Angela María Hernández

OPRIC

El pasado viernes 22 de marzo, durante la Asamblea Extraordinaria de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) se puso fin, por lo menos de manera provisional, al proceso de discusión sobre las reformas que buscaban fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y el cual habría sido impulsado de manera especial por los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Si bien, la resolución final emitida por este organismo tras una jornada de trabajo de casi doce horas dejó en claro uno de los puntos clave en lo referente a la financiación de las relatorías, también se hizo un llamado a que el debate sobre la misma fuese permanente, dejando abierta de la posibilidad de futuras revisiones al acuerdo encontrado en la pasada Asamblea.

Durante la discusión se hicieron evidentes algunas tensiones entre los Estados participantes. De tal manera, el gobierno boliviano como uno de los mayores opositores a la financiación externa de las relatorías, tras el consenso alcanzado sostuvo que estaría evaluando la posibilidad de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Declaración frente a la cual Naciones Unidas hizo un llamado de atención a este país para que conserve su posición en el que considera un “valioso instrumento” para la defensa de los derechos humanos.

¿Cuál ha sido el camino recorrido?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace parte del SIDH junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la OEA en el año 1959 como organismo de carácter autónomo que tiene como propósito promover y proteger los derechos humanos en el hemisferio y ser cuerpo consultivo de la OEA en el tema.

Desde el año 2004, países como Ecuador y Venezuela comenzaron a impulsar las discusiones acerca de posibles reformas al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para algunos analistas, este interés por influenciar las reformas al interior del SIDH proviene de la atención especial que la CIDH mantuvo sobre los conflictos entre la prensa y los gobiernos de Venezuela y Ecuador.

Por su parte, en el año 2011 la CIDH dictó medidas cautelares contra Brasil con el fin de frenar la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, mientras las comunidades indígenas, al parecer, afectadas por el proyecto eran debidamente consultadas. Tras este incidente, Brasil decidió retirar a sus representantes ante la OEA, suspendió los pagos ante este organismo y comenzó a apoyar las iniciativas de reforma al SIDH.

A la iniciativa, posteriormente se sumaron Perú y Colombia, este último con el interés de influir su exclusión del denominado “Capítulo Cuarto” del informe anual de la CIDH, en el que se señalan los países con graves afectaciones a los derechos humanos. Así mismo, Bolivia ha sostenido conflictos con este organismo, quien recientemente trató una denuncia contra el gobierno de Evo Morales por la construcción de una carretera que atravesaría la reserva natural de Tipnis, a la cual se ha opuesto la población nativa.

De este modo, en 2011 varios países reunidos en Asamblea General nombraron un grupo de trabajo para que elaborara recomendaciones para el fortalecimiento del SIDH. Entre las recomendaciones aprobadas en diciembre de ese año, preocuparon algunas que al parecer, estaban dirigidas a afectar la autonomía de la CIDH, de manera particular, a su forma de financiación.

Durante el 2012, la CIDH inició su proceso de consulta para auto-reformarse. Como resultado de este trabajo, en junio de ese año en Asamblea General en la ciudad de Cochabamba, los Estados redactaron una resolución donde se ordenaba dar viabilidad a las reformas, por lo que fue convocada una Asamblea Extraordinaria para inicios del año 2013 y de esta manera poder dar aprobación a dicha resolución.

A inicios del presente mes de marzo, Ecuador como uno de los mayores promotores de la reforma al SIDH, convocó una reunión en la ciudad de Guayaquil entre los países firmantes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para aprobar una declaración en la que se apoyaban los puntos de la resolución redactada por el grupo de trabajo, entre otras, limitar la financiación externa de las relatorías de la CIDH y cambiar la sede del organismo. Tras esta reunión, la declaración firmada por 19 países, de los que se excluyó a Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe por no ser firmantes de la Convención Interamericana; es considerada no vinculante y se solicita la redacción de una nueva declaración.

Finalmente, el pasado 19 de marzo la CIDH aprobó su reforma interna, pero con la novedad de una nueva declaración del grupo de trabajo que eliminó las cláusulas más polémicas firmadas en Guayaquil, con lo que las posiciones de los Estados miembros se radicalizaron. Es así como, se convocó para el pasado 22 de marzo una Asamblea Extraordinaria de Cancilleres para resolver este disenso.

Temas y posiciones

Entre los temas de mayor debate durante el último mes en lo respectivo a la reforma de la CIDH, se han destacado en primer lugar, los cuestionamientos al actual esquema de financiación y en segundo lugar, la propuesta de cambio de la ciudad sede de este organismo.

La posición sostenida por los países del ALBA a través de estos dos años de discusión de la reforma al SIDH, ha tenido como punto de inflexión la necesidad de que la CIDH se financie únicamente por el presupuesto regular de la OEA, así como de contribuciones voluntarias de los Estados miembros en contraposición a la búsqueda de financiamiento fuera del sistema. Así mismo, esta propuesta apuntaba a que todas las relatorías tuviesen la misma capacidad de financiación, sin que esta se convierta en un sistema de “mercadeo”, como lo señala el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, es decir "que el financiamiento que se le dé a todo el sistema no dependa de la capacidad de mercadeo que tenga una persona, que tenga una relatoría"[1].

