Angélica María Goerkel Arévalo

OPRIC

El pasado 4 de mayo el Congreso de Estados Unidos dio luz verde a los recursos otorgados por ese país para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Lo aprobado fueron 450 millones de dólares que se enmarcan en el presupuesto estadounidense para el año 2017. Estos recursos fueron propuestos por el expresidente Barack Obama el 4 de febrero del año pasado en el evento en que se conmemoraron 15 años del Plan Colombia y se discriminan en 391 millones en fondos del Departamento de Estado y 59 por parte del Departamento de Defensa.

El presidente Juan Manuel Santos se pronunció al respecto: “Lo que vimos hoy es un espaldarazo también de Estados Unidos al proceso de paz. El plan se llama ‘Paz Colombia’ y es un paso importantísimo para el futuro de nuestro país”[1] y también resaltó que el presupuesto que se aprobó es 20% mayor de lo que se esperaba; “Lo autorizado para 2017 representa un aumento del 25 por ciento si se compara con los fondos que recibió el país en el 2016 (unos US$ 295 millones)”[2].

Santos también le dio parte de tranquilidad a quienes, según él, aseguraban que los recursos prometidos no serían aprobados y que incluso contribuyeron a que eso pudiera ser así, refiriéndose a la supuesta reunión de Trump con Santos y Pastrana. A esto se sumó la declaración del embajador de Colombia en Washington Juan Carlos Pinzón que en entrevista en Blu Radio la semana pasada celebró la aprobación del rubro para Colombia y apoyó al presidente Santos en la crítica a las acciones de los expresidentes.

Es fundamental aclarar que estos recursos vienen condicionados. En primer lugar, 20% de los fondos serán destinados a las Fuerzas Armadas, pero no se entregarán hasta que el secretario de Estado certifique que un tribunal juzgará violaciones graves de Derechos Humanos con el fin de “imponer sanciones significativas contra los responsables, entre ellas penas privativas de la libertad, reparación de víctimas y garantías de no repetición”[3]

190 millones se destinarían a la desmovilización de las FARC, los programas de desarrollo de los municipios más afectados y ayudas a las instituciones que quedan encargadas de atender a las victimas e impartir justicia, otros 30 millones van al desminado, y también se estima un porcentaje importante a la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Es importante resaltar que estas condiciones vienen siendo discutidas dentro del congreso estadounidense desde el año pasado, pero en las discusiones se dejó ver que la prioridad más grande siempre ha sido la lucha contra el narcotráfico.

Cuando Barack Obama planteó los recursos para Colombia reconoció la importancia de la relación Estados Unidos-Colombia y la caracterizó como la más fuerte con el continente, Santos al enterarse de la aprobación de los recursos afirmó algo similar. Aún no se tienen declaraciones de Donald Trump y se rescata que aún no ha firmado la ley aprobada por el congreso, pero no se esperan contratiempos en esta etapa pues su relación con el congreso no ha sido la mejor, el cuerpo legislativo ha ejercido bien su función de contener el poder ejecutivo.

Históricamente es claro que las ayudas de Estados Unidos nunca han sido desinteresadas y esta no será la excepción. Si bien Donald Trump ha manifestado un desinterés en las relaciones con América Latina, tendencia muy contraria a la de su antecesor; los recursos que da el gobierno estadounidense pretenden atacar los temas que el país norteamericano sienta como amenaza, de allí la lista de condiciones que impone a los recursos, su interés por asignar una parte importante a la lucha contra el narcotráfico y las exigencias de tribunales que juzguen violaciones a derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Colombia sigue siendo el mejor aliado de Estados Unidos en el país, con el tiempo se sabrá si el interés por mantener esta relación tiene algo que ver con acciones futuras que pueda tomar el gobierno de Donald Trump frente al continente americano utilizando a Colombia como base.