Danna Giselle García Rendón
Valentina Acero Morales
Nestor Camilo Carvajal Villaba
OPRIC
Las islas Galápagos constituyen uno de los paisajes naturales y de biodiversidad más importante en la historia, es considerada Patrimonio Mundial declarado así en 1959 al integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador, además de su relación con el científico inglés Charles Darwin y su desarrollo relativo a la teoría de la evolución y la selección natural de las especies [1]. Este archipiélago se encuentra formado por 13 islas grandes, 6 menores y 42 islotes[2], aspectos como la actividad turística, la introducción de nuevas especies de animales y plantas junto con las actividades pesqueras y la expansión de la población sobre la isla constituyen algunas de las amenazas a dicho territorio de reserva, es por ello que el Estado ecuatoriano está obligado a dar al Archipiélago un nuevo estatuto jurídico, partiendo del cumplimiento de la norma constitucional y de la reforma a la Ley Especial para Galápagos, para hacer prevalecer el interés nacional por la conservación del archipiélago por sobre los intereses locales o sectoriales[3].
El control de las áreas terrestres y marítimas de la Isla constituye una parte significativa en la política de ordenamiento y administración territorial del país, por dicha razón Ecuador se encuentra abiertamente preocupado por la situación ocurrida a mediados de junio en una zona marítima aledaña a la Isla, una flota de unos 260 barcos de gran calado llegó muy cerca de las islas Galápagos, esa flota está integrada por barcos que ondean banderas chinas, además de algunos procedentes de Liberia y Panamá[4]. Por tal motivo Ecuador inició de manera diplomática conversaciones con China pidiendo se retiren de la zona ya que se pone en riesgo la vida de la fauna marítima alterando de dicha forma el bienestar del ecosistema, por ello “Ecuador ha elevado una instancia de advertencia a la embajada china en Quito, así como a través de su legación en Pekín, en la que reiteró que si los pesqueros entran en la ZEE que rodea el archipiélago, serían objeto de una retaliación”[5], de igual forma se motivó al llamado de una asamblea extraordinaria por parte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), para tratar temas relacionados con la pesca ilegal con consecuencias directas sobre la zona, anteriormente la CPPS se pronunció sobre esta cuestión en octubre de 2017, tras la captura de un buque chino cargado con especies protegidas en las Islas Galápagos[6]
Esta situación motivó al gobierno ecuatoriano a realizar un llamamiento a las naciones fronterizas para promover esfuerzos conjuntos con el objetivo de proveer seguridad y protección a las islas, entre ellos Colombia, Perú y Chile para que, por medio de esfuerzos diplomáticos se presione la retirada de dichas embarcaciones “porque no se sabe en qué momento pueden penetrar o infiltrarse en la zona económica exclusiva de Galápagos, comentó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín” [7].
No obstante, la presencia de flotas internacionales cerca a la Isla Galápagos se erige en un problema geopolítico, al estar ubicadas en aguas internacionales trastocando a la región en general, pero en especial a los Estados ribereños como Colombia. Ciertamente, este problema pone al descubierto los vacíos legales y políticos relacionados con la falta de gobernanza en aguas internacionales, lo que hace dificultoso la intervención legal ecuatoriana para hacer frente a esta situación. Esto justifica el llamado por parte del presidente de Ecuador a la necesidad de establecer una postura regional para hacer frente a este tipo de amenazas que no sólo ponen en riesgo la biodiversidad marina sino la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades ribereñas, esto a partir de una estrategia común que en términos del presidente Lenin Moreno, contribuya a la protección de la fauna marina de la región. A pesar de ello, los daños colaterales que puede llegar a dejar la pesca ilegal y no reglamentada en el Alta Mar, no han logrado tener alguna solución pese haber tenido sus precedentes en el 2017, revelando así, los vacíos legales que se presentan para la conservación y protección de las riquezas marítimas en la región. Por el momento, la Comisión Permanente del Pacifico del Sur, el organismo regional marítimo, se ha constituido en la instancia que ha logrado aunar los esfuerzos y propuestas que no sólo provienen de Ecuador, sino también de Colombia, Chile y Perú para condenar la pesca ilegal y no reglamentada en aguas internacionales [8].
