Juan David Peñaranda

OPRIC

El pasado miércoles 31 de mayo la Organización de Estados Americanos (OEA) reunió 34 países con el objetivo de discutir la crisis política de Venezuela. La 29ª reunión finalizó sin consenso, se suspendió la sesión y se programó un nuevo encuentro. De igual modo, se debe destacar semanas antes, que el anuncio de la reunión motivó la petición de retiro de la organización por parte del gobierno venezolano. Para el presidente Nicolás Maduro, las declaraciones del secretario general de la Organización, Luis Almagro quien aduce que la situación de Venezuela supone la “ruptura del orden democrático”[1], son una manifestación de un “intervencionismo imperial”[2] que exigen el retiro inmediato de la organización y el apoyo del pueblo mediante una “unión cívico militar”[3]. No obstante, pese a la retórica de Maduro, una delegación de Caracas hizo presencia a último momento en la reunión, aunque no participó en el debate.

Por parte de Colombia, la canciller María Ángela Holguín profirió fuertes declaraciones en particular frente a la iniciativa de Asamblea Constituyente venezolana: “Para lograr la cohesión social consideramos que el proceso de convocatoria de una Asamblea Constituyente en este momento es negativo para el país. La constituyente debe obedecer a una decisión legítima del pueblo venezolano a través de una consulta popular como lo estipula la constitución venezolana". De igual modo destacó la importancia de vincular instituciones mediadoras como el Vaticano y la ONU para dar solución “la crisis estructural que vive Venezuela, la gran polarización e imposibilidad para resolver las diferencias por las vías pacíficas”[4]. Estas declaraciones se suman a pronunciamientos previos de la Canciller colombiana, como aquellos que sostuvo ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en donde hizo un llamado para que el país vecino convoque elecciones.

Puede afirmarse que las declaraciones de la Canciller, le dan continuidad a una creciente ofensiva diplomática que busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis venezolana. Recientemente, por ejemplo, llamó a consultas al embajador colombiano en Caracas, luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que asumía las competencias legislativas de la Asamblea Nacional. Aunque esta decisión fue anulada con posterioridad, para la diplomacia colombiana el régimen es antidemocrático y es necesario un nuevo acuerdo nacional que permita la vigencia plena del Estado de derecho, en especial el principio de división de poderes y la alternancia en el poder. Asimismo, para Holguín “la estabilidad política podrá reflejarse en la estabilidad económica, en la medida que con un gran acuerdo de logren corregir los desequilibrios macroeconómicos y así volver a crear prosperidad[5]”. Así, para la canciller, la conflictividad política que vive Venezuela le impide tomar decisiones de fondo que permitan mitigar la crisis, en un contexto externo desfavorable caracterizado por los bajos precios internacionales del crudo, principal fuente de divisas del régimen venezolano. Igualmente, Holguín manifestó la voluntad del gobierno colombiano de enviar alimentos y medicinas al país vecino, en caso de ser necesario, para suplir las apremiantes necesidades del pueblo venezolano.

Con estos pronunciamientos, Colombia adopta una postura más enérgica en escenarios internacionales y critica abiertamente las medidas que busca implementar Venezuela en medio de la crisis. Conforme colapsa económicamente, pero no a nivel político, el régimen de Maduro, el gobierno colombiano endurece sus declaraciones y exige un mayor diálogo entre el gobierno y la oposición para forjar un gran consenso nacional que permita a largo plazo darle más estabilidad y gobernabilidad al país vecino.