Juan David Peñaranda M

OPRIC

El pasado 11 de mayo, el presidente panameño Juan Carlos Varela afirmó que el proceso de paz en Colombia tiene efectos negativos en su país: “si ustedes ven algo que se dio, yo avisé hace algunos meses que la paz en Colombia iba a tener un impacto en Panamá porque se estaba aumentando la producción de droga”. Muestra de ello, es el reciente enfrentamiento entre supuestos narcotraficantes colombianos y autoridades panameñas en la selva del Darién: “es la primera vez que veo se da de baja a cuatro colombianos en suelo panameño, producto de querer traer droga a nuestro país" precisó el mandatario.

En un comunicado de prensa, la Cancillería colombiana manifestó su preocupación ante estas declaraciones, y se pronunció en los siguientes términos “es claro que incidentes como lo ocurrido esta semana en el área de la frontera común, responden a una dinámica criminal transfronteriza que afecta a todos los países de la región y no tiene relación directa con el proceso de paz en Colombia”. Para el gobierno colombiano, las declaraciones del presidente panameño son “injustas e inexactas” y se debe tener en cuenta que “el problema de las drogas es mundial y por eso la guerra contra este delito requiere de respuestas globales”[1]. Ante estos pronunciamientos, el presidente Varela afirmó que la Canciller María Ángela Holguín malinterpretó su mensaje, y reiteró el apoyo de Panamá al proceso de paz y su agradecimiento por la mutua colaboración[2].

Este intercambio de declaraciones, es una muestra del complejo curso que han seguido las relaciones colombo-panameñas en el último lustro. Si bien no existe un deterioro significativo, si se han producido algunos incidentes que ponen de manifiesto las dificultades que aún persisten para lograr una cooperación más estrecha entre las dos naciones. Esto se evidencia, por ejemplo, en las fuertes disputas que se han presentado en materia comercial. Desde el 2012, Colombia empezó a aplicar aranceles a los calzados y textiles provenientes de Colón debido a que consideraba que estas importaciones tenían precios muy bajos para lavar dinero. En respuesta, Panamá denunció al país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y obtuvo un fallo a su favor.

Aunque Colombia apeló el fallo, la OMC ratificó la decisión y fijó un plazo, que venció el pasado 22 de enero para que el país desmontara estas barreras al comercio. El gobierno colombiano emitió dos decretos en noviembre del año pasado que sustituyen el arancel del 10% aplicado previamente, para dar cumplimiento al fallo de la OMC. Sin embargo, para el gobierno panameño los decretos suponen mayores restricciones para acceder al mercado, y en consecuencia solicitó en febrero de este año a la OMC, autorización para imponer sanciones comerciales por 210 millones de dólares aduciendo que Colombia no cumplió el fallo y afectó sus ingresos vía exportaciones. El Órgano de Solución de Disputas de la OMC, creó recientemente un panel para evaluar el cumplimiento del fallo, y dirimir el conflicto arancelario.

Otro de los frentes, en donde se han presentado disputas ha sido en materia tributaria. Colombia reversó la declaratoria de Panamá como paraíso fiscal, luego de un acuerdo bilateral contra la doble tributación firmado en abril del año pasado, que incluía una cláusula de intercambio de información fiscal conforme a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este acuerdo en materia tributaria, que aplicará Panamá a partir del 2018, se produjo luego de fuertes tensiones entre los dos países, luego de que Colombia declarara a Panamá como paraíso fiscal y en retaliación, el istmo aplicara medidas en contra de las empresas colombianas que tienen inversiones en ese país. Con el acuerdo se limaron asperezas y las relaciones continuaron de forma armónica, como lo evidencian las declaraciones del presidente Santos: “lo que hicimos, en nada tiene que ver Panamá como país, porque Panamá es un país amigo, con el cual tenemos una relación muy especial. Nosotros vamos es detrás de los evasores y de los corruptos. Ese es nuestro objetivo”[3].

Finalmente, puede afirmarse que las fuertes declaraciones que profirió el presidente Varela, son una muestra de la preocupación que sigue generando a nivel regional los problemas internos de Colombia en materia de orden público.  Sin duda alguna, el acuerdo de paz con las FARC representa un avance significativo para consolidar la presencia del Estado en todo el territorio nacional e implementar medidas trascendentales como la sustitución de cultivos ilícitos. No obstante, aún persisten actores armados como las bandas criminales (el Clan del Golfo) y los frentes disidentes de las FARC, que a futuro le seguirán disputando al Estado el monopolio de la violencia a nivel territorial.

Por tanto, fortalecer la cooperación con países vecinos como Panamá es fundamental, dada la interdependencia que existe entre los países materia de seguridad y en temas económicos. En este último aspecto, las cifras son reveladoras: Panamá es el segundo país con mayores inversiones en Colombia con unos 21.718 millones de dólares al cierre del 2016, lo que representa el 13,2 por ciento del stock total de inversión extranjera directa (IED)[4]. De este modo, un entendimiento profundo en materia comercial y tributaria es muy beneficioso, porque permite luchar contra la evasión fiscal y el lavado de activos.

De igual modo, la lucha contra el narcotráfico es un eje estratégico que exige una estrecha cooperación entre los dos países, considerando como agravante que en los últimos años se ha producido un incremento de los cultivos de coca en territorio colombiano, lo cual a su vez ha generado un aumento record en la incautación de narcóticos por parte de las autoridades panameñas, como lo muestra el Gráfico 1[5]. Por ende. una cooperación más fluida y armónica será entonces de suma importancia para que las dos naciones puedan enfrentar exitosamente los desafíos comunes venideros.