Angélica Goelkel Arévalo

OPRIC

La crisis en Venezuela ha tomado connotaciones a nivel regional que han repercutido principalmente en Colombia, por la cercanía en sus fronteras. En el último año cientos de miles de venezolanos han ingresado al país y se han establecido a lo largo del territorio nacional, principalmente en las ciudades más grandes que posiblemente ofrecen más oportunidades laborales y servicios básicos que en Venezuela son inexistentes en la actualidad como lo son la salud y la educación, además de la falta de productos en los mercados y la inseguridad en las calles a causa de las manifestaciones provenientes de todos los sectores políticos.

Cabe preguntarse si esta crisis constituye un problema para Colombia, en tanto los venezolanos que han ingresado al país estén interfiriendo con los nacionales, debido a un aumento de la competencia por los puestos laborales disponibles o en los temas de servicios. Colombia de por si es un país en que el Estado aún tiene inconvenientes a la hora de prestar educación gratuita y de calidad, atención en salud, vivienda, recreación y transporte, etc. Por lo tanto, si un porcentaje de los colombianos aun no accede a este tipo de servicios porque el Estado no los brinda a cabalidad o simplemente no los brinda en algunas partes del territorio nacional, se nos presenta un escenario preocupante si sumamos el número de venezolanos que han llegado al país buscando lo mismo.

Cada día la situación se hace más crítica y a la vez mediática, por lo que surgía el interrogante de que medidas tomaba la cancillería ante esta situación. Por lo que hace unos días se publicó una entrevista con la canciller María Ángela Holguín titulada “No hay que ser alarmistas, pero tampoco ciegos”[1] en la que explica que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se han tomado acciones al respecto, por ejemplo, un plan de monitoreo del flujo migratorio en la frontera y planes de asistencia regional en servicios básicos ubicados en las zonas de tránsito. La canciller resaltó la necesidad de identificar cuantos y quienes son las personas que entran y concluye haciendo un llamado a la calma.

Recientemente, una decisión que sorprendió a la opinión pública fue la de otorgar residencia a los venezolanos que han ingresado a Colombia a causa de la crisis. Se llama exactamente, Permiso Especial de Permanencia (PEP) y se tramita por medio de la página web de Migración Colombia, los ciudadanos que quieran normalizar su situación deben cumplir con haber ingresado al país antes del 28 de Julio, no tener antecedentes judiciales y haber hecho su ingreso de forma regular es decir sellando su pasaporte. El permiso en comienzo es de 90 días que pueden prorrogarse hasta por 2 años, permitiéndoles trabajar de forma legal y acceder a servicios prestados por el Estado colombiano.[2]

Habiendo una caracterización general de la compleja situación que ha traspasado la frontera colombiana, se pueden sacar un par de conclusiones sobre los escenarios probables que trae conceder este permiso a los venezolanos y enunciar el papel que podría tener Colombia dentro de esta situación de carácter regional.

En primer lugar, no se quiere desconocer que el panorama de violencia y pobreza que vive Venezuela vulnera los Derechos Humanos de su población por lo que no hay que ser ajenos a ella y Colombia siendo su vecino puede manifestarse y ser solidario. Pero lo anterior no significa que deba afectar a sus nacionales que, si bien no están en la misma situación, aún carecen de empleo y servicios lo que afecta también su calidad de vida, por el ejercicio de recibir ciudadanos extranjeros.

El escenario más probable es que después del anuncio de este permiso, los venezolanos que aún no han cruzado la frontera de forma legal se vean incentivados a buscar algún mecanismo ilegal que les permita acceder al permiso y a los beneficios que éste trae, o en otro caso posible, migrar a Colombia esperando alguna posibilidad de que les den el permiso sin haber cumplido con la temporalidad, lo que incrementaría enormemente el porcentaje de migrantes en territorio colombiano. El segundo, menos probable pero más favorable tiene que ver con que la posibilidad que tienen ahora los venezolanos de trabajar y estudiar impulse algunos sectores de la economía colombiana, teniendo en cuenta que se dedican a oficios básicos como la construcción y el comercio.

Colombia ha tomado una posición solidaria frente al vecino país, pero debe tener cuidado de no extralimitar sus capacidades de asistencia. El uso de otros mecanismos diplomáticos podría contribuir a que por medio de su voz en organismos internacionales realice denuncias y peticiones frente a la crisis venezolana, pues la solución de la situación también le servirá al país para descongestionarse de nuevo y posiblemente construir un aliado regional que le sea de beneficio.