Brayan Stiben Pardo Pérez

OPRIC

El pasado 29 de abril, la República Bolivariana de Venezuela formalizo su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de una  carta enviada a la sede de esta organización en Washington. "La Venezuela libre e independiente no retornará jamás al seno de esta organización, devenida desde su origen en un instrumento para validar los deseos imperiales contra los pueblos soberanos"[1], argumentó el presidente venezolano Nicolás Maduro fundamentando su decisión.

Entretanto, la OEA se ha expresado ya en distintas ocasiones sobre la situación venezolana haciendo referencia a la existencia de una crisis en el país venezolano. En el comunicado de prensa más reciente de la organización entorno a la crisis venezolana publicado el pasado 2 de mayo, el Secretario General de la OEA Luis Almagro arguyó, “Venezuela sufre una grave alteración de su orden constitucional por parte de un régimen que ha violado la Constitución en todos sus principios fundamentales”[2].

El papel del gobierno colombiano ha sido fundamental en la ruptura entre Venezuela y la OEA. Colombia ha sido uno de los países en que más ha insistido en evaluar la situación venezolana en la OEA. El pasado 24 de marzo, Colombia fue uno de los dieciocho países que solicitaron al Consejo Permanente de la OEA celebrar una sesión extraordinaria para analizar la situación de Venezuela que se llevó a cabo 4 días después, el 28 de marzo[3].

En la sesión del 28 de marzo, se puso de manifiesto la posición del gobierno colombiano, cuando en su discurso el Representante Permanente de Colombia ante la OEA, Embajador Andrés González Díaz señaló: “No nos corresponde como expresamente lo señala la Carta “intervenir en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”, pero al mismo tiempo nuestro acto fundacional exalta la importancia de promover y consolidar la democracia en el continente, respetando el principio de no intervención… Ahora bien, lo que procede a nuestro juicio es ayudar al pueblo venezolano a encontrar soluciones a su situación económica y social y al país a buscar el camino político”[4]. Aunque no lo expresa de manera explícita, su alusión en la Sesión del Consejo Permanente hace referencia a la existencia de una crisis económica, política y social en Venezuela. El representante González hizo énfasis en la parte política de la crisis, y arguyó que esperan soluciones concretas que busquen garantizar la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y a las instituciones democráticas, la liberación de presos políticos, el funcionamiento de la Asamblea Nacional y un cronograma electoral para este año, con la elección de gobernadores, que no se llevaron a cabo en el 2016[5].

Ante las palabras del representante colombiano, Venezuela hizo su respuesta mediante las palabras Embajador Representante Permanente Alterno de la OEA, Samuel Moncada. “En Venezuela viven más de 5 millones de colombianos, señor embajador, y nunca dijimos ‘qué crisis hay en Colombia, no hallamos qué hacer con ellos’. Al contrario los recibimos con brazos abiertos”[6], alegando además que la celebración de esta reunión es intervencionista y viola los principios de la Carta Democrática de la OEA.

La actuación de Colombia en la OEA ha sido fundamental en el devenir de los hechos y en el posterior retiro de Venezuela de la organización. Esta actuación obedece en parte al seguimiento de los intereses de los países más fuertes de la región principalmente Estados Unidos. La actuación de Colombia entorno a la crisis venezolana también trasciende hacia un nivel interno. Prueba de ello está en la expedición de la tarjeta migratoria de tránsito para los venezolanos que deseen entrar a Colombia desde el pasado primero de mayo[7], o la sanción a 500 empresas que contrataron a venezolanos que según la Canciller María Ángela Holguín “no tienen ningún tipo de papeles y les pagan cifras muy bajas y sin seguridad social”[8].