Es precisamente este vacío legal y poca regulación la variable constante que, en los recientes años, ha permitido la explotación indiscriminada y los choques diplomáticos por la misma entre los países que pueden acceder a los recursos del pacifico. No solo los casos de barqueros chinos que desde 2016 o incluso antes, han dado de qué hablar, sino que en general la poca regulación en estas zonas de aguas internacionales, han llevado a polémicas como la masacre de 2000 tiburones encontrados en la reserva marina de la isla de Malpelo en el pacífico colombiano [9] adjudicada a barcos con banderas costarricenses, o, al caso de la embarcación China hundida en 2016 por la armada argentina [10].
De modo que, esta zona, más allá de las polémicas por embarcaciones que se aventuran a atravesar y pescar en las ZEE (zonas económicas exclusivas) de los países latinos, desde hace un tiempo ha suscitado inconvenientes diplomáticos y disputas, principalmente por la repercusión de estas actividades en la vida marina, y en especial en los territorios de especial protección como es el caso de las islas Galápagos en Ecuador o la Isla Malpelo en Colombia.
El principal obstáculo al momento de establecer regulaciones más rígidas que logren proteger la vida marina, se debe al carácter internacional de las aguas que rodean ciertas zonas de protección, el presente caso de los 260 barcos Chinos cercanos a aguas ecuatorianas es el perfecto ejemplo del vacío legal y político debido a los límites de la “soberanía”, pues entre la costa ecuatoriana y las islas hay unas 600 millas de distancia, de las cuales las primeras 200 hacen parte de la ZEE de Ecuador bajo su soberanía y protección, mientras las demás son declaradas aguas internacionales[11], es en medio de estas en las que se ubican las embarcaciones Chinas, de forma que, la decisión de Ecuador de abordar esta problemática desde la diplomacia directa con China, pero también como un asunto regional que involucra a la mayoría de países del pacifico sur, es una respuesta oportuna ante la necesidad de plantear una posición regional y de concertación para la preservación de la vida marina precisamente en territorios internacionales que requieren de una negociación, y esfuerzos diplomáticos para comenzar a regular actividades económicas en alta mar, más allá de las jurisdicciones de los Estados latinos.
El mar pacifico no debería seguir estando relegado por los diferentes Estados de la región teniendo en cuenta que esta situación ha evidenciado una ausencia de políticas marítimas o falta de aplicación de estas en los diferentes países ribereños, como es el caso de Colombia, y que se ha traducido además en una reacción momentánea pero no estratégica de corto y largo plazo, que dé lugar a una política regional verdadera de protección, conservación y sostenibilidad ambiental. Por el momento, las acciones conjuntas han sido limitadas y mientras tanto, Ecuador está empezando a ejecutar de manera oficial un triángulo de seguridad que permita controlar las actividades ilegales que se puedan dar en aguas ecuatorianas, como el narcotráfico, la pesca ilegal y la piratería, y en esta estrategia se ha sumado Perú, Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico [12].
Sin embargo, el Mar Pacifico ha sido un espacio estratégico pero poco aprovechado históricamente, el cual no debería aparecer en la agenda regional solo por temas coyunturales que trastoquen la jurisdicción nacional y soberanía de los Estados, por el contrario, esta situación remite a la necesidad de una acción conjunta entre los Estados para combatir la pesca ilegal que no sólo se dan en este espacio del Altamar, sino que además son realizadas en otros espacios regionales, como las costas colombianas, tal como se mencionó anteriormente con el caso de la reserva de Malpelo, donde la pesca ilegal es realizada por embarcaciones ecuatorianas, y de otro países vecinos, pesca que, no ha logrado ser detenida por Colombia. Por consiguiente, la pesca ilegal se constituye en un problema global, el llamado ecuatoriano a esta respuesta regional abre la oportunidad a que se pueda detener el ejercicio de la pesca ilegal en el pacífico y al mismo tiempo, al fortalecimiento de las comunidades ribereñas que dependen de los océanos para la adquisición de sus alimentos e ingresos.