De cualquier modo, el tema de la financiación ocupa un lugar central en la discusión debido a que esta se sustenta en gran medida en los aportes externos que recibe el sistema. Así mismo, como lo han ratificado Bolivia y Ecuador, algunos de los Estados miembros que aportan mayores recursos para las relatorías no son firmantes de la Convención Interamericana, entre ellos, los Estados Unidos.

Entre las relatorías que reciben mayores aportes externos, se encuentra la de Libertad de Expresión, la cual es liderada actualmente por la colombiana, Catalina Botero. Según los defensores del actual esquema de financiación, esta recibe mayores aportes por ser considerada un espacio de discusión que agrupa de manera integral a las demás relatorías. De ahí que varios países que respaldan este esquema hayan puesto en consideración la posible conveniencia de los países del ALBA en limitar una de las temáticas que mayores conflictos le han generado con la CIDH.

Así, de haber sido tomada en consideración la propuesta de este grupo de países para reformar el esquema de financiación externa, se habría acudido a un recorte del 30% de los recursos de la Comisión, el 70% de los recursos correspondiente a relatorías temáticas y el 100% de los recursos de la Relatoría de Libertad de Expresión.

Por su parte, la propuesta direccionada a cambiar la sede de este organismo a una ciudad Latinoamericana estaba sustentada, entre otras cosas, en la idea de que esta estuviese representada por un país que haya ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual es base fundamental del SIDH.

Además de estos dos puntos centrales, con la reforma a la CIDH se buscaba poner en discusión las medidas cautelares de protección a las víctimas, que según Ecuador hace parte de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La posición colombiana

Si bien Colombia hizo parte del grupo de países que promovió varias de las reformas a la CIDH que se pusieron en discusión, el gobierno colombiano manifestó que estaba en contra de cualquier medida que pudiese debilitar el trabajo de la CIDH, en particular su relatoría de Libertad de Expresión; así lo han señalado el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, la Canciller María Ángela Holguín y el propio Presidente Juan Manuel Santos.

Según González, las contribuciones financieras a este organismo “deben ser libres, transparentes y en respaldo de los planes estratégicos que desarrolla la propia Comisión y sus Relatorías, pues de otra manera no podrían financiarse”[2]. Así mismo, la canciller Holguín sugirió que “los estados de la OEA deberían aportar más recursos para garantizar la financiación de la CIDH y de todas sus relatorías”[3]

En días recientes, se instaló en la ciudad de Medellín el 47 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que el presidente Santos manifestó que Colombia no compartía “posiciones extremas, ni tampoco la tentativa de debilitar a la Relatoría especial para la libertad de expresión, cuyo papel ha sido crucial para proteger esta libertad tan importante para el desarrollo democrático de nuestros pueblos".[4]

 “Un Consenso” temporal.

Tras una larga jornada de trabajo, el pasado 22 de marzo la propuesta de la representación argentina fue acogida de en el seno de la Asamblea de Cancilleres, con la cual se habría llegado a un “consenso temporal” entre los Estados miembros. La Resolución de ocho puntos aprobada por los cancilleres, si bien preserva la autonomía financiera de la CIDH, dejó abierta la discusión sobre posibles reformas futuras, así como se hizo un llamado al Consejo Permanente a continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del organismo.

Frente a esta declaratoria, algunos sectores de la sociedad civil manifestaron su insatisfacción con la resolución, pues consideran que esta deja en un permanente estado de auditoría al organismo.

Frente al tema de la financiación, la declaración final expresa el compromiso de los Estados de conseguir recursos permanentes para el funcionamiento de la CIDH, sin limitarla para que también sea financiada de recursos externos. Así mismo, se hizo un llamado al fortalecimiento de las relatorías temáticas que hoy operan con escasos recursos.

Por su parte, frente a uno de los temas que resultaba de gran interés para el gobierno colombiano respecto al denominado “Capítulo Cuarto” del Informe Anual de la CIDH, quedó resuelto un camino claro en la Declaración final del viernes pasado, al cual pueden acudir los Estados para salir de dicha lista.

Proyección

De momento, la discusión sobre una posible reforma al SIDH quedó contenida hasta la próxima Asamblea General de la OEA en Guatemala, y con ella, se mantiene la salvaguarda al actual esquema de financiación y en especial, a la Relatoría de Libertad de Expresión. Sin embargo, este “momento crítico” es evidencia de una década en la que la cooperación política al interior de la OEA ha demostrado constantes divisiones, en especial, este organismo ha soportado importantes críticas por parte de los gobiernos de izquierda de la región, quienes en la búsqueda de un espacio de discusión sin la intervención estadounidense, ya se han aventurado a agruparse en proyectos de integración alternativos como el ALBA o la CELAC.

Al respecto, si bien el SIDH cuenta una historia de defensa de los derechos humanos de mucho mayor reconocimiento que cualquier otra desarrollada por mecanismos de cooperación hemisférica; la discusión sobre su reforma ante los nuevos intereses regionales, se hacía sumamente necesaria. Y aun cuando esta discusión no haya terminado, el reto para los actuales gobiernos de la región seguirá estando en la posibilidad de fortalecer los mecanismos de defensa de derechos humanos por vías alternas. Este fortalecimiento, ante todo, debe considerar la capacidad de atender las necesidades y demandas reales de la sociedad civil en materia de derechos humanos sin condicionamientos de los gobiernos de turnos, sea en el actual sistema o en uno alternativo.