María Fernanda García

OPRIC

Luego de casi cuatro años de que Colombia, junto a Guatemala y México, solicitara a la comunidad internacional y especialmente a la ONU replantear el debate y la lucha frente al fenómeno de las drogas, se realizó del 19 al 21 de abril una Sesión Especial de la Asamblea General en Nueva York (UNGASS 2016) sobre el tema de las drogas.

Muchos han sido los años, el tiempo y el dinero que se ha invertido en la lucha contra el consumo y tráfico de drogas a nivel mundial que llevarían a pensar que los resultados han sido exitosos. Sin embargo, es evidente que esta lucha basada en la penalización del uso y consumo de las drogas no ha sido efectivo. En Colombia, se evidencia el fracaso de la lucha en la disminución del consumo de drogas en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Sicoactivas realizado en 2013, según el cual mientras que en 2008 el 7,8% de la población colombiana afirmó haber usado marihuana alguna vez en su vida, en 2013 esta cifra subió al 11,5%., en el caso de la cocaína, según el mismo estudio, se estimó un aumento en el consumo de 2,5% a 3,2%[1].

La guerra contra las drogas no ha sido exitosa ni lo será si las estrategias se mantienen. Es por lo anterior que la comunidad internacional decidió comenzar un tránsito de la prohibición a la regulación de las drogas siendo conscientes de que si bien, no se logró prohibir efectivamente, es posible entonces controlar su uso y consumo. Es de esta manera como varios países como Canadá, Uruguay, Portugal y varios Estados de EE.UU vienen desarrollando campañas promoviendo la despenalización de drogas como la marihuana permitiendo la dosis mínima y/o el uso medicinal de esta, siendo varios de estos casos apoyados por las Naciones Unidas y especialmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito[2].

En Colombia no se puede desconocer que el narcotráfico ha sido uno de los problemas más cruciales del país, el cual no se ha logrado solucionar a pesar de todo el dinero, el tiempo, los muertos y los esfuerzos de cada uno de los gobiernos por enfrentarlo, uno de los ejemplos de estos esfuerzos es el Plan Colombia que efectuó el país durante 15 años con el apoyo estadounidense, representado en US$ 9.94 billones[3]. Es un problema que se mantiene en el tiempo pero con diferente intensidad. Este problema encontraría una salida si Colombia se compromete a efectuar el tránsito de la penalización a la regulación y en este sentido se vincula a la campaña mundial de despenalización de ciertas drogas como la marihuana.

Se puede decir entonces que Colombia llevó ante las Naciones Unida el fracaso y la frustración en su lucha contra las drogas y frente a esto llevó también una propuesta diferente de abordar el problema. Esta consiste en la necesidad, planteada por Santos en Nueva York, de abordar el consumo de drogas viéndolo como un tema de responsabilidad compartida y como un problema de salud pública cuya solución no debe centrarse en la penalización. Esto puede verse como parte de los intentos de Colombia por unirse al tránsito de la penalización a la regulación. Otros ejemplos de esto son: la legalización de la marihuana medicinal hecha por el Presidente Santos, la determinación de la Corte Suprema de Justicia el pasado 15 de marzo según la cual la dosis mínima depende de la necesidad de la persona y finalmente el proyecto que actualmente se está tramitando en el Congreso encabezado por el senador Juan Manuel Galán que busca legalizar el uso de la marihuana en tratamientos medicinales[4].

Pese a que lo anterior puede verse como un avance en esta materia, el presidente Santos dejó claro que Colombia “no aboga por la legalización de las drogas ilícitas”. Esta afirmación tendría que considerarse al reconocer el fracaso de las políticas que a lo largo de muchos años han intentado librar esta lucha. Frente a lo anterior es importante dejar claro que no se afirma que la salida para Colombia en este momento sea despenalizar totalmente el consumo de drogas, pero si comprometerse a dar poco a poco ese tránsito hacia la regulación, partiendo de considerar que la penalización y criminalización es innecesaria y desproporcionada y que frente a esto es necesario, buscar opciones de penas alternativas al encarcelamiento y como afirmó la ONU “considerar la implementación de medidas que promuevan el derecho a la salud y ayuden a reducir la superpoblación carcelaria, incluyendo la descriminalización del uso de drogas y la posesión para consumo personal”[5].