Brayan Pardo Pérez

OPRIC

El pasado 25 de febrero, el guerrillero de las Farc Julio Enrique Lemos, alias “Náder”, fue capturado fuera de una de las zonas de preagrupamiento dispuestas para el grupo guerrillero. Se registró que Lemos, al momento de su captura, se encontraba por fuera de la Zona Veredal Transitoria de Normalización del Gallo (Córdoba) de las Farc pues tenía que ir a un hospital para ser tratado de una hepatitis B. No obstante, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el guerrillero debía ser dejado en libertad puesto que había presentado una solicitud para que su caso fuera de conocimiento de la jurisdicción especial para la paz[1]. El pasado 31 de mayo, el magistrado Fernández en una rueda de prensa señalo la imposibilidad de seguir teniéndolo privado de la libertad porque las órdenes de captura impartidas contra miembros de las Farc, por conductas realizadas antes del acuerdo de La Habana, quedan suspendidas[2].

El meollo del asunto recae en el hecho de que Lemos presentaba una orden de captura desde 2009 por delitos de secuestro y narcotráfico. Unida a esta orden de captura se encontraba un pedido de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Lemos es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por el secuestro de un estadounidense y delitos relacionados con el narcotráfico. Claramente, la libertad de Lemos dejo un gran malestar en el gobierno de Estados Unidos, el cual a través de su embajador en Colombia, Kevin Whitaker, se ha expresado de manera enfática y ha criticado la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. 

En una carta de tres páginas enviada al presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Kevin Whitaker embajador de Estados Unidos en Colombia, se ha referido a Lemos como un hombre “sumamente violento y criminal”[3]. Además, señalo que el delito cometido por Lemos fue despiadado e inhumano contra una víctima, un ciudadano americano[4]. Sumado a estas cuestiones, Whitaker remarca que en el acuerdo se habla de excepciones, y entre ellas está la extradición, indicando que los delitos realizados por Lemos fueron para su propio beneficio personal, por lo cual está excluido de cualquier trato personal[5].

También cabe recordar, que al momento de la captura de Lemos el pasado 25 de febrero, Iván Márquez se refirió a este hecho como una provocación y un sabotaje de los acuerdos[6]. Un excompañero de Lemos se refirió a la captura, como una situación que ha generado un profundo malestar en las bases guerrilleras, que ya están pensando que el gobierno puede atacar las zonas [ZVTN][7].

Ciertamente, esta situación suscitada entre la Corte y el gobierno de Estados Unidos puede llegar a complicarse aún más, puesto que de un lado esta uno de los principales aliados en el panorama mundial el cual es Estados Unidos, mientras que en el otro lado se encuentra la Corte Suprema de Justicia defendiendo lo pactado entre las Farc y el gobierno de Colombia. El caso de Lemos es importante para los acuerdos de la Habana, puesto que se podrá visualizar si el gobierno colombiano tiene la capacidad de no extraditar a combatientes de las Farc requeridos en extradición por otros países. Se puede decir que este caso puede crear un precedente jurídico. En el ambiente queda esperar otra reacción por parte del gobierno de Estados Unidos, ya que entorno a la no-extradición de Lemos al país norteamericano, es probable que este país tome medidas restrictivas frente al acuerdo. Ante esta posible situación, el gobierno de Colombia debe gestionar de una manera eficaz y diplomática sus cartas, para evitar que este problema se torne en una situación inmanejable para los intereses de Colombia.