Christian Chacón Herrera

OPRIC

Hace algunos días apareció en la edición digital de la revista Semana un artículo escrito por la excanciller Noemí Sanín junto con Miguel Ceballos Arévalo, ex ministro de justicia, titulado “El fallo de La Haya: ¿Triunfo de Nicaragua o cuento chino?”[1] en donde analizan el fallo de la Corte Internacional de Justicia a partir de una nueva evidencia la cual consiste en que “el interés de China de tener su propio canal en Nicaragua, podría explicar parte del absurdo fallo del Tribunal de Justicia de La Haya que hace que nuestro país esté en riesgo de perder arbitrariamente 75.000 kilómetros de áreas marinas y submarinas”[2].

Con lo anterior, los autores del artículo (que además planean publicar un libro sobre el particular), buscan poner en evidencia una tensión geopolítica a la hora de la realización del fallo, es decir, no se dio un fallo en derecho, sino lo que podríamos llamar un fallo politizado. Ésta posición hace parte de las diversas reacciones que ha tenido la decisión emitida por dicho tribunal, en las cuales el desconcierto es total. Coincidimos con Socorro Ramírez que al respecto nos dice que  “El desconcierto nacional, explotado por sus dirigentes, se ha traducido en indignación”[3].

Dicha pérdida de orientación ante el suceso, se ha traducido en llamados al desconocimiento del fallo, a hablar de su inconstitucionalidad , desconociendo que las instancias internacionales están por encima de cualquier legislación nacional y por último traducido en posiciones, como la mencionada anteriormente, en donde se habla de intereses ocultos alrededor de un fallo injusto.

Aunque la evidencia de la construcción del canal interoceánico en Nicaragua y la participación china en la misma son elementos válidos para pedir un recurso de revisión ante la Corte (por la aparición de nuevos sucesos desconocidos en el momento del fallo) en un intento por recuperar la integralidad del territorio marítimo de los cayos y las islas de la zona de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es peligroso afirmar de manera categórica que el fallo estuvo viciado por intereses geopolíticos y que los jueces de la Corte, como es el caso mencionado de la jueza china Xue Hanqin, se vieron envueltos en un conflicto de interés al momento de tomar la decisión.

La Corte Internacional de Justicia es un organismo constituido por la Organización de las Naciones Unidas para la resolución de conflictos entre los Estados y legitimado por los mismos, así que una declaración de ese tipo no tendría asidero como argumento para dar cuenta de la injusticia del fallo. Es válida la afirmación hecha por la ex canciller y el ex ministro cuando dicen que “Colombia tiene el derecho y el deber de preguntar tanto a la jueza china Xue Hanqin, como al presidente de la Corte Internacional de Justicia, si conocían o no de la participación de China y de sus empresas en la construcción de un canal interoceánico”[4] pero no puede darlo como un hecho, ya que se presenta como una artimaña de larga data en donde Nicaragua tenía todo urdido desde hace unos años en cabeza de Carlos Argüello Gómez que conocía a la jueza y que trabajó en Holanda por años incidiendo en la decisión.

El artículo por momentos toma un tono de “conspiración” y hace referencia a “confesiones” hechas por las autoridades nicaragüenses ya que, refiriéndose a una declaración de Argüello Gómez respecto a las pretensiones de Colombia de impedir la construcción del canal (declaraciones que no tienen ninguna fuente citada ni un lugar donde consultarlas aunque si especifican lugar y fecha) dice el artículo que “con esta declaración, que es una confesión, el mismo Argüello involucró el tema del canal interoceánico como parte del litigio con Colombia”[5].

Posiciones como estas muestran dos cosas. En primera instancia que el fallo golpeó la confianza entregada al proceso de defensa que venía trabajando el gobierno colombiano, aunque Ramírez afirma que “los gobiernos colombianos que fueron parte del proceso en La Haya se vanagloriaban de haber adelantado una política de Estado. El fallo mostró que había existido tan solo la continuidad de una estrategia jurídica tan débil que al final pocos defendieron” [6]. Por otro lado muestra el intento de encontrar culpables por fuera de los involucrados en el proceso, es decir, lavarse las manos ante la responsabilidad que atañe a cada uno de los gobiernos y las estrategias dentro de este proceso.

Ha sido afortunada la posición de la Cancillería que no ha dado revuelo a estas declaraciones y ha mantenido un perfil bajo respecto al tema, pero, como ya se ha mencionado en otros análisis de coyuntura, [7] el Ministerio de Exteriores se ha preocupado más en la revisión del fallo que en llegar a un diálogo más abierto con el gobierno nicaragüense que lleve a un acuerdo bilateral justo para ambas partes y que permita una convivencia en la zona que ha visto en este último tiempo como florecen las tensiones en espacios que no se han definido de manera clara. Buena muestra de ello es la detención desde ambos países, de pescadores porque se les considera “invasores” de zonas soberanas. Así "es urgente evitar la incubación de un conflicto con detenciones frecuentes de barcos pesqueros de uno u otro lado, como de hecho ya ha venido sucediendo” [8] y para ello los canales diplomáticos y la búsqueda de acuerdos son la llave que selle la confianza entre las partes.

Colombia debe buscar, como política de gobierno y de Estado, fortalecer el archipiélago, fomentar la inversión pública en la zona, generar mayores lazos con una región que por largo tiempo ha tenido olvidada y en la cual ha ejercido soberanía apenas con fuerzas militares y viéndola apenas como un lugar para el turismo y no como parte de la integralidad del territorio. De allí en más, el proceso de revisión del fallo por parte de la Corte será un proceso de larga duración, con lo cual se debe buscar no sólo ampliar los canales de comunicación con Nicaragua y el gobierno de dicho país sino buscar alternativas convenientes para las partes y, sobre todo, dejar de lado posiciones que sean contrarias al Derecho Internacional Público (como la idea del desconocimiento del fallo) o que rayen en la especulación y la conspiración (como los intereses chinos como factor de quiebre del fallo). Hay que revisar el proceso y la estructura de defensa del Estado en espacios internacionales, aprehender los errores y lo más importante, fortalecer los nexos con los sanandresanos y tenerlos en cuenta en temas que afecten su integridad territorial, en un trabajo articulado entre la institucionalidad de política exterior y los sectores a los cuales afecta.