Laura Camila Castillo

OPRIC

La visita que hizo la Corte Penal Internacional a Colombia del 15 al 19 de Abril de este año, responde a la tarea de la Corte de hacer seguimiento a la situación de Derechos Humanos en el país, que en este momento se encuentra en la fase de Examen Preliminar, es decir, en la lista de observación. Esta lista se constituye por países que tienen una situación preocupante de DDHH y que son evaluados antes de decidir si se abre una investigación formal que requeriría la intervención de la Corte de acuerdo al Estatuto de Roma.

En esta ocasión, para el caso colombiano, que se encuentra en etapa de observación desde el 2004, la corte tenía dentro de sus prioridades cinco puntos que fueron resultados del Reporte Intermedio sobre la Situación en Colombia (2012) el cual incluye los casos de falsos positivos, el marco jurídico para la paz, reclutamiento forzado, desplazamiento y violencia sexual. Sin embargo, el hecho de que la visita se dé en medio de los diálogos de paz adelantados en la Habana, reclama también gran importancia para la discusión sobre los estándares internacionales en materia de derechos humanos que tendrían que cumplirse ante un eventual acuerdo de paz.  Durante la visita los representantes de la Corte Penal Internacional sostuvieron reuniones en la Cancillería, Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa, donde el gobierno colombiano tuvo la oportunidad de mostrar los avances en materia de Derechos Humanos; y con instituciones como la Fiscalía General de la Nación, que tuvo la oportunidad de compartir con la Corte los planes para priorizar las investigaciones y disminuir la impunidad en el país.

La importancia de esta visita también radica en las características actuales de la Corte y los compromisos que tiene Colombia frente a su jurisdicción. Así, debe tenerse en cuenta que la corte se encuentra actualmente en un proceso de desafricanización, en el que la presión internacional ha hecho que su incidencia sea aplicable para todas las regiones del mundo en la misma medida en que ha sido para África. Como afirma Jean Carlo Mejía, “La Corte, trata de desafricanizarse, pues todos los casos y situaciones que ha abierto están relacionados con ese continente y hay una presión de las naciones africanas para que mire hacia otros lados”[1]. Además, espera llevar a cabo una evaluación de la aplicación de la ley de justicia y paz y como se reiterará en varias ocasiones, cobra importancia por el papel que puede jugar frente a los diálogos de paz con las FARC.

En ese sentido, frente a la principal preocupación de la Corte el año pasado sobre las ejecuciones extrajudiciales, durante el fin de la visita su representante Emeric Rogier, ha expresado enfáticamente que es necesario un mayor número de resultados y agilidad en la investigación de los procesos y especialmente que se avance hacia los altos mandos en el caso de los falsos positivos, expresando específicamente que “no hay un avance hacia arriba en la cadena de mandos”[2]

En segundo lugar, frente a las investigaciones y procesos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía presentó el proyecto de priorización y un nuevo modelo de investigación, especialmente frente a jefes de las AUC que ya completan 8 años dentro del proceso de Justicia y Paz. Precisamente, en relación con la labor de la Fiscalía y la efectividad de las investigaciones, para el caso de los crímenes sexuales en medio del conflicto, la Corte se mostró especialmente preocupada y afirmó que los progresos en esta materia son todavía muy escasos.

Por otro lado, frente al momento coyuntural de la visita de la Corte al país en medio de los diálogos de paz que se llevan a cabo en Cuba, resulta pertinente analizar las implicaciones que puede tener la visita de la CPI. En primera medida, puede decirse que recuerda al gobierno colombiano la obligación que tiene Colombia de respetar lo acordado en el Estatuto de Roma, especialmente en el marco de los diálogos de paz y en el trámite de propuestas legislativas como el Marco Jurídico para la Paz  y la Reforma al Fuero Militar. Además, le recuerda que en el marco de ese proceso la impunidad no debe entenderse como una opción para la salida al conflicto, especialmente cuando sus representantes afirman que “el Estatuto de Roma no contempla ningún tipo de amnistía y la impunidad no es aceptable”[3]. Sin embargo, también puede resultar favorable para el gobierno en el sentido, en que le permite mantener a la Corte enterada de los avances del proceso y de esta manera lograr que la CPI avale el proceso de paz especialmente como representante de la comunidad internacional.

No obstante, sin importar las consecuencias especificas que pueda tener para los diálogos, debe tenerse en cuenta que “es natural que ahora se esté dando una gran discusión pública acerca del alcance de ese compromiso, a la luz de las conversaciones con las Farc en La Habana, los antecedentes en procesos que han tenido éxito en el pasado, y el hecho de que el mundo está, todavía, en un proceso de construcción del marco que permita hacer la paz sin sacrificar la justicia.”[4]

Finalmente, frente a la Reforma al Fuero Militar, que se ha constituido en una de las principales preocupaciones para la comunidad internacional, la Corte se comprometió a evaluar la reforma frente a los acuerdos del Estatuto de Roma y se pronunciará en caso de ser necesario, dejando en claro que ésta debe cumplir especialmente con justicia para todos los casos.

Finalmente, debe decirse que aunque el gobierno colombiano mostró avances en las preocupaciones del Reporte Intermedio de 2012, aun es poco probable que salga de la lista de observación, especialmente por lo que podría significar para la situación de derechos humanos, el Marco Jurídico para la Paz y los eventuales acuerdos del proceso de paz.