Sobrepasando el nivel de una bilateralidad formal, esta actuación responde al carácter de las relaciones con los dirigentes chavistas en Venezuela, las cuales siempre han sido tensas. Primero, desde un punto de vista político, segundo como producto de la migración. Desde la parte política, en 1999, año en que Hugo Chávez llega a la presidencia en Venezuela, ambos gobiernos tuvieron declaraciones y actos que dilatarían un poco las relaciones de estos dos países. Por ejemplo, Pastrana dejó entrever que columnas de las Farc se refugiaban en Venezuela, cuando Chávez y Reyes mantuvieron una reunión, en la cual Chávez expreso una simpatía por las Farc. Entretanto, Pastrana en 2002 le otorgó asilo político al golpista Pedro Carmona[9]. En el siguiente gobierno colombiano con Álvaro Uribe, las relaciones con el gobierno chavista llegaron a un punto importante de inestabilidad, con sucesos como, entre otros, el arresto de Rodrigo Granda en Caracas. Con el gobierno de Santos, ocurre un proceso de acercamiento con los gobiernos vecinos que se mantuvieron distanciados con Uribe, Ecuador y Venezuela. Sin embargo su gobierno no estuvo exento de problemas con los gobiernos chavistas, principalmente el de Maduro.

En segundo lugar, la migración de colombianos a Venezuela ha sido un factor importante en la actuación del gobierno colombiano en la OEA frente a la situación de Venezuela. En 1999 cuando estalla la crisis financiera en Colombia, se hace evidente la migración de colombianos a Venezuela, en busca de las oportunidades que ofrecía la floreciente Venezuela en ese entonces en materia social y económica.

En el gobierno de Hugo Chávez solo existió un cierre de frontera en el 2008, el cual más que a aspectos de migración, respondió a la coyuntura y la tensión de las relaciones de Colombia con sus vecinos en ese momento. No obstante, con Nicolás Maduro la frontera se ha cerrado en momentos puntuales en tres años (2015, 2016, 2017), la cual respondió a temas de narcotráfico, pero que tiene un trasfondo fundamental en la migración colombiana a Venezuela, principalmente en 2015. Por ejemplo el 20 de agosto de 2015, el mandatario venezolano afirmo "Migración colombiana a Venezuela es comparable al éxodo de africanos hacia Europa", debido a que de enero a julio de 2015 según Maduro habían inmigrado 140000 colombianos[10]. Esa misma fecha, ordena el cierre de la frontera en Norte de Santander, y días después pasaría lo mismo con los pasos fronterizos de Arauca y la Guajira, argumentando que los colombianos estaban detrás de la impresionante oleada de delincuencia en Venezuela[11]. Este suceso es el fundamental en la actuación de Colombia en la OEA frente a la situación venezolana, se puede inferir que puede ser un ajuste de cuentas por parte del gobierno colombiano hacia Venezuela, llevada a cargo por el embajador ante la OEA Andrés González, exgobernador de Cundinamarca por el partido Liberal, y que siempre ha mantenido buenas relaciones con los gobernantes colombianos de turno.

El Gobierno de Colombia debe estar muy atento al devenir de los hechos en la República de Venezuela, dado que un hipotético empeoramiento en esta crisis puede conducir a una crisis migratoria en las fronteras de Colombia y Venezuela. Aparte de Venezuela, Colombia sería el otro principal gran afectado en caso de que la crisis desemboque en algo inmanejable como un golpe de estado o una guerra civil, ya que Colombia sería el único país de donde la gente puede escapar de manera terrestre (la frontera con Brasil y con Guyana es selvática) haciendo que el flujo migratorio hacia Colombia sea insostenible. Además, en Venezuela actualmente vive un aproximado de 1 millón de colombianos, por lo cual dejar que estalle una guerra civil en Venezuela sería catastrófico. La crisis en Venezuela es clara, por ello las Organizaciones Internacionales, pero principalmente el Gobierno de Venezuela y la oposición deben sentarse a negociar para su solución. Colombia debería adquirir una posición de acercamiento y de dialogo directo con el gobierno venezolano más allá se sumarse a las posiciones en la OEA que, más allá de su contenido con llamados al orden y a la democracia, lo único que hacen es radicalizar las posiciones del gobierno de Maduro, tanto hacia afuera como hacia adentro.