Julián Darío Bonilla Montenegro

OPRIC

Es posible considerar que las acciones llevadas a cabo por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, tanto a nivel interno como internacional, en relación con la protección y vigilancia de los Derechos Humanos, se encuentra en una situación crítica, en donde se prefieren desconocer escenarios en donde la violación a los derechos humanos es evidente por satisfacer los motivos políticos en especial con la Fuerza Pública.

En un texto de suma importancia para comprender la situación que ha afrontado los Derechos Humanos en el país, el Presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón Giraldo[1], demuestra que desde mediados de la década de 1960, cuando comenzó el interés por la protección y supervisión en relación con las acciones que los estados latinoamericanos ejercen en relación con prácticas violatorias de Derechos Humanos y Fundamentales, Colombia ha pasado por cuatro etapas ante el escenario internacional, que incluyen desde el anonimato apacible durante los gobiernos de Turbay Ayala (1978 – 1982), Betancur Cuartas (1982 – 1986) y Barco Vargas (1986 – 1990), que se caracterizó por el interés que mantenían los órganos de protección internacional de Derechos Humanos, a nivel institucional como entre las ONG, en relación con los acontecimientos que se presentaban en las dictaduras militares del Cono Sur (Argentina, Paraguay y Uruguay), así como la situación de conflicto armado no internacional en algunos países de América Central (El Salvador y Nicaragua).

Para esa época, en Colombia, los acontecimientos más importantes en relación con violaciones a los Derechos Humanos fueron en primer lugar el denominado Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay Ayala; la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 y el inicio del genocidio político contra los miembros del partido político de Izquierda, Unión Patriótica, que incluyó el asesinato del candidato presidencial Jaime Pardo Leal en 1987.

Luego, al finalizar el periodo de Barco Vargas e iniciar el de Gaviria Trujillo (1990 – 1994), comenzó en el sentir de Gallón, la etapa que da título a esta coyuntura. Debido a la presión que comenzó a ejercerse desde las ONG y los órganos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial el trabajo que empezó a ejercer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), se empleó lo que el autor del artículo menciona como la “Táctica del Rechazo” que consistió en “rechazar cualquier decisión o mecanismo internacional, o distraer la atención en cuanto a la responsabilidad estatal. Se trató, en síntesis, de evitar a toda costa que en los debates internacionales de carácter oficial hubiera pronunciamientos sobre Colombia”[2]. Lo anterior incluía la negación sistemática de violaciones a los Derechos Humanos, así como el uso de estrategias de carácter diplomático que permitieran evitar el posible estudio y participación de órganos de protección de Derechos Humanos en el caso colombiano, en especial de la SIDH.

El otro punto se basó en el uso de tácticas de distracción, que consistía en tratar de presentar someramente la situación de Derechos Humanos en el país, pero al mismo tiempo evitando que se pudiera relacionar al Estado como participe de dichos actos. Para tratar de cumplir con los objetivos de esta táctica fue necesario que desde el Estado su entregará ante la comunidad internacional acciones como “la firma de tratados o mediante la celebración de acuerdos de asistencia técnica. Una tercera vía, también muy eficaz, consistía en atribuir a terceros la responsabilidad de la situación”[3], enmarcado en mecanismos diplomáticos basados más en la astucia que en el reconocimiento de responsabilidades en el escenario internacional por violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado.

Ahora, con base en lo anteriormente expuesto, es posible considerar que la actual situación de Derechos Humanos, que comenzó durante el gobierno de Uribe Vélez (2002 – 2010) y continúa con el de Santos Calderón (2010 – ), desde el Estado, en especial la rama ejecutiva del poder público y la fuerza pública en general, se haya vuelto a poner en práctica las tácticas previamente descritas. Varios ejemplos recientes, en especial del actual gobierno, dan muestra para esto.