China ha respondido a estas acusaciones de Ecuador mediante la prohibición de la pesca de sus barqueros en forma de moratoria durante los meses siguientes al mes de agosto. Una respuesta que, realmente es insuficiente, ante las reiteradas polémicas en esta área. Así mismo ante esta respuesta, Ecuador ha planteado la posibilidad de la creación de una nueva zona de protección marítima [13] en el pacífico, eso sí, con el sustento en la ampliación de la plataforma continental para la protección de la vida marina en el pacífico y el apoyo de demás países, como Costa Rica. Un punto adicional a mencionar, es la importancia de establecer una acción conjunta ante la necesidad de una regulación a la intromisión extranjera para hacer frente a esta situación presentada en aguas internacionales, como es el caso de los portaaviones estadounidenses que más allá de ser una acción que permita defender a las Islas como patrimonio de la humanidad, representa un ejercicio de demostración de poder y geoestrategia para reafirmar su poderío en el hemisferio ante una estrategia de lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal.
Para Colombia, así como para el resto de países Latinoamericanos en el pacífico, esta zona tiene una gran importancia ambiental, social, y política, es por esto que la necesidad de la regulación en está puede y debe comenzar a ser prioritaria en la política exterior colombiana. En un contexto en el que la influencia de países como China, Corea del Sur e incluso Estados Unidos, comienza a crecer en el escenario internacional, a pesar de la desaceleración por la pandemia, estas grandes potencias son principales explotadoras de zonas marítimas que cada vez se expanden más, de modo que, para los intereses de Latinoamérica y particularmente de Colombia, en el marco de la proyección del país como una potencia media oceánica plasmado en la política nacional del océano y los espacios costeros (PNOEC), es primordial plantear una posición regional, integrada, que privilegie los intereses de protección ambiental y de proyección para la región, y que pueda hacerle frente en la negociación y regulación de espacios en disputa como la región del pacifico y sus aguas internacionales.
[1] Oswaldo, B. T. (2019). Las islas Galápagos: Tesoro natural. Revista Ecuatoriana De Medicina Y Ciencias Biológicas, 30 (1-2). Recuperado a partir de http://remcb-puce.edu.ec/index.php/remcb/article/view/193
[2] Buques pesqueros chinos acechan las islas Galápagos y Ecuador pide ayuda para neutralizarlos. (2020, 26 julio). Primer Informe. https://primerinforme.com/index.php/2020/07/26/buques-pesqueros-chinos-acechan-las-islas-galapagos-y-ecuador-pide-ayuda-para-neutralizarlos/
[3] Ibíd 2019.
[4] Ecuador pide ayuda por depredación de los mares que hace flota pesquera China de 260 barcos y para variar Cancillería chilena cri cri.... (2020, 27 julio). INFOGATE. https://www.infogate.cl/2020/07/27/ecuador-pide-ayuda-por-depredacion-de-los-mares-que-hace-flota-pesquera-china-de-260-barcos-y-para-variar-cancilleria-chilena-cri-cri-cri/
[5] Ip, R. (2020, 31 julio). Ecuador pide ayuda a Perú, Colombia y Chile por flotas chinas de pesca ilegal en su archipiélago. Infórmate Perú. https://informateperu.pe/mundo/ecuador-pide-ayuda-a-peru-colombia-y-chile-por-flotas-chinas-de-pesca-ilegal-en-su-archipielago/
[6] Idíp, julio 2020.
