Joseph Switer Plaza Pinilla

OPRIC

Desde hace varios meses, las relaciones entre Colombia y Venezuela no parecen pasar por un buen momento, a las situaciones de crisis fronteriza, constantes deportaciones, contrabando, presencia de actores armados en las fronteras, hay que agregarle un nuevo evento que ocurrió el pasado 22 de mayo. Durante esta jornada, la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez denunció la presencia militar de vehículos blindados y de combate cerca de la zona fronteriza en la región de Paraguachón, departamento de La Guajira. Acto que fue calificado como insólito e inadmisible, exigiendo un cese a lo que ellos denominan como actos de provocación y un llamado “a entender el espíritu de la hermandad bolivariana”[1].

Ahora bien, lo anterior es solo una versión de los hechos, el gobierno Colombiano ya se pronunciado desde el Ministerio de Defensa, afirmando que “los vehículos blindados desplegados cerca de Paraguachón sólo cumplen una función de control “del delito” y están en esa zona desde 2015”[2] , del mismo modo, el gobernador de la Guajira, Weidler Guerra, afirma que siempre ha existido presencia del ejército en la zona limítrofe, pero a 11 kilómetros de distancia de ella, “a veces se mueven para hacer controles de contrabando y seguridad, pero no están a pocos metros de la frontera, como afirma el comunicado”[3].

Así, ante las declaraciones del gobierno Colombiano, la Canciller de Venezuela Delsy Rodríguez en rueda de prensa declaró: “No nos satisface ni estamos conformes con la respuesta dada del Gobierno colombiano, porque sabemos que las actividades y acciones militares y el equipamiento militar que está presente en la frontera con Venezuela no se compagina con actividades para la lucha contra el delito trasnacional"[4]. Ahora, la polémica fue mayor cuando el gobierno venezolano afirmó que esta acción “está enmarcada en la provocación diseñada por el Pentágono. Ha sido una denuncia permanente, fue una denuncia también incluso en la reciente visita que hizo el presidente Juan Manuel Santos a los Estados Unidos"[5].

Los anteriores acontecimientos plantean ciertos interrogantes, en primer lugar, ¿existe de fondo un interés por desviar la atención hacia lo sucesos que en realidad están aconteciendo en el interior de Colombia y Venezuela?, y segundo, ¿acaso Venezuela le está dando demasiada trascendencia a un hecho que comúnmente suele suceder en la frontera entre Colombia y Venezuela? Para responder al primer interrogante se debe conocer que, en los últimos días, en Colombia se han dado una serie de manifestaciones desde diferentes sectores que reclaman la intervención del Estado y una mayor notoriedad en la solución de sus demandas, por otra parte en Venezuela, aún continúan las protestas y manifestaciones opositoras que exigen unas próximas elecciones generales.

En este ambiente de molestia, desviar la atención internacional es una estrategia conveniente para el gobierno de ambos países. Se considera que el desvío de la atención beneficia más al gobierno Venezolano, puesto que da un respiro a la presión que ha vivido en las últimas semanas.  Prueba de ello, son sus declaraciones y el llamado que hacen a la comunidad internacional, “Alertamos a la comunidad internacional sobre la paralización de los acuerdos de paz por parte de la élite que gobierna Colombia, frustrando todos los esfuerzos internacionales que han coadyuvado para hacer realidad el fin de la guerra en este país, y que ha afectado a nuestra Región durante décadas”[6] o “hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse alerta a estas acciones que pretenden afectar aún más las relaciones bilaterales entre nuestros países”[7], exhortaciones que terminan omitiendo y desviando la atención hacia las denuncias por violación de derechos humanos en Venezuela.[8]

Para responder el segundo interrogante, es menester hacer memoria de que este evento no es el primer problema que se da en torno a la movilización de tropas cerca de la frontera. El pasado 23 de marzo, se denunció la instalación de campamentos militares en territorio vecino, aunque dicho imprevisto no pasó a mayores. Más bien, lo que se evidencia a partir de estos sucesos, es la falta de un diseño de política “unificada” fronteriza, puesto  que de no formularse, estos eventos van a seguir ocurriendo una y otra vez, y si no se plantean puentes de cooperación que lleven a la solución de esta problemática, las implicaciones a futuro podrían dejar graves secuelas en materia de migración, seguridad, fronteras  y en la canalización de remesas.

En síntesis, vuelve y juegan los problemas a causa de la presencia militar de tropas en la frontera Colombo-Venezolana. El recuento de los hechos tiene dos versiones, por una parte la molestia del gobierno Venezolano de estos actos que calificaron como provocativos, por otra parte el asombro del gobierno Colombiano, que afirmo que existió completa normalidad en el desarrollo de las funciones de orden público, lejos de la línea limítrofe. Son varias las especulaciones que pueden girar en torno a este tema, pero más allá, estos acontecimientos son un síntoma de la necesidad de diseñar e implementar una política de frontera en cooperación con los países vecinos.

Ahora para el desarrollo de una política de frontera existe un problema y es la no existencia de un escenario propicio para el trabajo conjunto, las relaciones están en un punto crítico y pretender el crear puentes de cooperación en un corto plazo no es lo más factible. Una solución a esta coyuntura es imperante, quizás haciendo uso de las herramientas del derecho internacional, porque lo que sí es cierto, es que los efectos adversos a estos eventos los está acarreando la población.