Lady Marcela Hernández Quinayás

OPRIC

Un estudio realizado por Migración Colombia en 2012 determinó que Colombia era el país con mayor número de emigrantes en Sudamérica[1]. La oleada migratoria de las últimas décadas se presentó como resultado de la agudización del conflicto armado interno y las condiciones económicas desfavorables, lo que permitió que el número de colombianos migrantes en el mundo se elevara de manera considerable. Esta situación obligaría al Estado colombiano a considerar estrategias para brindar garantías de derechos y bienestar a los nacionales que habitaran otro país. El presente artículo muestra algunas de las propuestas frente a la política migratoria, además de exponer los retos que las mismas traen frente a las dinámicas de la sociedad actual.

En el 2011, el gobierno colombiano expidió la Ley 1465 la cual crea el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) y normaliza la protección de colombianos en el exterior. Esta ley se propuso con el fin de que el SNM acompañara el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación de la política migratoria; generara planes, programas y proyectos en función de elevar la calidad de vida de los colombianos residentes en otros países; reconociera sus derechos; además de que permitiera el fortalecimiento de los vínculos del Estado con las comunidades colombianas en el exterior.

Este Sistema Nacional de Migraciones está integrado por la comisión intersectorial de migraciones, entidades estatales y gubernamentales, las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de Representantes, y la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones[2]. Esta última sería conformada por miembros del sector privado, organizaciones no gubernamentales, academia, organizaciones de colombianos en el exterior, población retornada, entre otros, y tiene como fin trabajar en favor de la población migrante y por la generación de planes, programas o proyectos que permitan un mejoramiento de sus condiciones en el exterior, además de trabajar por sus intereses y beneficios.

Cinco años después de la creación de la Ley, el 29 de abril de 2016 se realizó en Bogotá el primer encuentro por la conformación de la Mesa de la Sociedad Civil para la Migración. En la planeación de este evento intervinieron el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano; el Programa Colombia Nos Une; unidos además con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); además contando con el apoyo de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.[3]

Asimismo, el encuentro fue protagonizado 150 actores de la sociedad civil, 11 voceros de colombianos en el exterior, representantes de 15 países y 633 conexiones desde cinco continentes vía streaming, siete mesas de trabajo en Colombia: 4 en Bogotá, una en Barranquilla, una en Santa Rosa de Cabal y una en Juradó, y 30 mesas de trabajo en el exterior[4]. Esta reunión se da luego de unas reuniones preparatorias en las que mesas de trabajo en muchos países presentaban su propuesta de modificación de la mencionada ley además de exponer sus necesidades y posibles soluciones. 

Las diversas posiciones estuvieron centradas en siete propuestas generales: la primera, una propuesta de caracterización con el fin de que se realicen perfiles migratorios de la población colombiana residente en el exterior, además de la importancia de su caracterización. La segunda una propuesta de formación, sensibilización y comunicación, la cual está centrada en proyectos pedagógicos y comunicacionales que permitan a la población migrante conocer de manera adecuada y completa la política migratoria colombiana y de los países de acogida. La tercera se enfoca en la adecuación institucional, la cual pretende el aumento de la capacidad de respuesta institucional en temas migratorios en lo concerniente a recurso humano, financiero y administrativo. En cuarta medida se realizan propuestas frente a la participación, enfocadas a fortalecer los mecanismos de participación en los diferentes escenarios de decisión por parte de la comunidad migrante. La quinta se orienta a los procesos de verdad, justicia, reparación y memoria histórica, los cuales se concentran en la importancia de los procesos de justicia transicional, reparación integral de las víctimas de conflicto armado, construcción de memoria histórica, acceso a la justicia, y la verdad. Como sexta propuesta están los derechos humanos en donde se relaciona la integralidad en temas de vivienda, salud, educación, ingresos, cultura y esparcimiento; además de la incidencia política y el aseguramiento del pleno respeto de sus derechos tanto a la comunidad migrante, sus familias en Colombia, como a los retornados. La última propuesta está enfocada en la construcción de paz y pedagogía para la paz, en donde se evalúan los aportes que la población migrante puede hacer en el proceso de paz[5].

De esta manera, la reunión tuvo como fin discutir las propuestas presentadas por las mesas de trabajo conformadas en el exterior y al interior del país, además de construir la hoja de ruta que permita la conformación de la Mesa de la Sociedad Civil de la Migración. Este es un importante avance en la discusión y democratización de los escenarios de decisión, que permite a las mismas personas plantear opiniones, evidenciar necesidades y al mismo tiempo presentar propuestas de posibles cambios para mejorar de su calidad de vida.

El sector de relaciones exteriores tiene establecido dentro de su plan estratégico sectorial 2015-2018 el fortalecimiento de la política migratoria y el servicio consular. En éste se propone “ampliar la atención y vinculación de colombianos en el exterior, y preparar al país para enfrentar y atender de manera adecuada el crecimiento de los flujos migratorios y propender por una migración en condiciones de seguridad en el marco de una política integral migratoria”[6], todo en función del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que está claramente enfocado a la construcción de paz.

A pesar de que la Mesa da avances considerables en el primer punto, es primordial considerar su relación frente a un escenario de paz. Hay que recordar que buena parte de la comunidad migrante ha sido víctima de la violencia inherente al conflicto armado que sufre el país. Así, ante este escenario de pos conflicto, esta población no se puede dejar de lado, su voz y opinión será de gran importancia para la construcción de ese nuevo país. Una política de migraciones, además de la integralidad de las políticas de victimas en un pos conflicto debe tener sus puntos de vista presentes, abogar por una alta participación que evidencie sus necesidades, putos de vista y propuestas.

La conformación de la mesa de trabajo, aunque con muchos retos, parece intentar responder de manera satisfactoria a lo propuesto en el primer punto del plan por los motivos expuestos anteriormente; no obstante, cabe preguntar los avances frente a lo segundo del plan estratégico: la integralidad de política migratoria

Las peticiones, que en los últimos días hizo el secretario general de Naciones Unidas en cuanto a la recepción de migrantes de las zonas en conflicto de medio oriente, no han sido respondidas por Colombia. Las políticas en cuanto a la recepción de migrantes no parecen ser clara, lo único que se avizora en cuanto al tema son las misiones que realiza el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en Colombia; sin embargo, éstas se centran en el tratamiento del desplazamiento interno, que es claramente un gran reto para superar en un pos conflicto, pero no hay claridad frente a las políticas de refugiados.

Así, se puede considerar los grandes desafíos que tiene Colombia frente al tema de política migratoria. Los avances son notorios, pero frente a las víctimas, los procesos que se dan con ellas al interior del país no deben quedarse solo ahí, se deben proyectar esas políticas a las víctimas en su conjunto, incluyendo las que, por el conflicto interno, ya no habitan en el país. Se debe además tener en cuenta la importancia de la colaboración de universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación y voluntad para el fortalecimiento institucional en función de alcanzar una integralidad en la política. Asimismo, es imperativa la construcción de políticas claras frente a recepción masiva de migrantes, y el establecimiento de condiciones políticas, sociales y económicas necesarias para que Colombia no siga siendo el primer país con mayor número de migrantes de la región.