Camila Natalia Parra y Joseph Plaza

OPRIC

Uno de los aspectos jurídicos de mayor relevancia política para el  actual proceso de paz, consistió en la promulgación de la ley 1448 del 10 de Junio del 2011. En la cual se dictan las medidas de atención, asistencia  y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno colombiano.[1]  Dentro de esta se destaca el proyecto  de restitución de tierras como un eje fundamental para la reparación de víctimas, el cual, ha generado toda clase de críticas y debates  por parte de varios sectores políticos del país.

El último que se dio estuvo protagonizado por la declaración del Procurador General de la  Nación, Alejandro Ordoñez, quien consideró que tal ley podía ser contraproducente, debido a que podía perjudicar a los campesinos que, de buena fe, adquirieron terrenos previamente despojados a sus legítimos dueños. [2] Ante tal crítica, el Alto Comisionado para la paz de Naciones Unidas  y el delegatario de la  Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), publicaron un comunicado en el que expresaban todo su respaldo a la ley de reparación de víctimas y particularmente a la restitución de tierras.

Dentro del comunicado se resaltaba la importancia que poseía dicha ley en el proceso de paz, el cual solo tendrá efectos reales si se realiza una reparación integral de todas las personas víctimas del conflicto armado. Adicionalmente se destacó el papel que debe jugar el Estado colombiano al implementar la ley en aquellos territorios ocupados por campesinos víctimas  que han adquirido las tierras de una manera legal y con los cuales no puede haber ninguna clase de despojo.  Sin embargo, fueron muy enfáticos en afirmar que el debate no debe ser utilizado para sembrar más dudas sobre la decisión de restitución de tierras a víctimas de abandonos y desalojos violentos.[3]

Ahora bien, haciendo un análisis del compromiso que Naciones Unidas ha tenido con respecto a la  paz en Colombia, se destaca que se ha convertido en un aliado fundamental para el proceso que actualmente se desarrolla en la Habana. El respaldo que otorga  la ONU, significa mayor peso a las decisiones tomadas  por los actores que confluyen en la resolución del conflicto, además denota el apoyo que confiere  la comunidad internacional a la consecución de la paz. Adicionalmente, la divulgación de un comunicado que pretende apoyar las medidas tomadas por el gobierno, después de las fuertes declaraciones de algunos sectores políticos con respecto a la restitución de tierras, demuestra un interés efectivo  en la culminación de las negociaciones para dar paso al postconflicto, un periodo en el que de no tomarse las medidas adecuadas, conllevará a la continuación de la violencia.

Otro factor que es  importante analizar es la legitimación que tiene el proceso de paz en los ámbitos internos y externos de la Nación. Resaltar que a nivel interno varios grupos políticos vayan en contra de las diversas medidas tomadas para la solución del conflicto armado y que por el contrario la comunidad internacional las respalde abiertamente, nos lleva a reflexionar que se encuentran en juego muchos intereses, y que muchos de ellos irán en perjuicio del desarrollo de las Negociaciones de Paz.

Por último, es menester resaltar que el apoyo de la ONU al conflicto armado ha legitimado y otorgado fuerza a las negociaciones que se están llevando. Gracias al continuo apoyo de esta organización internacional, se ve un refuerzo a los mecanismos institucionales que se han desarrollado durante estas negociaciones. El deber de un cambio en la estructura social, demuestra que Colombia ha sido un Estado que a lo largo de su historia se ha caracterizado por tener desigualdad en la tenencia de tierra. Por ende, se ve la necesidad de poner en marcha una correcta ley de restitución de tierras que ayudaría no solo a traer efectos positivos económicos tanto en nivel interno como externo, sino también, a generar las condiciones y cambio de una estructura social más igualitaria, en donde las minorías como los campesinos logren la defensa de sus derechos y la participación dentro de este proceso.  

Por lo tanto, a pesar de las discusiones que se han generado en torno a esta ley de restitución de tierras, es importante no perder el objetivo que se quiere lograr. El apoyo de la ONU debe tomarse como una directriz que permita guiar el proceso de negociación, por ende, esos debates que se generen al interior deben utilizarse para nutrir  las medidas que se adoptaran durante el tránsito hacia el postconflicto y no como elemento para debilitar los acuerdos que se podrían lograr.