[7] Ecuador pide a China que retire flota pesquera de las Islas Galápagos. (2020, 3 agosto). El Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/ecuador-pide-a-china-que-retire-flota-pesquera-de-las-islas-galapagos/
[8] Infogate. (29 de julio, 2020). La Comisión del Pacífico del Sur condena la pesca ilegal en aguas internacionales tras reclamo de Ecuador por flota China. Recuperado de https://www.infogate.cl/2020/07/29/comision-del-pacifico-sur-condena-la-pesca-ilegal-en-aguas-internacionales-tras-reclamo-de-ecuador-por-flota-china/
[9] BBC Mundo. (7 de noviembre, 2011). Mutilación de tiburones, “un problema en escala masiva”. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/11/111107_tiburones_aletas_am
[10] Revista Dinero. (21 de marzo, 2016). La enorme operación ilegal de barcos pesqueros de China en aguas de América Latina. Recuperado de https://www.dinero.com/economia/articulo/la-enorme-operacion-ilegal-de-barcos-pesqueros-de-china-en-aguas-de-america-latina/221631
[11] Zúñiga, D. (29 de julio, 2020). ¿Qué buscan los chinos en las Islas Galápagos? Recuperado de https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-buscan-los-chinos-en-las-islas-gal%C3%A1pagos/a-54371842
[12] Jarrín, O. (31 de julio, 2019). Galápagos será parte del “triángulo de seguridad” planificado por el gobierno contra el narcotráfico. Recuperado de https://www.primicias.ec/noticias/politica/galapagos-triangulo-seguridad-narcotrafico/
[13] El comercio. (6 de agosto, 2020). Ecuador y China inician negociación por flota pesquera. Recuperado de https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-china-negociaciones-flota-pesquera.html
Han pasado dos años desde la posesión de Iván Duque Márquez en la presidencia de la República de Colombia y su política exterior y actividad diplomática ha sido intensa, pues Colombia ha sido activa en una variedad de temas en el ámbito multilateral y regional. No obstante, esta proactividad no necesariamente ha implicado resultados favorables para las estrategias del gobierno e incluso han caído en dinámicas contradictorias en el ámbito doméstico, en desconfianza en el plano multilateral y en falta de consistencia en el plano regional.
En esta mitad de periodo, el Estado colombiano ha puesto en su agenda distintos temas dentro de su política exterior, pero aquí se hará énfasis en algunos de ellos: la cuestión venezolana, la dimensión internacional de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, la resistencia a la oposición, la configuración y perfil institucional de la Cancillería y su agenda regional y multilateral.
El cerco diplomático y el correr de las horas contadas
Decir hoy que la estrategia del cerco diplomático fracasó es una perogrullada, pero ¿lo era hace dos años? La estrategia del gobierno de Iván Duque respecto a la salida de Maduro, el fin de la usurpación y las elecciones libres fue sin duda una estrategia agresiva y promisoria, pues el alcance internacional de Juan Guaidó (autoproclamado Presidente de la Rep. Bolivariana de Venezuela) y el reconocimiento de una buena parte de Estados en el mundo, entre ellos Estados Unidos, mostraba que Colombia parecía estar en el lado correcto de la situación.
No obstante, esta estrategia se fue dilatando por el desgaste mismo de la imagen de Guaidó, por la imposibilidad de avanzar en alguna dirección hacia la salida de Maduro (lo más cerca fue el levantamiento de algunos militares el 30 de abril de 2019) y por los dudosos respaldos a la iniciativa del presidente interino (la imagen de él con líderes del grupo delincuencial Los Rastrojos y el apoyo de mercenarios para intentar una nueva rebelión la cual fracasó estruendosamente). Además, las muestras claras de la figura inocua de Guaidó dentro de la estructura institucional venezolana (con la cuestión de la deportación de Aida Merlano) terminó casi que liquidando una estrategia que aun sobrevive por el respaldo estadounidense.
Así que hacer un balance hoy sobre la estrategia venezolana es sencillo: fracaso. Pero valdría la pena también considerar el contexto de la construcción de la estrategia, pues ¿era esta la mejor forma de alcanzar la estabilidad política en el vecino país? Los determinantes domésticos son un elemento relevante para entender que se haya tomado este camino, pues la estrategia de determinar que el modelo de la Venezuela de Maduro como un enemigo regional de la libertad y una amenaza doméstica fue la que llevó a Duque al poder. Por otro lado, el alineamiento de la estrategia de Trump en la presidencia de Estados Unidos hizo que el Estado colombiano tomara esa línea de acción en un claro ejercicio de bandwagoning, clásico en las relaciones de Colombia con este país.
Hay que considerar, sin embargo, que una estrategia de conciliación regional con Venezuela habría podido ser más efectiva, pues no se pondría en tensión el criterio regional de la no intervención con una necesidad de actuar más allá de los canales diplomáticos para que Maduro salga del poder. El Grupo de Lima pudo ser un espacio de conciliación y diálogo diplomático y no un mero conjunto de declaraciones que luego en la práctica fueron negando su esencia, pues, aunque la preocupación por la atención a la migración venezolana fue un tema recurrente en este espacio, los países miembros del mismo cerraron fronteras a los venezolanos y dejaron a Colombia sola en este esfuerzo de las puertas abiertas, la cual hay que reconocerle a Colombia. Incluso una aproximación de conciliación y diálogo habría podido acercar mucho más a países como los del Caribe (de peso en la OEA), a México (un clásico no interventor) y a países afines al gobierno chavista para lograr una transición política, que a todas luces es necesaria.
