Lady Marcela Hernández Quinayas

OPRIC

El pasado lunes 9 de mayo el presidente panameño Juan Carlos Varela puso en marcha la “Operación Escudo” que busca blindar la frontera de su país con Colombia. Esta decisión se dio en el marco de un aumento en la producción y embarque de drogas por parte de los países vecinos, especialmente de Colombia, además de un crecimiento de inmigrantes cubanos que pasan por su país con el sueño de llegar a los Estados Unidos. Luego de la crisis migratoria en la frontera de Venezuela, esta decisión del gobierno panameño representa un gran reto para la política exterior colombiana en esta materia, el cual será analizado en el presente artículo.

El ingreso masivo de inmigrantes no es una problemática novedosa, y ha sido una preocupación constante de los países centroamericanos, los cuales se convierten en paso obligado para las personas que quieren viajar del sur al norte del continente. Ante esto, el año pasado Costa Rica y Nicaragua cerraron sus fronteras con Panamá con el fin de prohibir el paso a los migrantes, por lo que éste se convirtió en el país en donde se paralizaría la expedición de dichos viajeros. Hasta el mes de mayo habían represados cerca de 4.000 cubanos los cuales, bajo el deseo de acceder a las facilidades de recibo y vivienda que brinda Estados Unidos no renunciarían a su viaje.

Así, al mejor estilo de Macedonia, Croacia, Eslovenia y otros países europeos, Panamá cerró sus fronteras y prefirió dejar a sus países vecinos que absorbieran las crisis migratorias y humanitarias evidenciadas en la región. Los conflictos sociales, crisis económicas y política y en consecuencia la incapacidad de los Estados de brindar bienestar a sus nacionales generan que las personas inicien la búsqueda de nueva condiciones de vida. Tal búsqueda afecta a todos los países y no puede ser simplemente negada por los mismos.

De la misma manera, el aumento del paso de embarcaciones ilegales incentivó esta decisión. El gobierno panameño decidió, además de cerrar fronteras para el paso de inmigrantes ilegales, reforzar las mismas para la persecución contra el narcotráfico, por lo que aumentó en la zona personal de inteligencia, ejercito y les brindo equipamientos especializados para tal fin.

Ante esta situación el gobierno de Colombia no tuvo mayor pronunciamiento. La canciller Holguín se limitó a indicar que estaba de acuerdo con la lucha contra el narcotráfico y el paso ilegal de migrantes, y aclaró además que la decisión no afectará a aquellas personas que tengan los papeles en regla y cumplan con los requerimientos para el ingreso legal al país.

No obstante, esta decisión del gobierno panameño merece especial atención ya que puede traer fuertes consecuencias en la política exterior colombiana. Es claro que las zonas de frontera han sido históricamente descuidadas por el Estado colombiano, y Acandí, municipio frontera con Panamá, no se aleja de esta realidad. El olvido de este municipio, y su departamento Chocó, el cual fue considerado en 2015 el departamento más pobre de Colombia[1], lo aleja de ser una zona con capacidad de recepción de migrantes que no tiene paso al siguiente país. Ante esto las autoridades aseguran: “Ellos no van a retornar a sus países de origen, sino que permanecerán aquí a la espera de una oportunidad para continuar su viaje por trochas… además el municipio no puede cubrir las necesidades de ellos porque no se tiene recursos, pues es de sexta categoría”[2].

El temor es por el eventual hacinamiento, incapacidad de afrontar emergencias sanitarias, y crisis migratoria en general. Claramente los migrantes no tienen intención de quedarse en Colombia, ni en Centroamérica, pero el paso por estos países es obligatorio, y son ellos los que tiene que hacerse responsables de los mismos en su estadía.

Asimismo, el cierre de fronteras puede afectar a las comunidades indígenas que habitan este territorio compartido por ambos países. Los pueblos Cuna, Tule y Embera que habitan esta zona construyen sus vidas desentendiendo esta división política, para ellos las fronteras son inexistentes y su vida gira en torno de las dos patrias. Sus familias, y estilos de vida no pertenecen a una sola región y las dinámicas propias de su diario vivir pueden afectarse directamente con el cierre de fronteras. Sin dejar de lado además las repercusiones en las  relaciones comerciales, y los proyectos de cooperación que comparten estos dos países.

Ante esta situación el panorama es claro: nuestro país será el que reciba a los miles de inmigrantes que vienen del sur del continente. El país se debe plantear políticas claras frente a la atención y el manejo de migrantes que queden represados; de igual manera, se debe generar un diálogo con los países centroamericanos ya que es una problemática regional, y Colombia no está en capacidades de afrontarla solo. Asimismo, si Estados Unidos sigue incentivando el ingreso de cubanos a su territorio éstos van a seguir con su intención de viajar a este país, por lo que el apoyo de éste debe también ser considerado.

De igual manera se debe considerar las enseñanzas que dejó la crisis migratoria con Venezuela. Claramente los dos procesos son diferentes: con Venezuela existía además una crisis diplomática, el territorio compartido es más amplio y con ello más comercio y relaciones en general, y considerando la deportación masiva de colombianos, ésta tuvo que ser asumida con la inmediatez que la crisis requería. Con Panamá el panorama es diferente. Las relaciones entre los dos países no se han afectado más de lo que generó el escándalo económico que protagonizó el vecino país; además, las condiciones geográficas hacen que el comercio terrestre no impere en la frontera, y tampoco se han producido una crisis humanitaria significativa. La ventaja de este escenario es que Colombia puede generar políticas sin la presión del tiempo, puede estudiar las posibilidades que tiene de acción y pensarse medidas más integrales.

De igual modo es importante considerar que a pesar de los esfuerzos del gobierno Santos por cambiar la cara del país, y generar políticas para su apertura ante el mundo, el comercio ilegal y el narcotráfico siguen siendo una característica notoria, al punto de que los países vecinos decidan cerrar sus fronteras para no verse afectados por estas. El trabajo en este tema es arduo y es el reto al que se enfrenta el gobierno en cuanto al planteamiento su política exterior.

Cierre de la frontera de Panamá con Colombia. El nuevo reto de política exterior ante una eventual crisis migratoria