Joseph Switer Plaza Pinilla

OPRIC

En la primera semana del mes de junio, el secretario de Estado de los EE.UU, Rex Tillerson, exhortó al gobierno Colombiano "Les hemos dicho que tenemos que volver a la aspersión (aérea), tenemos que volver a destrozar estos campos” invitación que en los últimos días ha generado gran controversia y debate en torno a si continuar o no con las fumigaciones aéreas para erradicar los cultivos ilícitos que desde el 2015 se habían detenido a partir de un fallo dictado por la Corte Constitucional. El gobierno de la Casa Blanca afirma que en los últimos meses, la producción y venta de cocaína ha aumentado de una forma galopante, según sus cifras y cálculos, “los cultivos ilícitos de coca en Colombia crecieron en 2016 un 18 % hasta alcanzar la cifra récord de 188.000 hectáreas sembradas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas”.^[1]

No obstante, la postura del gobierno Nacional Colombiano ha sido bastante clara. Pronunciamientos del Vicepresidente, de los Ministerio del Postconflicto, Ambiental y de Justicia, enseñan que el uso del glifosato es asunto del pasado. Lo que en realidad conviene es proponer nuevas estrategias para abordar el tema del narcotráfico y de los cultivos. La evidencia científica demuestra que el uso del glifosato, es una estrategia inútil y con grandes externalidades, ya que no solo elimina los sembradíos ilícitos, también contamina suelos, fuentes hídricas, destruye selvas y zonas forestales, afecta la salud, además de ser una herramienta que complica la vida y producción campesina, puesto que entorpece al pequeño productor afectando sus propios cultivos y terrenos ^[2].

Por otra parte, la historia demuestra que la estrategia del glifosato no ha tenido mayores resultados. Desde el año 1994 hasta el último censo del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) realizado en 2014, las fumigaciones nunca lograron cumplir el objetivo de acabar con los cultivos ilícitos, los datos demuestran que “en 2013 había 48.000 hectáreas sembradas de coca, distribuidas en 23 de los 32 departamentos de Colombia”^[3]. Por ende, se puede observar que los cultivos ilícitos en el país se han duplicado en este último año hasta alcanzar 188.000 mil hectáreas^[4]. Es necesario abordar soluciones alternativas como la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación manual, puntos ya pactados en el acuerdo final para la paz.

Ahora bien, es menester tratar de develar porqué existe un aumento de los cultivos ilícitos, son varias las respuestas frente a este interrogante, algunos afirman que el aumento de la producción de coca, se debe a que ante la caída de los precios del sector minero, hubo un desplazamiento de mano de obra hacia el cultivo de coca^[5], otros que se debe a la crisis económica, incluso algunos consideran que hubo una incidencia por la demanda de consumo de coca en EE.UU, Europa y Brasil^[6] con lo cual se puede dar cuenta de un problema multicausal. Las declaraciones que hizo Tillerson son someras y vagas, al considerar que el problema del aumento de consumo de coca recae en crecimiento de cultivos ilícitos, deja de lado el común denominador en la mayoría de estas hipótesis, y es la poca presencia estatal. Lo anterior, ha generado un aislamiento geográfico en diferentes zonas, dificultades económicas y la presencia de actores armados, lo cual lleva aseverar, que la idea de volver a considerar al glifosato como un eje de política antidroga sería un “paño de agua tibia”, puesto que de trasfondo existiría la incapacidad por parte del Estado de cumplir sus responsabilidades y la falta de compromiso por tratar de buscar soluciones a largo plazo.

No obstante, lo anterior no se ha llegado a dar, el vicepresidente Oscar Naranjo fue enfático en afirmar, que “las condiciones y el escenario en la actualidad es diferente al pasado (...) Colombia se merece la oportunidad de probar”^[7]. Es el momento, de generar nuevos lineamientos, ya existe una base sólida, el punto 4 del acuerdo de paz “solución al problema de drogas ilícitas”, desde allí, se pueden diseñar los mecanismos necesarios para lograr una cooperación y no una confrontación, de tal modo, que se supere el flagelo que por tantos años ha padecido la población rural. Esto no es una carrera, la presión que pueda ejercer el gobierno de EE.UU no puede afectar la aplicación de nuevas estrategias y fortalecimiento institucional a largo plazo, los resultados por ejemplo, de la sustitución de cultivos ilícitos no se verán de la noche a la mañana, por ende, lo que se debe tratar es que más allá de la erradicación y eliminación de “matas”, se encuentra es el bienestar de una población que busca nuevas oportunidades para su vida y familia.

En conclusión, en los últimos días ha vuelto el debate en si continuar o no con las aspersiones de glifosato, debido a la invitación del gobierno de los EE.UU de dar vía libre a ello. Sin embargo, el gobierno Nacional Colombiano ha declarado que no retomará dicha práctica. Aún queda mucha tela por cortar, el conflicto en torno a  los cultivos ilícitos tiene una historia que va de la mano con  los planes para su “erradicación”, ésta ha demostrado que el uso del glifosato además de afectar de forma negativa a los habitantes y a la biodiversidad de ciertas zonas, es una práctica a corto plazo que no arroja los resultados esperados.