Con lo anterior, más que leer solo el cerco diplomático como un fracaso, valdría la pena considerar la construcción de dicha estrategia y ver que, aunque se presentó como una opción plausible, requería de mucho más peso regional, de una consciencia de la importancia geopolítica venezolana (por su cercanía con Rusia y China). Y que, tomar nota de experiencias en donde Colombia tuvo éxito, como el Grupo de Contadora, en donde los canales diplomáticos se activaron para fomentar el diálogo y el cese de las agresiones domésticas en los países centroamericanos, habría implicado tener mayores réditos.
Una diplomacia antiinstitucional
El gobierno de Iván Duque ha emprendido una campaña institucionalizada contra sus propias instituciones en el ámbito internacional. En las que pueden ser consideradas salidas en falso, este gobierno ha hecho diplomacia abierta y directa contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tanto en la Corte Penal Internacional como frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ambos escenarios y antes de la aprobación por parte del Congreso de la República del acto legislativo que le daba vida a la JEP, el gobierno nacional buscó por todos los medios desestimar el papel de esta Corte, al tratar de hacer una campaña internacional defendiendo las “observaciones del gobierno”[1] y tratando de quitarle la autoridad de ser también representante de Colombia en el exterior como institución[2].
En esta misma línea, Colombia entró en un pulso con las Naciones Unidas por los informes presentados por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia. La cuestión no es nueva, pues gobiernos como el de Juan Manuel Santos también entraron en esta disputa. No obstante, los argumentos y las estrategias de contención lucieron reactivas y sin compromiso de diálogo. La acusación de “politización”, “imprecisión” e “intromisión” pusieron en vilo el mandato de la Oficina en Colombia, lo cual desdice del compromiso del gobierno con el acuerdo de paz y la resolución de las dinámicas del conflicto, al negarse al acompañamiento internacional en vez de propender por el diálogo interinstitucional.
También fue una decisión desafortunada en términos diplomáticos el desconocimiento de los protocolos establecidos en el diálogo de paz con el ELN en La Habana, Cuba, tras el atentado en la escuela General Santander. El argumento de que los compromisos internacionales eran de gobierno y no de Estado no solo cae en la ingenuidad sino que pone bajo la lupa los compromisos internacionales que Colombia ha pactado. Duque, que respaldó el proceso con el ELN de manera tímida, atacó a sí mismo sus compromisos y usó la diplomacia para echar al traste cualquier avance en estos diálogos.
Otra forma de desprestigiar sus propias instituciones estuvo en el marco del informe ante la Asamblea General de la ONU en 2019 respecto a la presencia de grupos armados en Venezuela. En un afán de llevar la agenda venezolana a la ONU, la probable falta de coordinación y las ligerezas en un informe de semejante calado llevaron al uso de imágenes de archivo, presentación de material no original y no citado; esto implicó un retiro y revisión del informe sobre el cual, hasta el momento, no hay noticia conocida. Esto desprestigia la labor de Colombia en materia de inteligencia y en el ámbito diplomático, mostrando que las acciones han sido claramente nocivas a las mismas instituciones estatales.
Colombia en el panorama regional y mundial
Los vaivenes políticos han llevado también a un complejo entramado de decisiones en el ámbito regional y mundial. Por un lado, Colombia decidió una reconfiguración regional en medio del letargo del regionalismo latinoamericano y se retiró de UNASUR, la cual es vista como un enemigo ideológico, a pesar de que su sustento central era el liderazgo brasileño perdido con la llegada de la línea de derecha y conservadora en ese país. Además, ha presentado su presidencia pro témpore en la Comunidad Andina como un nuevo espacio de presión diplomática a Venezuela y una arena para promocionar nuevamente a Guaidó, estrategia que puede darle un aire a la CAN, pero que podría también sucumbir dentro de un entramado institucional que está orientado hacia otros propósitos de tipo comercial y regulatorio. Además, el llamado sin eco para configuración de un espacio regional llamado PROSUR no hizo sino dejar en el aire la debilidad del liderazgo colombiano.
