Adriana Mayela Hurtado

OPRIC

El pasado Mates 12 de Marzo se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en el año, luego del fallo dado por la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo limítrofe entre Nicaragua y Colombia. La reunión de la Comisión, convocada por el presidente Santos, dejó conclusiones que muestran las grandes tensiones y conflictos que aún quedan a nivel interno luego de la decisión de la Corte y deja una gran duda sobre la capacidad del gobierno colombiano de gestionar la protección y defensa de los derechos de los Sanandresanos.

Luego del veredicto final dictado por la Corte, la reacción de indignación ante el otorgamiento de derechos a Nicaragua de una porción de mar que había sido tratada como colombiana, no se hizo esperar y de inmediato se escucharon las reacciones. En seguida se escuchó la decisión del gobierno de desacatar el fallo y para esto, se tendría que acudir a todas las instancias existentes en el derecho internacional. Sin embargo, paralelamente a esa decisión se ha movido el problema de ¿Y a quién culpamos por el fallo? Y tal parece que la búsqueda de una respuesta a este interrogante ha cobrado más importancia que la determinación misma de desacato y la indagación por soluciones pertinentes a los problemas que todo este conflicto le ha generado a la población local de San Andrés.

Así lo demuestran las conclusiones a las cuales llegó la Comisión Asesora, dentro de las que se destaca como tema principal el acuerdo de mantener todas las actas de la Comisión, con respecto al tema del diferendo limítrofe con Nicaragua, en confidencialidad. Y a lo cual se le suma el llamado que los integrantes del órgano consultivo le hacen a sus pares Andrés Pastrana y Álvaro Uribe para sumarse de nuevo a las reuniones.

En la carrera por buscar responsables, y en una lógica de reacción inmediata, el gobierno de Santos fue el primero en ser culpado por las acciones llevadas a cabo en La Haya. Sin embargo al hacer énfasis en el carácter estatal de la política manejada durante todo el diferendo limítrofe, la búsqueda de responsables comienza a hacer un retroceso en la historia para identificar el punto de quiebre que llevó al fracaso colombiano en el juicio. En este sentido, el presidente Santos dio la primera puntada al declarar que solicitaría el conocimiento público de las actas de la Comisión que conciernen a dicho tema: “Si algunos insisten en culpar este gobierno, pues lo mejor es que se conozcan las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en este tema de San Andrés (…) Creo que el pueblo debe juzgar quienes fueron los responsables.”[1]

Las reacciones de los ex presidentes, integrantes de esta comisión, no tardaron en llegar y en la carrera de buscar culpables, ningún gobierno quiere cargar con el peso de un fracaso internacional. Por tal razón el ex presidente Andrés Pastrana anunció su retiro de la comisión argumentando que “hechos y declaraciones posteriores a la decisión presidencial han reafirmado el golpe a la Comisión y reiterado la intención del gobierno de eludir responsabilidades y buscar chivos expiatorios, acudiendo a abogados nacionales y extranjeros para la defensa de su gestión. El país ha comprendido que el pretendido embalsamamiento de una sentencia de única instancia no es más que un pretexto para este gasto.”[2]

Por lo tanto la negativa de la Comisión de hacer públicas las actas, es una decisión de apoyar a todos y a ninguno a la vez, para evitar “pisarse la cola” unos a otros. Sin embargo el conocimiento público de las actas es importantísimo, no para descargar las responsabilidades y culpas a uno u otro gobierno, sino para conocer los distintos pasos que se dieron en términos del proceso judicial y la defensa llevada a cabo por Colombia para que, teniendo un conocimiento pleno del desarrollo del litigio, Colombia pueda saber al menos de qué está hablando y qué acciones está defendiendo. No se trata de defender una gestión, ni de dejar conciencias tranquilas, sino de tomar acciones pertinentes y con base en decisiones tomadas.

En este sentido, el capítulo de ¿Y a quién culpamos por el fallo?, debería cerrase y dar paso definitivo a lo realmente importante, que también fue tomado en cuenta en las conclusiones de la comisión, pero sin el mismo grado de importancia, esto es la decisión de seguir generando acciones para proteger y defender los derechos de los Sanandresanos; apoyar la decisión tomada por el gobierno de agotar todos los recursos del Derecho Internacional para apelar al fallo dado por la Corte; y mantener los canales de negociación abiertos con Nicaragua.