Brayan Stiben Pardo Pérez

OPRIC

El litigio territorial entre Nicaragua y Colombia es una disputa territorial que se ha llevado desde la década de 1980 del siglo pasado, que inicia formalmente mediante una demanda  ante la Corte Internacional de Justicia el  6 de diciembre de 2001, en la cual la República de Nicaragua pretendía la modificación de los límites territoriales y marítimos en el Caribe Occidental con su contraparte de Colombia. El primer fallo de la CIJ entorno a este tema en 2007, dio como victorioso en términos relativos  a Colombia. Fue una victoria en estos términos, debido a que lo otorgo a Colombia la soberanía sobre los Archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no obstante dicho tribunal no definió la frontera marítima entre ambos países dejándola pendiente, ni le otorgo la soberanía sobre y los cayos Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo, Serrana, Serrania, Alburquerque  y del Sureste a Colombia.

El 19 de noviembre de 2012, se dictó una sentencia definitiva por parte de la CIJ, en la cual este tribunal confirmo la soberanía de Colombia sobre los cayos Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo, Serrana, Serrania, Alburquerque  y del Sureste, no obstante, gran parte del territorio marítimo en disputa se le otorgo a Nicaragua. El fallo, fue asimilado por la parte nicaragüense como una victoria, mientras que Colombia desconoce los efectos del fallo, retirándose del Pacto de Bogotá ----por el que los países aceptan la jurisdicción de la CIJ en sus diferendos-- el 28 de noviembre del mismo año, y posteriormente presentando una serie de apelaciones.

El diferendo territorial ha continuado desde esa fecha, iniciándose un nuevo “round” entre 2016 y la actualidad. El 17 de marzo de 2016, la Corte Internacional de Justicia ubicada en la Haya  por 14 votos a 2, admite la demanda de Nicaragua para fijar el "rumbo exacto" de su plataforma continental con Colombia más allá de las 200 millas marinas de la costa del país centroamericano[1]. Cabe señalar que según el derecho internacional, los países tienen derecho a que sus costas se proyecten 200 millas bajo el concepto “del mar sigue a la tierra”, por lo cual Nicaragua mediante este derecho pretende asumir como suyos los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos mencionados . El 17 de noviembre del mismo año, Colombia presentó su apelación alegando girando en torno a  la protección de los derechos de raizales e isleños, la integridad del Archipiélago, la preservación de la Reserva Seaflower, la protección del hábitat natural y los derechos históricos de pesca en las áreas marítimas aledañas al Archipiélago de San Andrés [2].

En el 2017, si bien la polémica en torno a este tema ha estado silenciosa y oculta, es necesario señalar que la CIJ dio a los gobiernos de Nicaragua y Colombia hasta el 28 de septiembre para presentar sus argumentos por escrito en el caso relativo a la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de la costa nicaragüense[3]. El senador colombiano Luis Fernando Velasco el pasado 23 de agosto aseguró que el equipo jurídico de Colombia ya está recopilando todos los documentos para responderle a Nicaragua antes de que se acabe septiembre[4]. Las reacciones colombianas antes esta declaración han sido nulas, realmente pocas, ya que el único medio que hizo eco de estas declaraciones en el país fue RCN Radio en su sitio virtual. Ningún otro sitio digital de noticias en Colombia, ni en la Cancillería de Colombia se hayo alguna reacción, frente a una fecha de respuesta que se encuentra cada vez más cercana.

No obstante, en los periódicos y en la cúpula gubernamental de Nicaragua reaccionaron de manera más elocuente que en los periódicos de Colombia. Por ejemplo, el diario Revolución 3.0[5] realizo un análisis de la situación actual del fallo. Entretanto el diario La Prensa, el más importante de Nicaragua, reseño las palabras de Velasco, además reseño las palabras de Jacinto Suárez, diputado sandinista y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del poder legislativo. “Nicaragua tiene la razón, pero no sólo hay que decirlo, lo está demostrando…Nicaragua siempre ha sido muy respetuosa y sobretodo ha tratado de ahondar en argumentación jurídica sobre el tema de los derechos en el mar, y vieron que tuvo resultados favorables”[6] expreso Suarez.

Ante la falta de reacciones  y de eco en los medios de comunicación, solo se puede denotar preocupación, ante el desinterés latente por parte de la población en general ante un asunto vital como lo ha sido este litigio. Además, inclusive en las palabras de Velasco se refleja un aura de ocultismo ante la respuesta que se debe llevar a cabo, ya que no dio ningún indicio del tipo de documentos a presentar en esta respuesta. Es vital que la ciudadanía se entere de los efectos y consecuencias  de este importante fallo que compromete la soberanía territorial del país.