Jenny Tatiana Cardenas Montaña

OPRIC

El pasado 1 de mayo, entró en vigor el protocolo comercial pactado en la Alianza del Pacifico (AP) suscrito entre Colombia, México, Perú y Chile; países que por tener en común su salida al mismo océano, tienen el potencial para un posicionamiento estratégico aprovechando las ventajas económicas que derivan de ello. No obstante, distintas voces plantean un debate respecto de la favorabilidad que este acuerdo puede representar para el país; aquí se pretende señalar algunos argumentos optimistas y otros críticos al respecto. 

En lo fundamental, el acuerdo marco  establece tres objetivos, entre ellos: en primer lugar, establecer un área de integración económica que permita un flujo libre tanto de capitales, como de mercancías, de servicios y personas; en segundo lugar, establecer relaciones de cooperación con miras a impulsar el crecimiento, desarrollo y competitividad  de la región; y  lograr una plataforma de impulso para proyectarse y posicionarse estratégicamente hacia el área del pacifico asiático^[1]. 

Para alcanzar tales objetivos, lo que se dispone es la liberalización de los mercados entre los países miembros; se crea una zona de libre comercio que se pretende atraiga inversión, se dictan mecanismos para flexibilizar los tránsitos migratorios; se establece además la coordinación para trabajar en asuntos de seguridad en contra de redes de delincuencia trasnacional;  y  se instauran mecanismos de cooperación entre los países con miras a la integración de los países de la región en la búsqueda de un fortalecimiento mutuo.

No obstante, esta alianza se ha discutido en mayor medida desde el ámbito económico, lo cual era de esperarse, pues el establecimiento de una zona de libre comercio, por medio de un tratado de tipo multilateral, en todos los casos afecta o favorece intereses de distintos gremios.  

Es común que toda firma de un tratado de libre comercio resulte ser ampliamente debatida por diversos grupos sociales, quienes se plantean la disputa por el trastrocamiento de sus intereses políticos y económicos. En los debates confluyen tanto grandes empresarios, como pequeños productores, gremios, consumidores y hasta movimientos sociales. Sin embargo, lo problemático de la AP es que se denuncia la falta de participación que tuvo la sociedad civil para su negociación.

Al respecto, en una carta abierta que la Federación Nacional de Cultivadores  de cereales y leguminosas^[2] le hace al presidente Juan Manuel Santos, denuncian que pese a la solicitud que este gremio y el ministerio de agricultura, le hicieron al mandatario, y además tras los estudios del Departamento Nacional de Planeación que apoyaban dicha moción^[3], Colombia no quiso excluir productos como el maíz o el frijol de la negociación; tal como si lo hizo México con el azúcar como una medida de protección para sus campesinos y de soberanía alimentaria.

En esta misma carta los campesinos también han planteado que esta alianza pondrá sobre el tablero nuevos conflictos socioeconómicos que ellos deben enfrentar, por tal motivo, esta situación no contribuye a la construcción de paz en los territorios en un escenario de posconflicto. Pues si bien, va a dejar de existir (o por lo menos eso es lo que se espera) la presencia de grupos armados que dificulten las labores de producción y distribución de mercancías, ahora se le pone al campesino a competir con otras economías mucho más fuertes, lo cual, a la larga va a terminar en otra forma de marginalización. 

Lo cierto es que Colombia aún no se encuentra en condiciones de competitividad para el establecimiento de zonas de libre mercado. Hacer parte de este tipo de acuerdo sin pocas restricciones que protejan la pequeña producción va en detrimento de los campesinos que viven de ello. Ahora lo que se esperaría, es que, atendiendo a la necesidad de establecer un ambiente propicio para la construcción de paz en el escenario próximo del pos acuerdo, Colombia impulse medidas pertinentes para mitigar los impactos negativos en esta población y en la economía nacional; tales como, aumentar los subsidios al agro y mayor inversión en tecnología e infraestructura. 

Por otro lado, sectores más escépticos insisten en que la AP solo es un protocolo de formalidad para estrechar y profundizarlos lazos comerciales y de cooperación entre los países de la región, pues con anterioridad ya existían varios tratados bilaterales de libre comercio. Por tal motivo, los impactos de su entrada en vigor se verían matizados, por lo menos en el plano económico^[4].

Sin embargo, más allá del plano comercial, un elemento muy importante del acuerdo marco es el establecimiento de un consejo de ministros integrado que se conformara por los ministros de relaciones exteriores y de comercio de los países miembros, quienes trabajarán conjuntamente para la integración territorial y la cooperación en asuntos de interés regional. Esto último, en el plano político implica un importante acercamiento de Colombia a los países del cono sur y México, con miras al establecimiento de mejores relaciones con sus vecinos, lo cual es importante atendiendo al cambio en la orientación histórica de la diplomacia colombiana que se ha dirigido prioritariamente hacia países del norte. 

Finalmente, tal como se ha señalado anteriormente, el protocolo comercial afecta directamente los productores y pequeños campesinos colombianos, ante lo cual Colombia debería adoptar medidas para protegerlos. No se trata de cerrarse al comercio internacional, pero sí de equipar la industria nacional para incursionar en ello, pues se considera que es un asunto de política interna que debe ser resuelto, si se piensa el fortalecimiento de la política exterior por este medio. No obstante, desde la perspectiva de la diplomacia, la entrada en vigor de este protocolo comercial, si es gratamente significativo pues se estrechan relaciones con socios estratégicos de la región. La inversión que se mueve de un lado al otro implica un fortalecimiento de los países como bloque regional, lo cual incluye un avance para Colombia no solo en términos de crecimiento económico, sino también en la redirección de su política exterior hacia el establecimiento de lazos de cooperación con sus países semejantes.