Nicolás Martínez P.

OPRIC

Si algo ha caracterizado al gobierno de Juan Manuel Santos en el aspecto comercial es que ha diversificado increíblemente las relaciones con los demás países mediante la negociación, trámite y firma de múltiples acuerdos. La séptima cumbre de la Alianza Pacífico, llevada a cabo la semana pasada en Cali, se suma a otros tratos comerciales que se han decantado y se han venido decantando como los TLC’s con Estados Unidos, Corea del Sur, y la Unión Europea; sumando además, el que se está negociando con Japón y cuya segunda ronda de negociación finalizó en días recientes.

La primera noticia de la semana entorno al nuevo bloque comercial ocurrió el 22 de mayo cuando el presidente Santos, la canciller Holguín, y el ministro de Comercio Exterior, Díaz-Granados ratificaron el documento que reglamenta el funcionamiento de la Alianza [1], luego de que se hubiera discutido y aprobado en las plenarias de Cámara y Senado de Colombia. La aprobación de la Ley del Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico en el órgano legislativo finalizó el proceso de trámite para la formalización del acuerdo internacional por parte del gobierno colombiano.

Luego de este abrebocas comercial, tuvo lugar el evento realmente importante. Los mandatarios de los países que conforman el nuevo bloque –México, Chile, Perú y Colombia- se reunieron durante dos días dejando como hechos importantes [2] la reducción de la totalidad de los aranceles de al menos el 50% del universo de bienes a partir del 30 de junio -con miras a reducir el del 90%-; la creación de un Fondo de Cooperación con un presupuesto de un millón de dólares, contando con la participación de 250.000 dólares por país; la creación de una visa Alianza Pacífico para promover el turismo de terceros a través de los cuatro países; la admisión de siete países observadores, para completar un total de dieciséis; además de dar los primeros pasos para que se incorpore a Costa Rica como primer país observador que pasa a ser miembro pleno, después de que hubiera avanzado en el último requisito -tener vigentes acuerdos comerciales con cada uno de los miembros plenos- luego de firmar el TLC con Colombia.

La heterogeneidad de países que quieren vincularse y se han vinculado como miembros observadores es diciente de la relevancia que empieza a tomar poco a poco el nuevo bloque comercial. El caso de Ecuador es ejemplar teniendo en cuenta que inicialmente rechazó la invitación para ser miembro fundador debido a cierto carácter político del bloque –Chile, México, Perú y Colombia son países que comparten ciertas características a nivel internacional comunes, como haber confiado plenamente en el libre comercio como receta para la prosperidad económica-. Sin embargo el país vecino terminó incorporándose en figura de miembro observador junto a una variedad de países tanto de Europa -Francia, España y Portugal- como del mismo continente americano -El Salvador, Honduras, Paraguay y República Dominicana-.

La grandilocuencia con la que es presentada la integración no oculta, sin embargo, los  cuestionamientos respecto a las bondades del libre comercio y su incuestionable gana-gana. En primer lugar se observa como a un año de haber entrado en vigencia el TLC con Estados Unidos, la evaluación que hace un economista como Eduardo Sarmiento, no parece muy alentadora [3]. Los cuestionamientos a los múltiples beneficios que prometió ese tratado comercial en cuanto a empleo, modernización y balanza de pagos, no dejan de parecer oportunos respecto al afán de firmar tratados comerciales. Las preocupaciones sobre los impactos de la consolidación del bloque comercial Alianza Pacífico, en el sector agrícola se vuelven a reavivar -TLC con Estados Unidos y con Corea del Sur-, y la Sociedad de Agricultores de Colombia, y gremios como los productores de arroz [4] no dejan de poner sus inquietudes sobre el devenir del agro colombiano.

Es ejemplar como Juan Camilo Restrepo, reconociendo que en el TLC con Estados Unidos el agro no salió bien librado, ve en los nuevos acuerdos comerciales que se pretenden impulsar con la consecución de la Alianza Pacífico, una oportunidad para hacer el ‘desquite’ frente a lo poco logrado para el sector agrícola en anteriores tratados comerciales [5]. El discurso del gana-gana con el que se han venido impulsado los Acuerdos Comerciales se ve desdibujado y parece haber más que nunca, la necesidad de que el gobierno tome en consideración seriamente las diversas posturas de los gremios que se ven afectados a la hora de firmar un acuerdo comercial, sobre todo en los casos particulares de los campesinos y productores del agro.

Esto es bastante importante tomando en consideración el contexto económico colombiano. Síntomas de enfermedad holandesa con un agro y una industria que decrece y con un crecimiento del PIB que es solo arrastrado por el auge minero-energético, se suman al enorme reto de lograr las condiciones necesarias para que la economía colombiana pueda competir de igual a igual con los países que negocia tratados comerciales [6]. Es difícil pensar que la Costa Pacífica colombiana, con su fragilidad institucional, su enorme pobreza, y su poca infraestructura, pueda estar lista para entra a competir dentro de la Alianza Pacífico de una manera igualitaria.