Joseph Plaza

OPRIC

A comienzo de Abril  se filtraron documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que contenían información de activos, ganancias y propiedades de varias personalidades en el mundo. Este caso los medios de comunicación lo han denominado Panamá Papers y ha tenido consecuencias como la clasificación de Panamá dentro de la categoría de Paraíso Fiscal por Estados como Francia. Este caso ha llamado la atención debido a que se ha puesto en discusión el diseño de mecanismos para evitar la evasión tributaria.

El gobierno Colombiano al observar que varios de sus Nacionales se encuentran dentro de este escándalo, ha buscado rápidamente, la ratificación final del acuerdo tributario con Panamá que no ha podido concretarse en  18 meses. Gravar a  los nacionales que tienen activos o propiedades fuera de Colombia es fundamental para prevenir la evasión fiscal y combatir el lavado de activos.

Así, el pasado 13 de Abril  se llevó a cabo en Bogotá la octava ronda de negociaciones entre Colombia y Panamá. Los técnicos que participaron han puesto sobre la mesa el borrador de un acuerdo y los intereses que pretende cada Estado, pero parece que no se llegará a un arreglo en esta ocasión, aunque hubo avances positivos, se piensa que en una próxima negociación si se logrará un acuerdo definitivo.

Parece que la propuesta de Colombia de pedir información de manera automática de colombianos con cuentas, empresas y propiedades no convence del todo a Panamá y es que si esto se cristalizara, ellos arguyen que se estaría debitando su fuerte en el mercado financiero, un mercado que se ha caracterizado por ser offshore, es decir, su tasa de imposición es muy baja, asegura la identidad del propietario (secreto bancario) y oculta los determinados bienes que pueda poseer ante los demás Estados.

Obviamente el Gobierno de Panamá niega toda posibilidad de que su país sea visto como un paraíso fiscal, debido a que están de acuerdo, en que sí se debe dar información tributaria a Colombia siempre y cuando se dé bajo solicitud formal, sobre personas que se encuentren en proceso judicial y no de forma automática. Esto es problemático porque el secreto bancario hace que no se puedan conocer los activos y propiedades del acusado y en ese sentido es imposible hacer un proceso judicial sin tener información a que apelar. Es claro que para Panamá,  prima su sistema financiero y el derecho a la reserva de las personas, por ende, las probabilidades de que este Estado acceda a las pretensiones Colombianas hasta este momento son bajas.

Sin embargo, todo el revuelo que ha causado el escándalo de Panamá Papers ha llevado a que se pronuncien en eventos varias organizaciones internacionales como el FMI, la OCDE y  el grupo G-20, llegando a un punto de convergencia y es el deber de aumentar los niveles de “transparencia” de las empresas offshore. De esta forma se ha generado una presión sobre el gobierno de Panamá para adoptar las medidas necesarias y con ello la creación de mecanismos contra la corrupción, evasión fiscal,  financiamiento de actividades terroristas y lavado de dinero[1], debido a que si no lo hacen, acarrearan una serie de Sanciones por parte de la comunidad internacional, como es la inclusión dentro de la lista gris del GAFI.

En vista de lo anterior, se ha pronunciado el viceministro de Economía de Panamá, Iván Zarak, afirmando que lo que se está observando solo es una instrumentalización de los estándares internacionales por parte de “un club de países ricos”[2] y que no se está realizando un abordaje a esta discusión desde diferentes perspectivas. Pero más allá de los argumentos que pueda utilizar Panamá en su defensa, es claro que en un momento de desaceleración economía, se ve la necesidad de frenar inmediatamente la evasión de impuestos. Es inconcebible ver que más de un cuarto de la riqueza total privada a nivel global se encuentre  en paraísos fiscales[3] que lo único que hacen es impedir una adecuada tributación de los activos y propiedades.

No obstante, en el trascurso de esta serie de eventos a nivel mundial, de escándalos y de encuentros de líderes económicos, la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado ha declarado que Panamá ha hecho un enorme esfuerzo para reducir los niveles de evasión tributaria y que esto se observa con el simple hecho de analizar su programa de reforma al sistema financiero[4], en donde se destaca los esfuerzos para garantizar la trasparencia financiera panameña y la revisión del mecanismo que utilizaran para el intercambio de información, que a simple vista no será el intercambio automático de información.

Por último,  las negociaciones que se llevaron entre Colombia y Panamá son un reflejo de la necesidad de un acuerdo tributario para establecer mecanismos de trasparencia. Esto lleva a pensar que sin cooperación y coordinación entre estos dos países será imposible acabar con la evasión de la tributación. Independientemente de los intereses de cada Estado, los dos deben ceder un margen para lograr hacer frente a este reto global, si las decisiones son unilaterales de muy poca ayuda serán, debido a que las empresas o propietarios cuando comienzan a ver tributaciones muy altas, seguramente para evitarlas se irán a otro lugar y así sucesivamente, generando una cadena que lograría evadir cualquier control nacional.