduzcan cada vez más, las bases ideológicas constitutivas de la estrategia antinarcóticos estadounidense se mantengan presentes en la forma en que Colombia está ofreciendo cooperación en seguridad y defensa hacia otros países.

Por su parte, resulta importante el apoyo que han manifestado varios países de la región a la propuesta colombiana cristalizada en el Informe de la OEA, en la medida en que como ya lo ha anunciado Santos, se configuran nuevos escenarios de discusión frente al tema de las drogas, por ejemplo en el marco de la Alianza Pacífico. Sin embargo, será en la próxima Asamblea General de la OEA a realizarse en Guatemala, donde se verificará la consistencia de tal apoyo, sobre todo frente a los países que ven con recelo el papel de la OEA en la región y la verdadera incidencia de la posición estadounidense en las decisiones que allí se toman.