Nicolas Martinez P.

OPRIC

El gobierno Santos se encontró por estos días en el gran dilema de si defender o no abiertamente, a uno de los ciudadanos colombianos, más ilustres para unos, y más odiado para otros, el expresidente Uribe.

La polémica se desató, como es bien sabido, por unas fuertes declaraciones de Maduro respecto a Uribe. Esto venía siendo lo habitual, no solamente entre el nuevo presidente venezolano y el expresidente colombiano, sino también entre el fallecido Chávez y Uribe.

Sin embargo, la polémica pasó de las habituales disputas políticas -típica controversia izquierda versus derecha en donde se cuestiona no sólo el modelo económico sino también la legitimidad política- a unas fuertes acusaciones pertenecientes ya puramente al plano personal: Uribe junto a exfuncionarios del departamento de Estado de Estados Unidos y un sector radical de la oposición venezolana planearían el asesinato de Maduro, lo que se conoce en el código penal colombiano como concierto para delinquir, en este caso, para cometer un homicidio.

Este tipo de declaraciones se asemejan bastante a las que hacía en su momento Chávez respecto a sectores políticos estadounidenses y de la oposición venezolana Siguiendo el hilo de declaraciones del gobierno venezolano, el asesinato se habría concretado con la incubación del cáncer que mató a Chávez por parte de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

El tema tomó entonces relevancia, porque a pesar de que Uribe y Chávez tuvieron infinitas peleas políticas,  nunca se había pasado al plano de las acusaciones personales en las relaciones bilaterales. Lo que exigió por parte del sector uribista, y del presidente Pastrana -que ahora parece incorporarse a los mosqueteros uribistas- una declaración por parte de Santos.

La respuesta del gobierno Santos a las presiones a los sectores uribistas, y a la presión del expresidente Pastrana fueron dos: una vía twitter, en donde trinó “La dignidad de los expresidentes se defiende mejor, no a gritos ni con insultos públicos, sino por los canales diplomáticos correspondientes”; y otra, convocando a una reunión entre la Canciller Holguín, y el embajador venezolano Iván Guillermo Rincón.

La reunión que tuvo lugar el lunes en la tarde, sin embargo de la misma no surgió ninguna nota de protesta, la cual es usada para expresar diferencias entre Estados, sino simplemente una declaratoria de inconformidad por las declaraciones de Maduro, lo que no tiene ninguna relevancia jurídica a nivel internacional. Esto se debió precisamente a que no hay ninguna diferencia entre Estados, sino más bien unas diferencias interpersonales. Uribe como exmandatario ya no hace parte del Estado colombiano, ni representa más al pueblo colombiano, mucho menos al gobierno Santos al cual no ha cesado de atacar, por lo que no hay una obligación por defenderlo en estas instancias. Esto lo parece comprender perfectamente el gobierno venezolano, ya que de lo contrario Maduro habría enviado múltiples notas de protesta por los masivos ataques de Uribe a lo que él llama ‘dictadura chavista’.

Pese a lo anterior no deja de llamar la atención de que Santos se haya preocupado por hacer algún tipo de acción por medio de su canciller. Esto parece causado no solamente por las presiones del sector uribista, desde su ‘Centro Democrático, sino sobre todo por una cosa extraña que ahora llaman ‘dignidad de los expresidentes’, al cual Santos menciona en su trino. Este término terminó siendo popularizado por uno de ellos, Pastrana, a quien se recuerda diciendo, en una pregunta de campaña presidencial, que no extraditaría a Samper a Estados Unidos por el proceso 8000, debido a que hay una especie de ‘dignidad de expresidentes’ a la cual los gobiernos de turno tienen que defender a toda costa.

Cabe preguntarse ¿Qué tanta relevancia jurídica tiene aquello de ‘dignidad de expresidentes’? Independientemente de que las declaraciones de Maduro, sean unas declaraciones serias, o hagan parte de las habituales declaraciones de complots en contra de los gobiernos chavistas, Uribe tendría inmunidad diplomática para que lo juzgasen en tribunales extranjeros solo respecto a los actos que haya hecho como gobernante de Colombia, lo que quiere decir que si se le abriera un proceso en una corte venezolana a Uribe como participe de un plan reciente para asesinar a Maduro, podría perfectamente ser juzgado en Venezuela, por el equivalente en el código penal venezolano de lo que sería concierto para delinquir. De lo que se concluye que ese ambiguo termino de ‘dignidad de expresidentes’ no obliga a Santos a defender a Uribe por más expresidente que sea.

¿La pregunta sería, por qué entonces lo defendió, en una escueta declaración de inconformidad? Una respuesta probable, sería que en aquella reunión a puerta cerrada entre Holguín y Rincón, de la cual no ha surgido ninguna declaración oficial, las partes llegaron al acuerdo en que ese tipo de afirmaciones –sino son serias y hacen parte de las habituales declaraciones chavistas- lo único que hace es alborotar el avispero político colombiano, favoreciendo que los uribistas quieran poner en peligro las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia.

Lo que queda por ver, es si finalmente el gobierno colombiano emite una declaración oficial a propósito de la reunión que sostuvo el pasado lunes 6 de mayo con el embajador venezolano, por ahora las relaciones diplomáticas entre los dos países parecen no haber sido afectadas por la controversia.