Por otro lado, Colombia decidió cambiar su posición respecto al embargo cubano en la Asamblea de las Naciones Unidas (también en respuesta a la tensión por el asunto del ELN) y ha optado además en alinearse nuevamente con los Estados Unidos, incluso entrando en juegos geopolíticos como las denuncias a infiltraciones rusas a movimientos sociales en Colombia. El discurso, que ya era ambiguo en el gobierno de Juan Manuel Santos, sobre el tema de la droga y la erradicación, volvió al cauce deseado por los Estados Unidos con el retorno de una “narcotización” de las relaciones, y la promoción nuevamente de la aspersión aérea.
Por último, la iniciativa asiática del gobierno anterior parece que se ha ido apagando, aunque recientemente se han dado noticias al respecto con la eliminación de la visa para ingresar a Indonesia. Pero la diversificación de relaciones parece sucumbir ante los Estados Unidos, incluso en un entorno de cierta antipatía por parte de un presidente estadounidense veleidoso y sin una política clara hacia Colombia y hacia la región.
El papel de la oposición y los cambios en Cancillería
La llegada del estatuto de oposición le ha dado un aire a las comisiones segunda del Congreso, las cuales han sido un elemento importante en la discusión de la política exterior colombiana. La crítica a la forma de vincular personal diplomático, el control sobre los nombramientos y las plazas de los funcionarios de carrera, la crítica a la estrategia con Venezuela, el control político respecto a la llegada de tropas estadounidenses al territorio sin pasar por el congreso han sido varios de los temas en donde la Comisión Segunda de Senado y Cámara han tenido una seria participación gracias a la pertenencia a la misma de varios senadores de oposición[3]. Este es un elemento vital para revitalizar el debate sobre el papel de Colombia en el ámbito internacional.
Otro elemento importante está vinculado al cambio de perfil de la Cancillería. La brecha existente entre el perfil manejado por Carlos H. Trujillo y el de la actual canciller, Claudia Blum, también ha tenido efectos en el manejo de la política exterior. Con Trujillo, la Cancillería tenía un perfil activo frente a las estrategias del gobierno colombiano, pues este lograba cristalizar lo que Iván Duque tenía en mente a través de una acción activa en medios, en espacios institucionales internacionales. Por el contrario, Blum ha brillado por su ausencia, pues incluso en estos tiempos de pandemia tuvo que declararse impedida para llevar a cabo acciones vinculadas al tema, lo cual muestra su precaria participación. Esto ha implicado que sea el propio Duque u otros funcionarios diplomáticos los que tengan que llevar la agenda internacional del gobierno, dejando en una posición relegada a la Cancillería, quien naturalmente debería llevar las riendas de la agenda exterior.
Los retos venideros
Aun quedan dos años en los cuales el gobierno se enfrenta a distintos retos. Uno de ellos es afrontar de otra manera la cuestión venezolana. Claudicar en el esfuerzo realizado por el gobierno podría ser visto como la estocada final del fracaso de la estrategia, pero podría abrir nuevos horizontes para enfrentar la transición venezolana, pues incluso hoy la oposición de dicho país se encuentra dividida.
Otro elemento importante es el manejo diplomático de los asuntos vinculados a la pandemia. Colombia está en un momento en el que debe buscar alinearse con los países de la región para ejercer presión sobre una distribución justa y una visión de bien público de las posibles vacunas, e incluso una alianza que permita la fabricación para los países del sur global. La estrategia ha sido también la de alinearse con Estados Unidos (pues Pfizer ha sido uno de los puntos de mira del gobierno de Duque para el tema de las vacunas).
Por último, el tema grueso en el ámbito internacional es el desarrollo de los acuerdo de la paz, en donde Colombia ha establecido compromisos con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su comisión de verificación. El gobierno de Iván Duque tendrá que responder de mejor manera a los incumplimientos en los que ha incurrido (con la erradicación manual, la protección de desmovilizados y líderes) y no asumir la posición que ha tenido recientemente de culpar a la contraparte (las FARC) de incumplimientos. Los ojos de la comunidad internacional siguen encima del desarrollo de este proceso y un reto en los dos años venideros es recuperar la credibilidad internacional.