En primer lugar, como se comentó en un Análisis de Coyuntura previo[4], el gobierno de Santos Calderón ha permitido que se lleven a cabo acciones de defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH) en donde se busca más demostrar el inocencia de los militares implicados que el reconocimiento de violaciones a derechos consagrados en el Pacto de San José, situación que se ha acompañado por diversos artículos de opinión desde donde se han presentado ataques en contra de las razones que pueda tener la (CORIDH) para fallar un caso que ha generado tanta conmoción y discusión en el país. La situación ha sido tal que se ha llegado inclusive a suponer que dentro del SIDH existen diversos intereses económicos y nos encontramos ante una corte que tiene una marcada tendencia “izquierdista e ideologizada” por parte de sus jueces[5]. Lo anterior es preocupante, pues, debido al interés que se tiene desde el gobierno nacional por mantener el manto de impunidad en relación con los hechos ocurridos durante el “Holocausto” del Palacio de Justicia, existe la posibilidad que se busque desconocer el fallo y llevar inclusive a replantear el rol que el SIDH pueda asumir en relación con la violación a Derechos Humanos dentro del país, así como el posible retiro del Estado colombiano del SIDH, mediante la denuncia del Pacto de San José y algunos de sus protocolos adicionales.

Un segundo ejemplo en relación con la táctica del rechazo, muy utilizada por sectores afines a la institucionalidad militar, consiste en la actividad que ejerció el Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2011 tratando de demostrar que en la Sentencia que la CORIDH falló contra el Estado, se permitió el ingreso de falsas víctimas con el fin de que abogados representantes de éstas tuvieran un mayor ingreso económico. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que durante el proceso que terminó con la sentencia que permitió el reconocimiento de la responsabilidad internacional de Colombia, el mismo Estado reconoció a las víctimas que luego fueron presentadas como falsas[6], situación que durante las audiencias privadas entre la CORIDH y los representantes del gobierno nacional, fueron inclusive calificadas despectivamente como “terrorismo judicial”[7].

Un tercer punto hace referencia al tema de la reforma al Fuero Penal Militar, que amplía su cobertura y permite, desde una visión crítica, que aumenten las tasas de impunidad por las acciones que cometan los miembros de la Fuerza Pública, debido al incremento del campo de acción de la Justicia Penal Militar, pues se logró, primero mediante reforma constitucional y actualmente a través del desarrollo de un proyecto de ley estatutaria para la creación de un nuevo código penal militar, que tiene varias zonas grises en relación a la actividad que se pueda ejercer en caso que se considere que en vez de un acto del servicio se pueda estar frente a una violación a Derechos Humanos por parte de agentes de la Fuerza Pública[8].

Finalmente, a comienzos del mes de enero, se presentó un informe por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en relación con la situación de Derechos Humanos en el país. Dicho informe expresó la preocupación que tiene el órgano internacional en relación a la manera como se están efectuando violaciones a los Derechos Humanos en territorio colombiano, que incluyen el tema de la ampliación del fuero militar, pues a criterio de la ONU éste debe tener un carácter netamente excepcional y restrictivo, así como con las continuas amenaza de la que son víctimas los defensores de Derechos Humanos en el país, incluyendo las exigencias por parte de miembros de la fuerza pública con el fin de iniciar investigaciones contra el grupo de defensores referido[9]. Como respuesta a los resultados del informe, el gobierno colombiano ha insistido en especial que se encuentran en la etapa de negociación con la guerrilla de las FARC en la Habana, la promulgación de la ley de víctimas y que en temas como la restitución de tierras se han logrado avances satisfactorios con las víctimas del desplazamiento. Escenarios que todavía se encuentran en proceso y que no han sido completamente consolidados para lograr mejorar las condiciones de Derechos Humanos en el país.

Con base en todo lo anterior, es posible mostrar la manera como el gobierno nacional ha tratado de generar espacios de rechazo y distracción en relación con la protección de los Derechos Humanos en el territorio nacional, evitando de esta manera asumir de manera integral su responsabilidad en muchos de los actos violatorios cometidos en el país. Lo anterior, por ahora, no impide que desde las ONG y los órganos de protección a los Derechos Humanos se sigan llevando a cabo acciones para garantizar la debida protección a esta clase de derechos. Es muy importante, entonces, seguir atendiendo el accionar diplomático que ha desarrollado el Estado en relación con este tema y en especial el rol que asuma si es posible consolidar un proceso de negociación satisfactorio con las FARC, pues la ventana para la investigación por la comisión de delitos como los de Lesa Humanidad o Crímenes de Guerra estaría vigente bajo las condiciones que permiten en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.