Camilo Esteban Miranda Robayo

OPRIC

El navío de guerra hundido en 1708 vuelve a ser tema de controversia tras años de discusión sobre las formas de contratación que han estado vinculadas al descubrimiento de su ubicación y a la planeación de su extracción del fondo marino, los diferentes actores internacionales, desde empresas a países, que se adjudican derechos sobre los posibles tesoros hundidos y las propias posiciones divergentes que ha tomado el Estado colombiano frente al tema. Este último punto es el que hace saltar de nuevo a la coyuntura al navío colonial, con el anuncio del Gobierno Nacional, en la voz de la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez, de descartar la asignación de parte de los materiales hundidos como pago de la contratación para el rescate del galeón[1]. ¿A qué se debe este cambio de rumbo? ¿Cómo reconfigura esto la estrategia colombiana frente la disputa internacional sobre el barco y sus tesoros?

Hagamos una breve recapitulación de los hechos que nos traen a este momento. En 1982 la autoridad marítima colombiana reconoce unos derechos que terminan en la Sea Search Armada (SSA) para el rescate del Galeón. Los cambios legislativos en torno a patrimonio durante el gobierno Belisario Betancur, dan cuenta de una controversia que dura a lo largo de los años 80 y 90, hasta una primera decisión por parte de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia en 2007, en la que se argumentaba que nada del patrimonio cultural podía ser dado en pago y solo lo que se considerara tesoro, podría ser dividido entre el Estado y la empresa. La controversia continuo no solo porque continuaba siendo ambiguo que se consideraba tesoro y que patrimonio cultural, sino porque el meollo del asunto inició con una resolución administrativa de las autoridades marítimas, lo que da cuenta de la jurisdicción resolutiva del Consejo de Estado.[2]

En este sentido se demandó en 2018 por medio de una acción popular, encabezada por académicos dentro de los que se cuenta el profesor de la Universidad Nacional Antonio José Rengifo, la legalidad de la resolución 354 y los procedimientos administrativos de la Dirección General Marítima (Dimar), querella ante la cual el Consejo de Estado respondió confirmando la pertinencia de la sentencia de la Corte Suprema y negando la posibilidad de que una acción popular anulara un acto administrativo.[3] Esto constituye un aspecto de la complejidad del tema, en la controversia sobre cómo se va a desarrollar la APP (Alianza Publico Privada) para la traída a la superficie del San José.

La segunda parte de los problemas vienen enlazadas con el aspecto diplomático y el derecho internacional. El anuncio en 2015 por parte del Gobierno Santos de que rescatarían el galeón, volvió a turbar las aguas del problema. No solo la SSA pide su parte del pastel sino que España podría acudir a mecanismos judiciales, en este caso internacionales, para hacer valer sus aparentes derechos frente a los restos del navío colonial con pabellón hispánico, como ya lo hecho frente a los casos de otras embarcaciones como Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 en el golfo de Cádiz, cuyos restos fueron obligados a ser devueltos de la empresa extractora a España por los tribunales estadounidenses[4]. Ha esto se le han sumado otros reclamos como las de comunidades indígenas en Bolivia y de organismos internacionales como la UNESCO, cuestionando los criterios antes mencionados de separación patrimonio/tesoro[5].

Es con esta última cuestión que parece entenderse la estrategia que ha tomado la administración Duque frente al Galeón San José. La UNESCO ha criticado ya la posición colombiana de mercantilizar parte de lo rescatado del galeón, y este sería un argumento de importante peso para una eventual demanda internacional española por la disputa de los restos de la embarcación. Varios académicos, incluidos Rengifo, han argumentado que una alternativa sensata ante los problemas judiciales, tanto internos como externos, sería dejar los restos de trecientos años tal y donde están. Los últimos gobiernos sin embargo han mantenido su intención de sacar adelante la extracción y ella se ha encontrado con dos problemas primordialmente, la SSA y España. El negar cualquier tipo de compensación en especie, que venga de los restos del Galeón San José, asumiendo los costos de la extracción con el erario público, puede dar un margen de acción para evitar el rompimiento total con SSA, al suplir sus derechos con dinero corriente, y arrebatar un argumento clave para cualquier tipo de reclamación española sobre el patrimonio hundido, evitando que la UNESCO tropiece con los intereses colombianos.

[1] El Espectador (9 de Octubre de 2019). Gobierno Nacional descarta pago del rescate del Galeón San José con piezas del tesoro. Consultado en : https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-nacional-descarta-pago-del-rescate-del-galeon-san-jose-con-piezas-del-tesoro-articulo-885248

[2] Entrevista por Blu Radio a Antonio José Rengifo, director del centro de pensamiento sobre mares y océanos de la Universidad Nacional (6 de Abril de 2019). Recuperado de: https://www.facebook.com/bluradio/videos/qu%C3%A9-tan-f%C3%A1cil-es-extraer-el-gale%C3%B3n-san-jos%C3%A9/310233409658581/

[3] Rengifo, A. (Marzo 2 de 2018). Fallo sobre galeón San José es poco esclarecedor. Recuperado de: https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/fallo-sobre-galeon-san-jose-es-poco-esclarecedor/

[4] ICNDdiario (24 de Febrero de 2012). Llega a España el tesoro de la fragata ‘Nuestra Señora de las Mercedes’. Recuperado de: https://www.icndiario.com/2012/02/regresa-a-espana-el-tesoro-de-la-fragata-nuestra-senora-de-las-mercedes/

[5] Entrevista por Blu Radio a Ernesto Montenegro, director del ICANH (12 de Mayo de 2018). Recuperado de: https://es-la.facebook.com/bluradio/videos/c%C3%B3mo-va-el-rescate-del-tesoro-del-gale%C3%B3n-san-jos%C3%A9/1534380946705442/