Angélica Goelkel Arévalo

OPRIC

El proceso de paz con las FARC puso sobre la mesa de nuevo el tema de quienes ingresaron a prisión por crímenes relacionados con esta guerra como el narcotráfico. Uno de los casos más representativos ha sido el de Simón Trinidad quien ingreso a una penitenciaria de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos en el año 2004 para cumplir una condena de 60 años.

Desde que revivió este debate, se han registrado varias opiniones acerca de cuál debería ser el futuro de Trinidad. Las FARC por supuesto aseguran que en esta coyuntura de paz y justicia transicional el caso debería ser tenido en cuenta y permitir a Trinidad volver a Colombia. Por su parte, Sergio Jaramillo, representante del gobierno colombiano en este proceso, afirmó en el mes de enero que la responsabilidad de una posible repatriación está en manos de las autoridades estadounidenses, y, además, “No son las FARC las que pueden decir cuáles de sus miembros pueden recibir la amnistía. Por el delito de rebelión la reciben todas las FARC y las amnistías más complejas las va a otorgar la Sala de Amnistía”[1]

Es importante aclarar que, según la cancillería colombiana, el proceso de repatriación es: “Proceso de retorno de un connacional al territorio nacional, sea por voluntad propia o con colaboración directa de las autoridades locales”[2].

En días pasados, una ONG inició un proceso en un intento para repatriar a Trinidad por medio de un derecho de petición enviado a la Presidencia de la República. El líder de la organización impulsora; “Uldarico Flórez, presidente de la ONG, dijo que ‘Trinidad’ podría contribuir como plenipotenciario del proceso de paz y miembro de la comisión de dejación de armas; y finalmente ser beneficiario de la ley de amnistía.”[3]. Al conocerse el anuncio, analistas políticos y exfuncionarios públicos como Juan Manuel Charry y Fernando Araujo opinaron sobre la dificultad de que esta iniciativa prospere teniendo en cuenta la insuficiencia de argumentos jurídicos y el exceso de políticos, y por otra parte que uno de los crímenes de Trinidad fue el secuestro de tres ciudadanos, un delito ante el cuál Estados Unidos siempre ha sido muy riguroso.

Se le dio respuesta trasladando la solicitud que realizó al Ministerio de Relaciones Exteriores con el argumento de que ese organismo es el encargado de tratar ese tipo de temas. Pero, la cancillería aclara que el hecho de que se le dé respuesta a su solicitud, por medio de un radicado como de costumbre, no significa que se esté tramitando ningún proceso de repatriación, sino que se aceptó el derecho de petición enviado. Por otra parte, desde los Estados Unidos no se han dado declaraciones sobre el tema desde diciembre de 2016 cuando el partido Republicano se declaró en contra de la repatriación del ex líder de las FARC.

El tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos firmado en 1979 en el auge de los carteles de drogas colombianos, cobija a Trinidad y aunque ha sido un tratado muy controvertido sigue vigente. Se abren interrogantes respecto a las declaraciones que pueda hacer le presidente Donald Trump respecto a este caso, pero por lo que ha mostrado en su gobierno no serán muy alentadoras, teniendo en cuenta sus tendencias proteccionistas que castigan iniciativas que fuera de los Estados Unidos afecten a su país, y como factor agravante, Trinidad se encuentra en la misma prisión que otros grandes líderes del narcotráfico y del islam que han cometido graves crímenes lo que le pone al nivel de los peores criminales para ese país.

Lo que hay alrededor del caso Simón Trinidad es una puja de poderes disfrazados bajo argumentos jurídicos. Los tribunales de amnistía y el sistema jurídico montado para el proceso de paz siempre ha sido blanco de críticas por poder dar amnistías a este tipo de líderes, esto se enfrenta al poder de Estados Unidos quien sin duda tiene una capacidad de decisión más allá de la coyuntura de paz de la que se habla en Colombia, poder conferido por el Tratado de extradición.